JNJ suspende a Tomás Gálvez y Chávarry espera

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) empezó con su trabajo. Acordó imponer la suspensión provisional al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas en el ejercicio del cargo, por el plazo de seis meses, hasta el 14 de enero del 2021.

Se espera que dentro de ese plazo, al menos ese es el objetivo de la medida provisional, proceda a destituirlo como fiscal supremo por grave inconducta funcional.

Antes de anunciar la suspensión de Gálvez, la JNJ escuchó los descargos del fiscal supremo y extitular del Ministerio Público Pedro Gonzalo Chávarry, para quien también se ha pedido la salida temporal en el ejercicio del cargo.

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Conforme lo sucedido con Gálvez, ahora no queda duda de que Chávarry también será apartado de la Junta de Fiscales Supremos, que tras año y medio logrará tranquilidad en su seno y funcionamiento.

La República advirtió que la demora de la JNJ en resolver la situación de Gálvez no se debía a las dudas de los consejeros, sino por el interés de escuchar primero a Chávarry y no establecer un ambiente de cosa decidida.

Chávarry se defiende

Como era previsible, Chávarry negó los cargos, se amparó en sus prerrogativas de fiscal de la Nación para sustentar sus acciones y culpó a terceros de los actos que se le atribuyen.

Además, al igual que hizo Tomás Gálvez hace una semana, acusó a los medios de comunicación, incluyendo La República, de buscar su destitución sin motivo aparente.

Chávarry está a punto de ser suspendido como fiscal supremo por el ilegal deslacrado de la oficina de su asesor Juan Manuel Duarte, sellada por el fiscal José Domingo Pérez; por una reunión con medios de comunicación antes de ser elegido fiscal de la Nación; y por sus comunicaciones con el exjuez César Hinostroza.

Sobre el deslacrado, ensayó una nueva versión de los hechos. Reconoció que fue un acto ilegal, pero dijo que fue cometido por su asesora Rosa Venegas, sin su conocimiento. Dijo qué fue sorprendido y que ella lo habría admitido en una declaración ante la Fiscalía.

Igualmente, aseguró que en otra declaración los policías de su seguridad habrían dicho que el coronel PNP Harvey Colchado los presionó para que lo acusaran del deslacrado.

Reconoció conocer a César Hinostroza por su vínculo laboral y afirmó que nunca necesitó el apoyo de terceros, ni menos de delincuentes, para asegurar su elección como fiscal de la Nación, en mayo del 2018.

Los consejeros de la JNJ lo escucharon y, como ya es habitual en ellos, sin hacer preguntas, se retiraron a deliberar y tomar la decisión. Lo más probable es que lo suspendan. Los cargos atribuidos a Chávarry son más graves que los imputados a Gálvez.

Suspensión temporal

La JNJ suspendió a Tomás Gálvez al existir fundados elementos de que cometió una falta disciplinaria grave y que es posible que de mantenerse en el cargo de fiscal supremo pueda perturbar la investigación, que se repitan los hechos o que afecte los objetos de prueba.

Esa falta grave sería haber pedido favores judiciales al exjuez supremo César Hinostroza para ayudar a un rondero, a un amigo fiscal y a un empresario, y por faltarle el respeto a dos periodistas.

Sin embargo, la resolución resulta ser muy ambigua sobre los elementos de convicción que llevan a tomar esa decisión, señalando únicamente el propio descargo de Gálvez. Tampoco desarrolla la justificación de motivación y proporcionalidad, limitándose a decir que son dos valores que el Tribunal Constitucional reclama en una decisión.

El fiscal supremo Tomás Gálvez respondió que acata la decisión de la JNJ, y es que no puede oponerse, aunque anunció que apelará, y es posible que presente una acción de amparo.

Piden levantar fuero a Javier Velásquez

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una nueva denuncia constitucional al Legislativo contra dos exparlamentarios y un congresista en actividad, a fin de que se les levante la protección constitucional y poder llevarlos a juicio.

Se trata de los exlegisladores Javier Velásquez Quesquén (Apra) y Marvin Palma (Cambio 21, de Kenji Fujimori) y del actual congresista y excontralor Edgar Alarcón, por delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo.

Esta es la tercera denuncia que la Fiscalía de la Nación presenta contra Alarcón, hoy presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

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