Cuestión de confianza

Dos encuestas recientes sobre el proyecto Tía María ofrecen diferencias entre la perspectiva nacional y local en relación a este conflicto, aunque también visiones compartidas en busca de consensos.

La encuesta nacional de Ipsos indica que entre junio y agosto se ha reducido de 59% a 43% el porcentaje de quienes respaldan el proyecto Tía María y ha crecido la oposición a este del 38% a 54%. Las razones mayoritarias de apoyo o rechazo siguen las matrices del debate público, de decir, porque generará empleo y crecimiento, y porque se cree que el Gobierno no será capaz de impedir el daño ambiental.

Sin embargo, al mismo tiempo, la mayoría (51%) cree que el bloqueo de vías es un delito, aunque un sólido 42% afirma que es un acto legítimo. Finalmente, los ciudadanos no son críticos del desempeño del presidente Vizcarra en la negociación para la suspensión de la licencia de construcción.

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Por otro lado, el estudio sobre el clima social y percepción sobre la futura actividad minera en el Valle de Tambo encargado el año pasado por el Ministerio de Energía y Minas a dos universidades arequipeñas en los distritos del área de influencia del proyecto arroja que un 70% considera que las actividades mineras podrían obstaculizar el desarrollo de su provincia, en tanto que un 76% cree que ese perjuicio se debería a la contaminación

Solo el 15% aprecia a la minería como una futura fuente de empleo, en tanto que el 86% confía en la agricultura, turismo o la pesca. Esta visión sobre la relación entre la minería y la agricultura no brinda alternativas al actual entrampamiento porque carece de opciones mayoritarias. Estas están repartidas en lemas como “que se apoyen en el pueblo”, “comunicarse con los pobladores” o “trabajar responsablemente con normas”. Finalmente, un 77% de encuestados de esos distritos critican a sus líderes por haber mantenido igual sus niveles de desarrollo o empeorado.

Es claro que el rechazo a Tía María es mayor en el área de influencia del proyecto que en el ámbito nivel nacional, y que la población de esos distritos es partidaria de un modelo de desarrollo que no pase por la minería. A pesar de ello, existen en ambos espacios un denominador común de desconfianza al Estado como el garante de la regulación y del bienestar, y un reclamo de precisión respecto a los contenidos de ese desarrollo. En ambos sondeos aparece con nitidez que el rechazo al proyecto no ha cerrado el debate, como sostienen los sectores radicales de ambos lados, sino que demanda una discusión con más ideas que lemas.