SIP advierte que hay un retroceso en la libertad de expresión en el Perú
Informe. Ataques del Legislativo con regulación de publicidad estatal, falta de transparencia, inacción judicial en asesinato de periodistas y persecución legal afectan la labor de la prensa.
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En el último semestre se ha registrado un retroceso en la libertad de expresión en el Perú, según el Informe 2020–II de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), siendo puntos a tomar en cuenta los ataques del Legislativo con dictámenes que pretenden regular sin criterios la publicidad estatal; la falta de transparencia y, a nivel judicial, la negativa a llevar adelante los juicios contra periodistas asesinados y la facilidad con que se abren procesos contra los hombres de prensa.
Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, sostuvo que no se avizora en los próximos meses posibilidades de cambio a favor de la libertad de expresión y espera que el nuevo Congreso (2021) tenga una visión distinta a la de la actual representación legislativa.
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Al respecto, el informe de la SIP dice que “la entrada de operaciones del Congreso abrió un nuevo frente de agresión para la libertad de expresión: el intento de regular sin criterios técnicos la publicidad estatal”.
Otro de los puntos que afectan la libertad de expresión, según la SIP, es la falta de transparencia, tanto en el Congreso como el Ejecutivo. Precisa que varias conferencias, sesiones y debates no contaron con la suficiente transmisión ni presencia de periodistas.
Citan como ejemplo las conferencias del presidente Martín Vizcarra, en las que no asisten periodistas, física ni virtualmente, y envían las preguntas a través de un grupo de WhatsApp, las cuales son sorteadas para escoger un máximo de cinco. De esta forma, no pueden hacer repreguntas ni preguntar. Esa situación se mantiene aún hoy.
Los juicios como amenaza
A nivel judicial, la SIP considera que si bien han disminuido las querellas contra los periodistas, hay casos emblemáticos que se han paralizado, como los asesinatos de Jaime Ayala y Hugo Bustíos; pero además está el acoso judicial a los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes han sido víctimas de seguimiento y amenazas de muerte.
Hay preocupación por el futuro inmediato
Rodrigo Salazar explicó que de marzo a octubre no ha habido indicadores de mejorías en la libertad de expresión y hay preocupación por el futuro inmediato, si tenemos en cuenta que hay elecciones en abril, “en las que internet va a jugar un rol importante en la comunicación y circula información falsa”.
Consideró importante que se programen los juicios por los asesinatos de Ayala y Bustíos, teniendo en cuenta que uno de los candidatos a la presidencia (Urresti) es acusado por ese delito. Asimismo, dijo que la justicia debe evaluar bien las querellas por difamación y es necesario analizar las propuestas legislativas, como el dictamen de la publicidad del Estado, el cual genera más efectos perjudiciales que positivos.
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