Jueces evaluarán posible libertad de Keiko Fujimori
Lava jato. En audiencia virtual, magistrado Richard Concepción anunció inhibición por haber sido anteriormente recusado.
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El juez Richard Concepción Carhuancho se inhibió ayer de evaluar el pedido de cese de prisión preventiva presentado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien pide su excarcelación por temor a contraer el Covid-19 mientras se encuentre recluida en el penal de mujeres de Chorrillos.
Concepción Carhuancho comunicó su decisión en una audiencia virtual que realizó este martes, interconectado vía internet con la fiscalía y la abogada de la defensa. Adujo que no podía intervenir en este caso, teniendo en cuenta que la abogada defensora Giuliana Loza lo había recusado anteriormente.
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Por este motivo, dispuso remitir el expediente de libertad a otro juzgados para su discusión, análisis y decisión, en los siguientes días.
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Previamente, para el jueves 23 de abril, está previsto que la Sala Penal de Apelaciones Nacional revise, en segunda instancia, la prisión preventiva por 15 meses, impuesta a Keiko Fujimori por el juez Víctor Zúñiga.
En este caso, la defensa de Fujimori argumenta que el juez Zúñiga no tuvo en cuenta los argumentos del Tribunal Constitucional al anular la primera prisión preventiva. De no haber acudido al TC, la Corte Suprema ya habría dispuesto que Fujimori salga en libertad el 30 de abril del 2020.
Al volver a analizar su caso, el juez Zúñiga le impuso 15 meses de prisión preventiva, que la mantendrá en prisión hasta abril del 2021. En la práctica, eso supone 28 meses de prisión preventiva, teniendo en cuenta que antes del fallo del TC ya había pasado 13 meses en una prisión.
Lo que resuelva la Sala de Apelaciones, que también se reconstituyó para este caso, podría generar un precedente para otros casos donde al revocar la prisión preventiva, el TC pide volver a evaluar el pedido del Ministerio Público.
En tanto, este miércoles, otro juez evaluará el pedido de cese de prisión preventiva de Jaime Yoshiyama, también investigado por lavado de activos por el uso de fondos de origen desconocido en las campañas políticas.
