¿Quién mandó a quién?

Por: Ricardo Uceda

El texto de una laptop incautada al gerente de Kuntur Wasi, José Carlos Balta, con respuestas al pliego interpelatorio planteado en 2017 al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, no concuerda con lo que este dijo en el Congreso. El hallazgo pone término a la suposición de que las respuestas fueron confeccionadas por la empresa. Vizcarra contestó oralmente y por escrito en dos ocasiones distintas, defendiendo la adenda a un acuerdo de concesión que finalmente provocó su renuncia.

La controversia

El tema de la interpelación fue una adenda al contrato entre el MTC y la empresa Kuntur Wasi para construir el aeropuerto internacional de Chinchero, en el Cusco. El contrato, de 2014, lo suscribió el gobierno de Ollanta Humala. La nueva administración objetó el excesivo pago de intereses y renegoció que la mayor carga del financiamiento pasara de la empresa el Estado –es la interpretación acusadora–, con lo que supuestamente se abarataría el costo total. De inmediato fue denunciada una concertación para favorecer a Kuntur.

Para la administración Vizcarra en el MTC, el riesgo de financiamiento siempre fue del Estado, que se comprometió a cubrir el crédito del concesionario a partir del sexto año. Con la adenda se pagaba conforme al avance de obras, eliminando los costos financieros de un crédito. ¿Eso desnaturalizaba una asociación público-privada y la convertía en obra pública? El uso del dinero cinco años antes, en lugar usarlo en un crédito en 15 años, ¿era más o menos perjudicial para el Estado? Tales son aspectos de la controversia.

CAF 1 y CAF 2

En 2017, mientras el Ministerio Público inició una investigación contra la viceministra Fiorella Molinelli y un grupo de funcionarios públicos y ejecutivos de la empresa, el expediente del ex ministro Vizcarra fue archivado por el entonces Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Fue denunciado por el Procurador anticorrupción Amado Enco. Hace diez días la fiscal Zoila Sueno formalizó investigación preparatoria contra el primer grupo, por el delito de colusión agravada. Al mismo tiempo remitió a la sucesora de Sánchez, Zoraida Ávalos, nuevos elementos que podrían hacerla reconsiderar la situación de Vizcarra, que goza de fuero protegido. Uno de ellos fue texto sobre la interpelación hallado en la laptop de Balta.

La laptop contenía también un informe encargado por el MTC a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). El gerente de Kuntur Wasi tuvo dos versiones del mismo antes que el MTC, según la fechas de registro en la computadora de Balta. En su resolución la fiscal mencionó el hallazgo de informes distintos de la CAF, grabados el 19 y 21 de octubre del 2016, y pidió al Ministerio Público un peritaje económico financiero que determine cuál se entregó al MTC y en qué medida eran o no onerosos para el Estado. La tenencia por Balta de los documentos es insólita porque se referían a controversias entre el MTC y el concesionario.

La adenda

Sueno establece que el MTC contrató e la CAF irregularmente, disponiendo trámites de atrás para adelante, cuando el trabajo estaba por finalizar. Por otra parte, describe la forma del rechazo a una adenda propuesta por Kuntur cuando esta no había cumplido los requisitos para que una proposición de ese tipo fuera tomada en cuenta. Antes debía presentar a un financista con ciertas formalidades. Aun así, en vez de anular el contrato, el MTC resolvió considerar la petición. La propuesta fue rechazada, pero dejó a Kuntur en carrera.

Un peritaje podría establecer que desde el 2015, con Humala y PPK en el gobierno, Kuntur presentó garantías válidas de su endeudamiento –algo que es negado por Sueno–, pero el cierre financiero no fue aprobado porque eran muy altas las tasas de interés. El problema mayor fue generado por la indefinición de este alto componente del contrato, algo que han reconocido tres contralores: Fuad Khouri, Edgar Alarcón y Nelson Shack. No lo admite la administración Humala ni la fiscal, para quien la administración del MTC reciprocaba el apoyo de uno de los socios de Kuntur a una ONG de PPK. En los próximos meses Sueno tendría que demostrar si el círculo gobernante, con tecnócratas pasando de un lado al otro, tenía intereses en Chinchero y organizó una colusión desde el MTC.

Igual responsabilidad

Ahora se investiga a la viceministra y a otros funcionarios implicados sin tocar al ministro. Pablo Sánchez, cuando archivó su investigación, le atribuyó un rol pasivo. Se habría mantenido por encima, en un nivel de decisión política, sin conocer las supuestas infracciones más abajo. La semana pasada, en una entrevista televisiva, Vizcarra pudo explicar cómodamente su versión del proceso, que no guarda relación con algunos hechos importantes. Por ejemplo, no es cierto que hizo todo lo que dijo la Contraloría.

Está suficientemente documentado que el ex ministro tuvo un rol de liderazgo. Aunque primero fue PPK quien le solicitó empujar el proyecto, luego Vizcarra lo hizo suyo –según propia confesión– porque se lo pidió el pueblo cusqueño. Algo típico en él. Después defendió la adenda en el Congreso. Cuando autorizó su firma por la viceministra conocía minuciosamente las objeciones en la Contraloría. Hubo por lo menos tres reuniones entre Martín Vizcarra y el entonces Contralor, Edgar Alarcón, cada uno con sus equipos, en las que las escuchó con detalle. Así, no cabe separar responsabilidades entre Molinelli y Vizcarra. Puede ocurrir que ellos (más los funcionarios implicados) logren demostrar que actuaron correctamente. Pero eso no podría hacerse sin una investigación a ambos, a la primera desde el despacho de Sueno, y al segundo desde el de Zoraida Ávalos. El proceso probablemente incluya a PPK.