Indulto de internos será rápido, con información del INPE y el Poder Judicial

El indulto común y el indulto humanitario que se van a otorgar para evitar el contagio masivo en las cárceles no están sujetos al pedido de la población penal. Se basarán en el reporte que entreguen estas dos instituciones sobre seis aspectos que deben cumplir los internos.

El DS 004-202, que establece supuestos especiales para la evaluación de la población penal que va a ser indultada en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, ya está en marcha. El viceministro de Justicia, Alex Rueda, señaló que el trámite será rápido porque se han abreviado al mínimo los trámites legales.

“No vamos a esperar la solicitud del interno, vamos a pedir información precisa al INPE, lo mismo que al Poder Judicial y la hemos reducido al mínimo, pero que también nos tiene que causar certeza para plantear una recomendación como comisión de gracias. No está sujeto al pedido del interno sino que se aplicará en base a determinados supuestos”, anotó Rueda.

Los mencionados supuestos para la concesión de indultos comunes y conmutación de penas son los siguientes: que sean internas gestantes, internas con hijos menores de tres años dentro del penal, que la condena impuesta al interno o interna se cumpla en los próximos seis meses, que tenga una pena efectiva no mayor de cuatro años, y también que sea mayor de 60 años de edad. Sin embargo, hay dos condiciones precisas: no ser reincidente y no tener prohibición legal expresa, como ocurre con delitos de tráfico de drogas agravado, organización criminal y terrorismo.

En cuanto al indulto humanitario, mencionó dos supuestos: las personas con enfermedad crónica en etapa avanzada que aumenta el riesgo de infección por el Covid, y luego las que padecen enfermedades crónicas a quienes las condiciones de hacinamiento en los penales las convierten en vulnerables al contagio con el virus.

“Hablamos de supuestos especiales en un contexto determinado que es la emergencia sanitaria pero también se ha previsto un procedimiento bastante célere, ya no con tantos documentos que se exigía antes como un informe del órgano técnico, certificados de conducta y otros documentos que los da el INPE pero que en las circunstancias actuales no es posible tenerlos a la vista con prontitud. Se ha tratado de abreviar y que sean los estrictamente necesarios”, insistió el viceministro de Justicia. Agregó que la información del INPE y el Poder Judicial permitirá a la Comisión de Gracias Presidenciales, especialmente a su Secretaría Técnica, poder evaluar rápidamente los casos. Afirmó que no hay margen de discusión porque los datos requeridos son precisos.

Al respecto, la coordinadora del Programa Justicia Penal Penitenciaria de CEAS, Silvia Alayo, lamentó que su institución no pueda acompañar este proceso de indultos. Dijo que habían propuesto la conformación de una comisión ad hoc y recomponer a los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales.

“Nosotros considerábamos que para un caso como el actual era necesario la conformación de una comisión que sea más plural, que integre a gente que realmente conoce la problemática carcelaria porque está allí permanentemente. No fuimos nosotros los que sugerimos que CEAS estuviese, lo sugirió la presidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma. Entonces, nosotros no tenemos ningún nivel de participación, ni la sociedad civil, ni Defensoría del Pueblo que también recomendábamos que era fundamental su presencia”, manifestó Silvia Alayo.

En cuanto a la coyuntura, referida al avance de la pandemia en los penales, que ha obligado a ejecutar procedimientos muy rápidos, Alayo dijo que justamente por ser una situación excepcional de emergencia y por hacerlo expeditivo no debería quedarse en una comisión de cuatro personas.

“Creo que el tener pluralidad en la instancia de ninguna manera significa retrasar procesos, por el contrario, las instituciones que nosotros sugerimos que podrían integrar una comisión ad hoc en ningún momento de su quehacer se han caracterizado por demoras en sus procesos o burocracias innecesarias”, sostuvo la coordinadora del Programa Justicia Penal Penitenciaria de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).