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Política

Alistan juicio contra LAMSAC por aumento de peajes en Lima

Poder Judicial determinará una fecha para iniciar el proceso. La Procuraduría ad hoc pidió el pago de S/104 millones de reparación civil.

Un juzgado aceptó el habeas corpus presentado por la Municipalidad de La Molina en diciembre de 2019. Foto: Andina
Un juzgado aceptó el habeas corpus presentado por la Municipalidad de La Molina en diciembre de 2019. Foto: Andina

El proceso contra Línea Amarilla SAC por los aumentos de peajes en Lima desde el 2013 está próximo a iniciar.

Este viernes 23 de agosto terminó la evaluación de las pruebas que se incorporarán al juicio oral contra la empresa y el condenado Domingo Arzubialde, exgerente de inversión privada en la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la gestión edil de Susana Villarán de la Puente.

La jueza María Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dirigió en total tres audiencias virtuales de etapa intermedia (control de acusación) en las últimas semanas donde valoró las pruebas sugeridas por las partes del caso y que serán debatidas posteriormente en un juicio. Con esta fase superada, queda pendiente la resolución de enjuiciamiento y una fecha para que inicie formalmente el proceso oral.

Este incidente, abierto exclusivamente para determinar si procede o no el pago de una reparación civil de S/104 millones a favor del Estado por parte del consorcio Lamsac y Arzubialde, estuvo pendiente desde agosto del 2019, cuando la Corte Suprema de Justicia decidió incluir en el caso al consorcio por pedido del ahora exprocurador ad hoc del caso Odebrecht Jorge Ramírez.

Los implicados

Domingo Arzubialde Elorrieta fue sentenciado a 4 años y 4 meses de prisión en doble instancia desde mayo del 2019. El exfuncionario de Susana Villarán fue hallado culpable de haber aplicado una fórmula ilegal al variar el IPC (Índice de Precios al Consumidor) en 2013, distinta a la fijada por el contrato de concesión firmado con Lamsac en 2009, permitiendo con ello a Línea Amarilla obtener ganancias fuera de lo establecido y con el dinero de miles de usuarios.

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Por su parte, el consorcio Lamsac, ahora bajo el control de Vinci Highways y no de la brasileña OAS, habría ocasionado un perjuicio de S/52 millones a la comuna limeña con los cobros de peaje, según la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato. Por ello solicitó una reparación del doble de dicho monto.

“Corresponde que el Juzgado de Investigación Preparatoria dicte la resolución que ponga fin a la etapa intermedia, aunque aún hay algunos incidentes pendientes de que la Sala de Apelaciones resuelva; luego se enviará el expediente al Juzgado Penal Unipersonal para que fije fecha para el juicio oral, en el que se determinará si cabe o no fijar reparación civil”, sostuvo a esta publicación la defensa del consorcio, el abogado Luis Vargas Valdivia.

Si el Poder Judicial concede la razón al Estado tras la apertura del juicio, tanto Lamsac como Arzubialde deberían compartir el pago de S/104 millones para compensar los daños.

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