Se necesitan políticas que piensen en los vulnerables

El informe solicitado por el Ministerio de Salud (Minsa) sobre el diagnóstico de la sociedad peruana en tiempos de la COVID-19 puede servir como un punto de partida para la elaboración de políticas públicas que incluyan a los sectores más vulnerables del país.

Así lo señaló Ricardo Cuenca, uno de los autores convocados por el ministro Víctor Zamora. Tuvo a su cargo la sección “Niñas, niños, adolescentes y jóvenes: una nueva controversia”, junto a sus colegas investigadores Adriana Urrutia, Pilar Collantes y Manuel Burga.

El documento completo se llama “Por una nueva convivencia: la sociedad peruana en tiempos de la COVID-19”.

El título hace referencia a algo que a los coordinadores del proyecto (Manuel Burga, Aldo Panfichi y Felipe Portocarrero) impresionó durante el proceso de acopio de los trabajos: la confirmación de que, incluso en los momentos más complicados, los grupos más vulnerables son capaces de demostrar solidaridad hacia los demás.

Eso, dijo el historiador Manuel Burga a La República, habla de “un reconocimiento del otro en tiempos de dificultades”. Estos actos de desprendimiento hacen pensar en la posibilidad de que sea factible construir “una nueva convivencia”, sobre la base de esas prácticas ciudadanas, comentó.

Como se señala en el epílogo del libro (que se puede descargar gratuitamente de la web), en su discurso de aceptación del Premio Nobel, el escritor francés Albert Camus sostuvo que la escritura “por definición no puede ponerse al servicio de quienes hacen la historia sino al servicio de quienes la sufren”.

No es un recordatorio gratuito, indicó también Burga. El encargo recibido por el Minsa no fue para que los científicos sociales expusieran sus ideas sino para darle voz “a los informales, venezolanos, a las mujeres, niños, jóvenes, a las poblaciones de la Amazonía”.

Ejes temáticos

El texto se encuentra dividido en siete ejes dedicados a determinados sectores de la población, los más afectados en la crisis actual: los trabajadores informales, los migrantes venezolanos, las mujeres, los niños, adolescentes y jóvenes, la población penitenciaria, los pueblos indígenas y amazónicos, y los adultos mayores. Cada uno desarrolla un diagnóstico de la situación y propone algunas recomendaciones que podrían ser implementadas, no solo a corto plazo (pensando en lo que será la vida en un contexto pandémico) sino, también, con una mirada de más largo aliento.

Es imposible resumir todo en este artículo, pero algunas ideas son las siguientes. En el caso del sector informal, se plantean programas de empleo temporal que permiten la reactivación de la economía y su bancarización. Además, “fortalecer espacios de sobrevivencia como los comedores populares” a fin de evitar que miles de personas tengan que salir a buscar comida a la calle, pero siempre respetando la necesidad del distanciamiento social para evitar posibles contagios.

Respecto a los migrantes, se sugiere “realizar un mapeo efectivo” de quienes se encuentren en una situación de precariedad y articular con los organismos internacionales, ONG y otros actores la entrega de asistencia que ayude a superar el momento inmediato. Ya más a mediano plazo, una de las ideas consiste en profundizar “los esfuerzos para garantizar el acceso a servicios de salud a la población migrante, sin importar su calidad migratoria”.

En el caso de las mujeres, el informe dice que sería pertinente “extender infraestructura de casas refugio”, que ofrezcan albergue a quienes se vean afectadas por hechos de violencia. Esto de la mano con la descentralización de la Línea 100 y la implementación de líneas atendidas por municipios y gobiernos locales para una mayor cobertura y más rápida intervención y atención de casos.

Sobre los pueblos indígenas y amazónicos y los penales

Sobre el tema de la población penitenciaria (fuera de las medidas más urgentes, como garantizar los implementos de bioseguridad para el personal que trabaja en penales o apurar la excarcelación de personas en riesgo de vida o de mujeres embarazadas), se recomienda en un mediano y largo plazo “revisar la política criminal del Estado respecto a la prisión preventiva” para evitar encarcelaciones injustas.

Para los pueblos indígenas y amazónicos, se sostiene que se debe promulgar un decreto de urgencia para su “atención diferenciada” que permita mejorar “la organización de la respuesta estatal en los aspectos sanitarios, sociales y económicos”. Y también, crear una “comisión de alto nivel, de carácter ejecutivo y con énfasis subnacional, que organice, articule y comunique las respuestas sectoriales”.