Contraloría remite a Procuraduría y Fiscalía informe sobre Alarcón

La Contraloría General de la República despachó a la Fiscalía de la Nación y a la Procuraduría Anticorrupción el informe de su Órgano de Control Institucional, que da cuenta del hallazgo de irregularidades en las declaraciones juradas de bienes y rentas que el excontralor y hoy congresista Edgar Alarcón Tejada presentó cuando estuvo en la institución como gerente general, gerente central de operaciones y vicecontralor, entre 2011 y 2016.

Fue el mismo contralor Nelson Shack quien sostuvo que la auditoría de las presuntas irregularidades sobre el proceso de rectificación, modificación y subsanación que hizo Alarcón a sus declaraciones juradas ya fueron remitidas al sistema de justicia.

“Hay cambios y modificaciones en las declaraciones juradas del señor Alarcón, que están bastante alejadas de ser correcciones o errores materiales. Es por eso que la oficina de Auditoría Interna de la Contraloría lo ha derivado para que se haga una investigación profunda sobre el fondo”, explicó Shack.

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“La Procuraduría y la Fiscalía han mostrado interés y han solicitado copia del respectivo informe. Esto va a continuar su investigación, ya no en la Contraloría, sino en los órganos competentes del sistema de justicia. Hay que tener en claro de qué sirve presentar una declaración jurada si no voy a confiar en la validez de lo que contiene. Para qué presentar una declaración jurada si luego la voy a cambiar varias veces y de muchísimos años anteriores. La lógica de una declaración jurada es que uno diga la verdad. Si se van a ir cambiando, no tiene ningún sentido”, señaló el contralor Shack.

La auditoría establece responsabilidades sobre los funcionarios de la Contraloría que permitieron a Alarcón introducir los cambios en sus declaraciones juradas, y no comunicaron a sus superiores sobre dichas alteraciones que son causales que pudieron impedir que asumiera altos cargos en el órgano de control.

Ni bien se hizo pública la auditoría, Egard Alarcón solicitó a la Contraloría información personal sobre los autores de la investigación, en un evidente acto de represalia. Alarcón afirmó que se trataba de un acto que corresponde a cualquier ciudadano común y corriente.

Shack, sin embargo, entendió que se trataba de una amenaza.

“No voy a tolerar como contralor general de la República ninguna práctica, actividad o modalidad de actuación relacionada con la intimidación de los auditores. Es inaceptable que pidan la información, la ficha de trabajo, con datos personales y profesionales del auditor”, expresó Shack.

La auditoría indica que Alarcón varió sustancialmente los montos de inmuebles y vehículos, por lo que recomendó a la Procuraduría de la Contraloría para que inicie las acciones penales pertinentes.

Más de 9 mil se aprovecharon de las canastas

Más de 9 mil funcionarios y servidores públicos se aprovecharon de las canastas de alimentos que debían ser entregadas por los municipios en exclusiva a las familias afectadas por la pandemia del nuevo coronavirus.

También se precisó que se ha documentado que 2.600 empleados públicos, con sueldos de 3 mil y 5 mil soles mensuales, se apropiaron de las canastas de alimentos, en agravio de familias que viven en la pobreza.

El dato

Venganza. La Contraloría accedió a la solicitud de información de Alarcón sobre los auditores que lo investigaron, pero cuestionó la intencionalidad del congresista.

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