El Informante: El desacuerdista, por Ricardo Uceda
Mientras la jueza María del Pilar Álvarez resuelve la devolución de S/ 524 millones a Odebrecht, la Fiscal de la Nación debe decidir qué hacer con la denuncia del Procurador Anticorrupción Amado Enco.
Por: Ricardo Uceda
Mientras la crisis política adopta nuevos matices, la del Ministerio Público también madura y se exhibe crudamente. El jueves, en una Junta de Fiscales Supremos, Tomás Gálvez pidió retirar del cargo a los magistrados Rafael Vela y José Domingo Pérez, del Equipo Especial de Lava Jato. Los acusa de representar los intereses de Odebrecht. A su vez, Gálvez es investigado por su igual jerárquico Pablo Sánchez, con la hipótesis de que pertenece a ‘Los Cuellos Blancos’. Otros dos pares están acusados de lo mismo, tras difundirse grabaciones de diálogos que mantuvieron con líderes de la organización criminal. Mientras se determina si estas conversaciones tienen contenido delictivo, la Junta de Fiscales Supremos, con una mayoría bajo sospecha, carece del poder que tendría en condiciones normales. Así ocurre con instituciones que pierden legitimidad.
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Sospecha mayor
A su vez, los fiscales del Equipo Especial tienen una legitimidad que va más allá de su cargo, porque los apoya la ciudadanía. Exhiben ciertos resultados tangibles en un proceso que aún no culmina: Alan García está fuera de juego, Keiko Fujimori está presa, Ollanta Humala espera juicio, compañías nacionales hacen cola para confesar. Aunque se desconoce, en el caso de los políticos, si lo investigado servirá para que sean condenados, prevalece la idea de que está saliendo a flote la verdad sobre la corrupción derivada de las constructoras brasileñas. Sin embargo, una sospecha mayor crece en el ambiente.
La presunción es que el Ministerio Público pretende pagar a Odebrecht un precio demasiado alto por una verdad que no se termina de conocer. En un marco legal de amplia discrecionalidad para dar beneficios por colaboración, y con una gran aprobación social al proceso, parecería difícil llegar a comprobarla. Además, hay un influyente activismo para no poner en duda el rol de los fiscales de Lava Jato, que solo son atacados por los malos. Sin embargo, algunos controles del propio sistema podrían permitir un conocimiento menos parametrado de las cosas. El primero fue la resolución de un juzgado.
Nuevos elementos
Los ataques al acuerdo –en parte interesados– tienen antigüedad, pero desde publicación del íntegro de la sentencia judicial que lo homologó existen más elementos objetivos para el análisis. Por una parte adquirió relevancia el detalle de que la mayor parte de los expedientes bajo investigación estaba fuera del acuerdo. Brillaba la ausencia del Gasoducto del Sur. Como los beneficios y las reparaciones civiles pactadas eran a cambio de la información brindada solo en cuatro obras, el resto de casos podía quedar en la impunidad y sin reparación.
Otra materia relevante fue la decisión de condicionar los beneficios a Odebrecht –inaplicación de una ley con medidas restrictivas para las empresas corruptas– a la inexistencia de investigaciones pendientes. Esto bloqueó momentáneamente los beneficios cuando el Procurador Ad Hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, informó, contra el criterio del Equipo Especial, que había más investigaciones en curso que las del acuerdo. Como efecto colateral, la discrepancia bloqueó el requerimiento de Odebrecht de que se le pagaran S/ 524 millones de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. Aunque la sentencia considera esta devolución, una interpretación es que no corresponde. La cuestión será resuelta por la jueza que puso el candado, María de los Ángeles Álvarez.
Algo prohibido
Basado en la sentencia, el Procurador Anticorrupción Amado Enco denunció por omisión de funciones y negociación incompatible a Jorge Ramírez, cuyo despacho vigila el pago de la indemnización al Estado. Fue uno de los firmantes del acuerdo. El argumento es que la ley de colaboración eficaz perdona casi todo menos los impuestos y la reparación civil. Solo el pago tributario puede ser fraccionado. Al haberse acordado con Odebrecht que la reparación se cancelara en 15 años, pudiendo haberlo sido –casi en su totalidad– en una cuota, según Enco la ley fue violada inequívocamente. Otra responsabilidad de Ramírez sería haber autorizado, al firmar el acuerdo, la devolución del dinero de Chaglla, aunque se opuso luego de la sentencia. Los fiscales de Lava Jato,pese a no estar mencionados en la denuncia, están tocados por ella.
En su resolución, la jueza Álvarez hizo constar que el procurador Jorge Ramírez, en ejercicio de sus atribuciones, optó por el pago en cuotas de la reparación civil en vez de exigirlo de una vez. Si ella desea autorizar el pago, podría decir que procede porque lo decidieron las partes. Si lo deniega, prevalecerá la parte de la sentencia en la que condiciona la entrega de beneficios a Odebrecht a la ausencia de otras investigaciones. Cualquier sentido de la decisión afectará el fondo de la discusión.
En las antípodas
Basándose también en la sentencia, el fiscal supremo Tomás Gálvez envió a Zoraida Ávalos una carta con 15 observaciones. Objeta que a Odebrecht no se le decomisara bienes obtenidos con las ganancias ilícitas ni se le imputaran los delitos de soborno, lavados de activos y organización criminal. Anticipa, además, que la fiscalía beneficiará a la empresa incluyendo en el acuerdo ilícitos conocidos con posterioridad, y por información de terceros. Esta carta no es una denuncia formal y Ávalos podría ignorarla. En cambio debe dar curso a la del Procurador Anticorrupción, encargándosela a un fiscal supremo. Los acuerdistas descalifican a Gálvez por su condición de investigado y a Amado por estar desubicado políticamente. Les es difícil admitir que simplemente siguió su criterio. En cualquier caso, el acuerdo, mal o bien hecho, ya es cosa juzgada. Pero un esclarecimiento de sus términos es necesario, y, según parece, inevitable.
