Los Graña implicarán a expresidentes y exministros en caso Lava Jato
La hora de la confesión. Entregarán información sobre las adjudicaciones “direccionadas” a favor del Club de la Construcción, las carreteras IIRSA Norte e IIRSA Sur, el Gasoducto del Sur y el Metro de Lima, entre otras públicas. Declaraciones alcanzarían a Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Los empresarios José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña se han comprometido a entregar “información relevante” al Equipo Especial Lava Jato sobre la responsabilidad de “autoridades políticas de primer nivel” en cuyas gestiones gubernamentales “tuvieron participación determinante” en la adjudicación de millonarias obras públicas de manera individual a la constructora Graña y Montero o a los consorcios en los que intervino, señalaron fuentes de La República relacionadas con el caso.
El acuerdo entre las autoridades del Equipo Especial Lava Jato con los dos ex altos directivos de Graña y Montero es que suministren información sobre el papel que cumplieron ex altos funcionarios gubernamentales, “sin cuya participación la constructora y sus asociados no podrían haber accedido a los proyectos que se les entregó mediante licitaciones simuladas”, indicaron las fuentes.
Sólo después que los fiscales comprobaron que las delaciones de José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña involucra “a ex presidentes, ex ministros y ex viceministros, y no a ex funcionarios de mando medio para abajo”, se inició el proceso de colaboración eficaz.
“De los mandos medios ya tenemos información, por lo que requerimos datos sobre sus superiores que dispusieron que entregaran las obras a Graña y Montero y sus consorciados. Los mandos medios no funcionan por su cuenta. La cadena de mando empieza en la cúspide, en los que ejercen el poder. Ahí apuntamos”, indicaron las fuentes.
Los ex altos directivos de Graña y Montero entregarán testimonios y documentos sobre los casos del Club de la Construcción, el Gasoducto del Sur, IIRSA Norte, IIRSA Sur y el Metro de Lima.
Cartas sobre la mesa
Este domingo en la audiencia judicial en la que el fiscal José Domingo Pérez debía sustentar el pedido de detención preventiva por 36 meses, sorprendió al informar al juez Richard Concepción Carhuancho que los imputados José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña habían solicitado acogerse a la colaboración eficaz y que, en consecuencia, retiraba su solicitud por otra que presentará en breve plazo.
Preguntadas las fuentes qué expresidentes estarían relacionados con las declaraciones de los primos Graña, contestaron que era preferible no mencionarlos. Ante la repregunta de si serían Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, contestaron: “No los descartamos”.
Insistimos si se trataba de los gobiernos en los que Graña y Montero y sus asociados habían “ganado” las licitaciones de las obras públicas mencionadas, respondieron: “No solo son las obras, también la aprobación de las adendas que a veces duplicaron el costo original del proyecto”.
Las carreteras IIRSA Norte e IIRSA fueron adjudicada en el régimen de Alejandro Toledo.
Las principales obras entregadas al Club de la Construcción se hicieron en los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala.
Los tramos 1 y 2 del Tren de Lima se concedieron en el segundo gobierno de Alan García.
Sin embargo, es importante precisar que Pedro Pablo Kuczynski tuvo intervención en los proyectos IIRSA Norte e IIRSA Sur, tanto como ex ministro como asesor financiero de Odebrecht, por lo que se encuentra bajo investigación.
La colaboración eficaz de José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña es consecuencia directa de la decisión del nuevo presidente y directorio de la constructora Graña y Montero. La nueva gestión que encabeza Augusto Baertl desde que asumió la compañía resolvió deslindar con los primos Graña y los instó a cooperar con las investigaciones. Pero los Graña prefirieron insistir en que no había motivos para someterse a la justicia. De esta forma Baertl, con el apoyo del directorio, resolvieron aplicar una investigación interna en busca de las evidencias de supuestos actos ilegales.
Última llamada
Como resultado de la búsqueda la constructora detectó un desembolso de 12.5 millones a la compañía ICCGSA, con la que Graña y Montero y EIVI formó un consorcio y obtuvo el proyecto de construcción y mantenimiento de la vía ayacuchana Quinua-San Francisco por 476.7 millones de soles. El dinero era parte del soborno que ICCGSA había abonado a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Provías Nacional, así como a los intermediarios, como parte del acuerdo para recibir en adjudicación el proyecto mencionado.
La información recibida por el fiscal Germán Juárez Atoche, quien está encargado de la investigación al Club de la Construcción, permitió a Graña y Montero en convertirse en la primera empresa en solicitar acogerse a la colaboración eficaz, como informó en su momento La República (06.06.2019).
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Después de esta experiencia, Graña y Montero ha seguido entregando más información sobre presuntos actos ilícitos durante el periodo de gestión de los ex presidentes José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña. Según las fuentes vinculadas con la empresa, estos son los casos IIRSA Norte e IIRSA Sur y el Metro de Lima, además de otros casos del Club de la Construcción.
“Ante las evidencias entregadas por la constructora, que busca diferenciar un antes después respecto a la anterior gestión, proporcionó información valiosa en el marco de la colaboración eficaz, lo que sin duda impulsó a los señores José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña a meditar sobre su situación jurídica. Por eso es que se retiró el pedido de prisión preventiva”, indicaron las fuentes relacionadas con la investigación del Equipo Especial Lava Jato.
Preguntadas las fuentes por qué Graña y Montero no ha suministrado evidencia sobre el caso del Gasoducto del Sur, contestaron: “De momento no hay mayor información porque era un caso que manejaban personalmente los primos Graña. Es por eso, que ellos han pedido acogerse a la colaboración, y entre los temas que mencionaron citaron el caso del Gasoducto del Sur”.
El de Graña y Montero es hasta el momento el único caso de una empresa peruana que entrega información potencialmente incriminatoria contra sus exdirectivos y exfuncionarios.