Los olvidos del Estado con el Valle de Tambo, que rechaza Tía María

Fiorella Montaño

El 20 de enero del 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski firmó el Acuerdo por el Desarrollo de la provincia de Islay. En ese documento se comprometió a tres puntos: financiar y ejecutar una represa que aliviaría la escasez de agua en el agro, la construcción de dos hospitales de Mollendo y Cocachacra, y poner en marcha un proyecto integral de agua y desagüe. En la represa y el agua potable no se avanzó. Los hospitales sí están en marcha pero con dificultades.

En 2015, cuando concluyó el violento conflicto social para rechazar el proyecto Tía María, el objetivo era mejorar las condiciones de vida de los pobladores del Valle de Tambo.

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Ese era un punto de quiebre hacia la ansiada licencia social, la aceptación para el proyecto minero Tía María, que prevé una inversión de 1 400 millones de dólares. Al menos esa era la tesis desde las altas esferas del gobierno.

De parte del Estado, tanto gobierno nacional como regional, hubo una suerte de desentendimiento.

Los agricultores señalan que se intenta solucionar los problemas de Islay a cambio de la entrega de la licencia social al proyecto minero, cuando el Estado debería asumir su rol independientemente de la suerte de la inversión minera.

El problema del agua

La mayor demanda del valle es el recurso hídrico. En época de sequía, el río Tambo que irriga sus cultivos no alcanza para las 12 mil hectáreas.

Entre Arequipa y Moquegua surgen enfrentamientos por el uso del agua de la cuenca del Tambo. Cuando se construyó la represa de Pasto Grande en Moquegua, se derivó el río Vizcachas, tributario del Tambo. Entonces descendió la disponibilidad del recurso en Islay por este embalse. En meses críticos, Moquegua tiene la obligación de abrir las compuertas de Pasto Grande para aportar 8.2 millones de metros cúbicos al río Tambo, pero las autoridades moqueguanas no siempre cumplieron este acuerdo.

Para solucionar el estrés hídrico se consideró la construcción de la represa Paltuture, ahora entrampada por un proceso judicial con Puno. Se exploraron otras alternativas pero sin solución.

Finalmente, el Ministerio de Agricultura señaló que se construiría la represa de Yanapuquio, que será licitada lo más pronto posible. Aunque la convocatoria para los estudios de prefactibilidad quedó desierta.

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Poco apoyo del GRA

El gobierno nacional no es el único responsable. De igual forma, el gobierno regional, cuyo gobernante, Elmer Cáceres Llica, ahora es solidario con los pobladores del Valle de Tambo. Sin embargo, eso no se visibiliza en transferencia de recursos o ejecución de proyectos.

El 2018, el último año de la anterior gobernadora Yamila Osorio, se destinó para el agro S/ 242 millones, de esa cantidad solo se ejecutó el 28%. La razón, la mayoría de esos recursos estuvieron comprometidos para Majes II, hoy paralizado. De esa cantidad, a proyectos agrícolas de Islay le tocó S/3 millones 909 mil 188. Casi una tercera parte del presupuesto quedó para que la siguiente gestión la ejecute.

Marilú Marroquín, presidenta de la Junta de Usuarios de Mejía-La Ensenada, señaló que el Estado no apoya a la agricultura y que ahora tratan de conseguir la licencia social a cambio de inversiones en este sector.

El segundo compromiso asumido por PPK fue la construcción de una planta de tratamiento de agua potable y también plantas de tratamiento de aguas servidas. Este ofrecimiento avanzó a paso lento. Se estima que se requiere una inversión de S/ 700 millones para dotar de agua a toda la provincia. Para ejecutarla se necesita realizar expropiaciones de terrenos.

El gerente de Sedapar, Juan Carlos Córdova, explica que la empresa tiene pequeñas plantas que abastecen de agua a la provincia. Una vez se concluya la construcción de esta planta, toda el agua de Islay sería tratada en un solo punto. Sin embargo, de la culminación de los estudios dependerá la asignación de recursos.

En cuanto a los hospitales, el Ejecutivo transfirió dinero al Gobierno Regional para que se licitaran los hospitales de Cocachacra y Alto Inclán. La Contraloría observó deficiencias en ambos expedientes, financiados por Southern. Es probable que ello también demore.

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Yamila Osorio: Estado dejó sola a la empresa

En una entrevista a una cadena radial de Lima, la exgobernadora Yamila Osorio coincidió que el Estado dejó sola a la empresa minera en la socialización del proyecto. Sin embargo, en su gestión el aporte al agro fue mínimo.

Dijo que Southern tuvo un cambio de actitud, se acercaron a la comunidad con un trabajo social interesante. Financiaron expedientes para dos hospitales y otras cosas más. En cambio, de parte del gobierno se incumplió con solucionar la falta de agua.

Osorio también señala que la empresa no dio el segundo paso. Este era socializar el proyecto, despejar las dudas sobre el Estudio de Impacto Ambiental (el primero recibió más de 136 observaciones de UNOPS). La empresa nunca explicó si esas observaciones se corrigieron.