2019 y autoridades del sur obligadas a irse antes de tiempo

José Víctor Salcedo

El 2019 fue un año de recambio en las regiones con nuevos gobernadores y alcaldes. Sin embargo, varios de ellos, sin cumplir el año de gestión, abandonaron sus puestos debido a sus líos judiciales. Según la ley, una autoridad con una sentencia firme y consentida queda inhabilitada de la función pública, peor aún si debe cumplir su condena en la cárcel.

Walter Aduviri Calisaya, aún gobernador de Puno y Víctor Boluarte Medina, alcalde del Cusco, afrontan esos problemas judiciales. Aduviri ejerció funciones siete meses, Boluarte 12 meses y 13 días.

Omar Candia, alcalde de Arequipa, les podría seguir los pasos. La semana pasada fue condenado a seis años en primera instancia por delito de colusión, debido a la compra de cámaras de seguridad cuando era alcalde distrital de Alto Selva Alegre.

Las autoridades en cuestión fueron ungidas por los ciudadanos. Entonces, ellos tienen una cuota de responsabilidad en su elección. Sabían que ese podía ser el destino.

Puno a la deriva

Walter Aduviri fue sentenciado en agosto a seis años de cárcel por el delito contra la tranquilidad pública por el Aimarazo. Ahora está preso con una condena confirmada en segunda instancia. Desde entonces, Puno vive en incertidumbre. No se sabe si volverá al cargo. Sus abogados juegan todas sus cartas para liberarlo y que retome el poder.

El sociólogo Felipe Supo precisa que la crisis política era previsible. Aduviri postuló con un proceso judicial, que finalmente acabó con una condena a prisión. Según Supo, mientras no quede claro si Aduviri podrá o no volver al cargo, siempre habrá incertidumbre.

Agustín Luque lo reemplaza sin el consenso del entorno de Aduviri. Ha cambiado a la mayoría de funcionarios. La crisis se refleja en la ejecución presupuestal. Equivaldría a decir que de cada cien soles que dispusieron para obras, apenas gastaron 35 soles. El actual gerente general, Dante Coasaca, informó que cerrarán el año con el 50 %. Agustín Luque, por su parte, indicó que desde agosto, mes en que asumió el cargo, aún los resultados no son visibles. Espera dar un salto cualitativo en 2020.

Suspensión anunciada

Víctor Boluarte Medina tampoco concluyó su primer año de gestión. Una condena en doble instancia por fraude en la administración de personas jurídicas devino en una suspensión del cargo, dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Su reemplazante por un año —si es que no es vacado en ese tiempo— es el parco antropólogo Ricardo Valderrama.

Boluarte arrancó con buen pie y respaldo. Había logrado posicionar su nombre como un buen político. Su elección fue una suerte de premio a su perseverancia. Después de tres meses de gestión, Boluarte empezó a tener una relación tirante con un sector de la ciudadanía. Algunas de sus decisiones generaron rechazo.

Por ejemplo, a inicios de marzo, reabrió casi toda la plaza Mayor al tránsito vehicular, pese a que el Plan Maestro del Centro Histórico y el Plan Concertado de Desarrollo Urbano apuestan por implementar un proceso paulatino y sostenido de restricción de vehículos en el corazón de la ciudad.

Camino al vacío

En Arequipa la situación política es incierta. No solo por el riesgo de vacancia de Omar Candia. En este primer año de gestión, hubo varios problemas por presuntos actos de corrupción.

Desde la adquisición sobrevaluada de piedra laja para el mejoramiento de las calles Jerusalén y San Juan de Dios, así como costosos viajes, hasta la designación de funcionarios sin cumplir el perfil para el cargo.

Por otro lado, la gestión del gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, “destacó” por sus escándalos personales. A las denuncias por violación, se sumaron otras como la del maltrato a su esposa Jenniffer Neyra, cuando eran enamorados entre 2014 y 2015.

Los escándalos personales fueron la marca registrada de Cáceres y su alejamiento de la prensa, pero también su impericia para gobernar. Tuvo que cambiar a varios funcionarios porque tenían denuncias por violación, irregularidades, etc. Las obras no avanzaron. La variante de Uchumayo la abrió el 15 de agosto, cuando aún no estaba culminada. Los trabajos para acabarla continúan.

Majes Siguas II es la mayor deuda. El proyecto está paralizado hace dos años. El Ministerio de Agricultura planteó tomar el control de este para reactivarlo. El gobernador prometió destrabarlo en marzo. El último aplazamiento lo firmó para el 15 de febrero del 2020. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura y Riego concedió un ultimátum: si no tienen listo el informe de la Adenda 13, que significa un desembolso de US$ 104 millones, para el 17 de enero del 2020, la obra pasará a gestión del Gobierno central. Finalmente, en Moquegua, tampoco Zenón Cuevas estuvo a la altura. Baja ejecución presupuestal e interferencia de sus familiares en la designación de cargos de confianza marcaron su gobierno. Veamos qué pasa el 2020.

Mala ejecución presupuestal en regiones

El gasto del presupuesto para proyectos de las gestiones regionales de Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna no superó el 62% al 28 de diciembre último, según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La gestión del gobernador de Moquegua, Zenón Cuevas, apenas invirtió el 62.2%; por otro lado, el gobernante cusqueño, Jean Paul Benavente, además de no poder destrabar los megaproyectos, solo logró invertir el 55.6%.

La autoridad regional de Tacna, Juan Tonconi, invirtió el 52.3%; mientras que la administración del mandamás de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, llegó a 50.9%. Finalmente, la gestión de Puno llegó a invertir el 56.7%.