Eloy Espinosa Saldaña: “Lo que no se puede poner en riesgo es la independencia institucional del tribunal”
Eloy Espinosa Saldaña. Magistrado del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional celebra hoy una sesión que promete ser intensa. Se analizará el caso de Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien busca ser incorporado luego de la sesión del Congreso que derivó en su disolución. Además, se empezará a ver la demanda competencial de Pedro Olaechea. El magistrado Eloy Espinosa Saldaña responde al respecto.
–¿Gonzalo Ortiz de Zevallos debe ser incorporado al TC?
– Quiero aclarar que no adelanto opinión, es un tema jurisdiccional y no administrativo. Por ello, tengo total libertad de decir cómo veo las cosas. Nadie tiene nada personal contra el señor Ortiz de Zevallos…
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–¿Lo conoce?
– No. El problema es que el concurso no ha terminado, porque hay dos reconsideraciones planteadas y una nulidad.
–¿Hoy se tomará una decisión sobre Ortiz de Zevallos?
– Doy por descontado de que así debe ser, porque la situación es muy clara. Incluso, el nombramiento no está publicado en El Peruano. Es más, todo esto viene con una cuestión caprichosa, cuando se invaden competencias del tribunal…
–¿Se refiere a la carta de Pedro Olaechea, en la que pide que Ortiz de Zevallos reemplace al de colegiatura más joven?
– No voy a entrar a esos detalles. Este es un tema institucional, no personal.
–Eso lo afecta a usted, directamente.
– Esto no es personal. Si se nombra debidamente a alguien y los colegas se ponen de acuerdo en que salga yo, me voy mañana. No es problema. El asunto es que tiene que haber un acuerdo del pleno del TC y alguien debidamente nombrado.
–¿Y ninguna de esas condiciones se da, dice usted?
– Así es. Tiene que haber un nombramiento terminado y guardarse la competencia del TC para que este decida a quién reemplazar. Hay magistrados que han expresado públicamente su voluntad de retirarse.
–¿Cómo José Luis Sardón?
– Tengo entendido que sí. Mire, el problema no es que (la carta de Olaechea) diga que se vaya el más joven, el problema es que diga quién debe irse. Se está vulnerando el autogobierno del TC. En toda la historia del tribunal no hay una sola resolución publicada diciendo: ‘Patriau reemplaza a tal’, al menos viejo, al más antiguo.
–¿Es una innovación?
– No califico. Sí creo, hay que respetar las competencias.
–¿Usted cree que el ingreso de Ortiz de Zevallos busca favorecer a alguien?
– Si hay alguna intención de favorecer a algún grupo político o económico, no me corresponde decirlo. Lo que sí constato, y no puedo callar, es que, como órgano autónomo, no podemos permitir que alguien nos diga quién sale y quién entra. Si no, mañana nos mandarán una resolución diciendo cómo debemos resolver o quién debe presidir la institución. Si permitimos esto sería un antecedente nefasto para la independencia y la autonomía del tribunal.
–¿No se aferra al cargo?
– No me quiero aferrar al cargo. Toda la vida he sido un académico. Lo que sí me preocupa, y por eso mi reclamo, es nuestra independencia como institución. Lo que no se puede poner en riesgo es la independencia institucional del tribunal. Si aceptamos que nos digan que una persona que no ha terminado de ser nombrada asuma el cargo, corremos riesgos bastante grandes.
–¿De qué tipo?
– Nos van a poder acusar de abuso de autoridad y usurpación de funciones. Si alguien no ha terminado de ser nombrado y empieza a manejar personal, conocer expedientes, resolver casos…
–¿Puede ser denunciado?
– Por supuesto, y quienes habilitemos eso, también.
–Hoy también se analizarán la demanda competencial y la medida cautelar que ha presentado Olaechea. Si luego fuera admitida, ¿qué pasos se seguirán?
– Si es admitida, se correrá traslado al Gobierno para que se pronuncie. La ley ofrece 30 días hábiles y ya depende de la parte interesada decidir en cuánto tiempo lo hará. Lo que sí hay es un compromiso, de todos los magistrados, de hacer las cosas bien y con la mayor velocidad que se pueda.
–¿De qué va a depender que admitan la demanda de Olaechea?
– Haremos una evaluación sobre tres criterios: si hay tema para discutir, es decir si ha habido una invasión de competencias; quién es el que demanda y si tiene potestad de hacerlo; y quién es el demandado. Si se considera que la demanda pasa un estándar razonable, se admitirá. Si no, se rechazará. Insisto, solo le explico escenarios. No estoy adelantando opinión.
–¿Es un punto a considerar que Olaechea haya firmado como presidente del Congreso?
– Es un punto a considerar. Pero dependerá de la posición que se asuma frente a lo ocurrido el 30 de setiembre. Las consecuencias variarán si se considera si la disolución se hizo bajo parámetros constitucionales o no. Eso va a marcar la competencia o no competencia del señor Olaechea y la misma resolución del caso.
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–Va a publicar un libro sobre los límites del juez constitucional.
– Sí, recoge buena parte de una preocupación mía. Lo que planteo es que lo considerado hoy como constitucionalmente protegido tiene un espectro mucho más amplio de lo que se imaginaba hace un tiempo. El constitucionalismo contemporáneo implica más cosas y suele haber una demanda de más trabajo para los jueces constitucionales…
–Con esta coyuntura, el Perú es un caso.
– Por eso es que publico el libro en esta época. Lo que debe quedar claro es qué cosas puede hacer y cuáles no un juez constitucional, al menos desde mi punto de vista.
