Queda en manos de jueces reducir población penal
Olvidados. Gobierno aprobó reconvertir penas de prisión por omisión a la asistencia familiar, pero luego de que el reo cumpla con pagar reparación civil y la pensión actualizada.
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Ante la presión internacional por la propagación del Covid-19 al interior de los penales, el gobierno aprobó la reconversión automática de las condenas a los ciudadanos presos por omisión a la asistencia familiar. Sin embargo, esta medida que puede beneficiar a 2.777 reclusos no será automática. La liberación queda a la discrecionalidad de la autoridad penal, fiscales, abogado, jueces y personal jurisdiccional, que tendrá que salir del aislamiento social obligatorio para revisar expediente por expediente. Así, según fuentes judiciales, el Decreto Legislativo 1459, que el presidente Martín Vizcarra emitió el 13 de abril, pierde oportunidad, emergencia y eficacia.
Es tal que incluso esta norma se basa en otro decreto legislativo que no consiguió nada. El número 1300 que – también con el fin de reducir la población penitenciaria– emitió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el 29 de diciembre del 2016.
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El Decreto Legislativo 1300 planteó reconvertir las condenas menores a seis años a penas de prestación de servicio, pero a través de un procedimiento burocrático y caro: se necesita copia certificada de la sentencia, certificado de antecedentes judiciales, dos informes de evaluación favorables del INPE, declaración jurada de domicilio y audiencia judicial.
En el nuevo decreto, para los condenados por omisión a la asistencia familiar, se establece que la conversión automática en pena de ayuda a la comunidad procede con la sola certificación del pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada y actualizada.
Allí estaría el escollo. Se supone que los que pueden pagar no están en prisión. Tal vez los que ocultaban sus fondos hoy se ven forzados a mostrarlos y pagar la pensión de sus hijos. Quedan aquellos que puedan conseguir un préstamo, que antes no pudieron conseguir.
Lo otro será traer de vuelta a los jueces de familia. Muchos dejaron sentencias pendientes de emitir cuando se decretó la inmovilización. Será oportunidad para que también vean esos casos.
El Consejo Ejecutivo los autorizó ayer a reintegrarse a sus labores, junto con el personal jurisdiccional para el manejo de los expedientes.
Cifras
- 97 mil ciudadanos se encuentran presos en las 68 cárceles del Perú.
- 2.777 ciudadanos están en centros de reclusión por omisión a la asistencia familiar.
- 5.893 presos cumplen penas menores a cuatro años de prisión efectiva en nuestro país.
- 4.761 reclusos tienen más de 60 años. Hay un 138% de hacinamiento en las prisiones.
