En busca de la gobernabilidad

Ayer, en el hotel Bolívar del centro de Lima, tras una reunión entre las bancadas electas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú, volvió a escena una palabra, un concepto, que es esencial para que la democracia funcione y no se convierta en una puesta en escena que detrás esconde mezquinos intereses: gobernabilidad.

Estos cuatro partidos, que juntando a sus representantes suman 69 votos, suficientes para controlar la Mesa Directiva del nuevo Congreso de la República, firmaron un ‘Acuerdo de Gobernabilidad’ con propósitos inobjetables. En él se comprometen a garantizar la reforma política y electoral, la lucha anticorrupción, la seguridad alimentaria y la reactivación económica.

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También prometen trabajar los temas de salud, educación y seguridad ciudadana, todo lo cual estaría en la agenda parlamentaria, algo que es loable, pero que hay que tomarse muy en serio. Especialmente porque el –a veces trajinado– concepto (gobernabilidad) alude a la coordinación entre los actores políticos y la sociedad civil para que las acciones de gobierno funcionen.

Luego de un período en el cual el Parlamento se convirtió en un nido de rencillas, que lleguemos a cierto consenso para no hundir a la democracia en el pozo de lo irrelevante es esperanzador. Por eso, convendría que estos cuatro frentes políticos sumen a las otras bancadas parlamentarias a la iniciativa, a fin de que el ‘acuerdo’ no sea solo para instalarse en la Mesa Directiva.

La idea de hacer del Perú un país ‘gobernable’ no es nueva. Ya en 1999, en gran medida por el trabajo diligente del fundador de este diario, Gustavo Mohme Llona, se firmó un ‘Acuerdo de Gobernabilidad para garantizar la democracia, la justicia y el desarrollo en el Perú’. Fue suscrito por 14 partidos, en un contexto dificilísimo, pues la autocracia fujimorista gozaba aún de salud.

Lo que allí se decía, en siete puntos que englobaban varios temas, era lo que cualquier país que quiera fortalecer el sistema democrático querría: la promoción y defensa de los derechos humanos, la transparencia en la gestión pública, mejorar la calidad de la educación, garantizar el cuidado integral de la salud, el respeto a la independencia de los poderes del Estado.

Posteriormente, se han hecho intentos similares, como el Acuerdo Nacional que sigue vigente. Por tanto, la ciudadanía tiene que tomarle la palabra a este nuevo ‘acuerdo de gobernabilidad’, que por ejemplo debería examinar si conviene que en el Banco Central de Reserva, o en la Fiscalía de la Nación, permanezcan personajes involucrados con sonados casos de corrupción.