SPDI: Arbitraje pedido por Odebrecht “carece de fundamentos”
Sociedad Peruana de Derecho Internacional sostiene que Odebrecht desconoce actos de corrupción para pretender una indemnización del Estado peruano.
Sin fundamentos. Así calificó la solicitud de arbitraje contra el Estado peruano que Odebrecht presentó ante el CIADI por el proyecto Gasoducto Sur Peruano la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI).
En un comunicado, la SPDI sostuvo que le pedido de la constructora brasileña obviaba su implicación en actos de corrupción cometidos en el Perú y, especialmente, para obtener la concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano.
“Habiendo analizado la referida Solicitud de Arbitraje, concluimos que la misma carece de fundamentos solventes frente al Derecho Internacional de las Inversiones, y que se basa en pretensiones que no son jurídicamente exigibles al Estado peruano, aunque ellas favorecerían los intereses del Grupo Odebrecht”, señala la SPDI en su comunicado.
En esa línea, la organización de abogados incide justamente en la omisión de Odebrecht sobre su responsabilidad en actos de corrupción:
“las pretensiones de la demandante se basan en desconocer el evidente protagonismo de las empresas del Grupo Odebrecht y sus funcionarios en graves actos de corrupción directamente relacionados con el proyecto GSP”, se lee en el comunicado.
La SPDI cuestiona uno de los argumentos que Odebrecht postula en su solicitud de demanda contra el Estado para legitimar el arbitraje, y que se vincula con una supuesta negativa por omisión del Perú al no darle una “enmienda bancarzible” para que la firma brasileña pudiera vencer sus derechos en el Gasoducto a otra empresa.
“OLI LX —una subsidiaria de Odebrecht constituida en Luxemburgo— reclama además que el Estado no le extendió una Enmienda Bancarizable al Contrato de Concesión, que ella necesitaba para poder vender a una tercera empresa sus derechos de participación en el proyecto GSP, siendo que no existía obligación legal alguna sobre el Estado para proceder según la pretensión de la demandante”, dice la SPDI.
Por otro lado, otro punto también cuestionado por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional es el argumento que esboza la firma brasileña respecto al retiro del subsidio que del Estado peruano al Gasoducto.
“OLI LX reclama por la dación de la Ley Nº 30543, promulgada el 3 de marzo de 2017, que eliminó el Ingreso Garantizado anual, subsidio estatal en favor del consorcio integrado por Odebrecht, siendo que en esa fecha ya había sido rescindido el Contrato de Concesión del proyecto GSP", señala la Sociedad Peruana de Derecho Internacional.
En efecto, el contrato fue resuelto en enero de 2017, y, según el Ejecutivo, esta decisión fue tomada por el Gobierno debido a que “el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en la cláusula 6.5º del Contrato de Concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas graciosamente por el Estado”.
“De acuerdo a la información públicamente disponible, se conoce que Odebrecht y sus cómplices realizaron al menos 17 transferencias de dinero como sobornos, que suman 3 millones 70 mil dólares, entre el 19 de setiembre y el 12 de noviembre de 2014”, recapitula la SDPI en su comunicado, sobre los actos de corrupción de Odebrecht en el Perú.
La acotación el párrafo anterior se enmarca en el proceso del otorgamiento de la buena pro del Gasoducto Sur Peruano. En efecto, estos movimientos financieron se dieron “poco más de tres meses luego” de la concesión.
“Los pagos de tales sobornos siguieron el mismo método aplicado en otras operaciones corruptas de Odebrecht para ocultar el dinero bajo sociedades offshore o compañías de fachada, así como con codinomes”, remarcó la SDPI.
Finalmente, la asociación de letrados señaló que no cree que la solicitud de Odebrecht ante el CIADI prospere:
“Confiamos, en síntesis, en base a nuestro análisis especializado, que en la controversia promovida por OLI LX prevalecerán los intereses del Estado peruano y que la misma será desestimada por carecer de fundamentos legales”, se lee en el comunicado.
