“Los Cuellos Blancos del Puerto” que fueron blindados por el fujimorismo en el Congreso

La República
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Por: Daniela Mercado

Hace un año, los peruanos despertaron aquel sábado 7 de julio de 2018 y se asquearon al escuchar la pobredumbre del sistema judicial. Un audio protagonizado por el expresidente de la Corte del Callao y ahora detenido, Walter Ríos, con su esposa a la que le revelaba las prácticas de recomendar y elegir a jueces y funcionarios judiciales a su conveniencia. Este hecho marcó el inicio de los denominados ‘CNM Audios’, hito que cambió la historia en el Perú.

Pero esta revelación solo corresponde a la parte visible de toda la investigación del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, a cargo de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez. Ahora, ellas son la base del Equipo Especial formado para trabajar de manera exclusiva en terminar de analizar a los 133 implicados. Otra de las tareas fundamentales será culminar con las escuchas de los audios que aún faltan por analizar.

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“La mafia persiste”

Sin embargo, a pesar del trabajo del Ministerio Público como de la Policía Nacional algunos de los protagonistas de los ‘audios de la corrupción’ aún continúan ejerciendo en el poder. Todos ellos con protección de la bancada mayoritaria del Congreso, Fuerza Popular.

El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry; el prófugo exjuez supremo César Hinostroza; los actuales fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza; el congresista fujimorista Héctor Becerril de Fuerza Popular; y los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez Pebe y Guido Aguila.

“A pesar del golpe, están cumpliendo un rol estratégico aún. Necesitaban un fiscal para la organización y lo han tenido, lo han mantenido y lo mantienen”, comenta Rocío Sánchez para La República.

Fuerza Popular blindó a exconsejeros

A pesar del escándalo que significó la divulgación de los audios de la corrupción, el Congreso no actuaba. El presidente Martín Vizcarra pidió la destitución de los funcionarios implicados en el caso desde el lunes 9 de julio, pero por maniobras de Fuerza Popular pasó una semana sin cambios.

El partido de mayoría en el Parlamento, se vio involucrado el martes 10 de julio. Panorama reveló un nuevo audio en el que César Hinostroza coordina una cita con “la señora K” de “la fuerza número 1” durante una conversación telefónica con el empresario Antonio Camayo. En otra conversación, Hinostroza asegura que “Fujimori” lo estaba buscando.

El mandatario tuvo que hacer uso de sus facultades constitucionales y convocó a una legislatura extraordinaria para el viernes 20 de julio. Recién ese día los miembros del CNM fueron removidos de sus cargos. Sin embargo, el grupo fujimorista se las arregló para darles un salvavidas.

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Comisión Permanente y César Hinostroza

Luego del 28 de julio, en el que el jefe de Estado anunció el referéndum para la reforma judicial y política, la situación para los presuntos integrantes de Los Cuellos Blancos del Puerto parecía irse solucionando.

El viernes 29 de setiembre, la Comisión Permanente del Congreso, con mayor participación de Fuerza Popular, decidió liberar a César Hinostroza de la acusación de organización criminal. Días después, ante el repudio de la opinión pública, el Pleno del Congreso tuvo que reconsiderar esta tipificación para que se le investigue.

De tal manera que se logró destituir, inhabilitar por 10 años y acusar por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y organización criminal, al ahora exmagistrado César Hinostroza Pariachi.

Iván Noguera fue destituido y acusado por patrocinio ilegal; Julio Gutiérrez Pebe, destituido, inhabilitado por 10 años y acusado por cohecho pasivo específico; Guido Aguila, destituido, inhabilitado por 10 años y acusado por patrocinio ilegal; y Orlando Velásquez, destituido y acusado por cohecho pasivo específico. Es decir, ninguno de ellos podría ser investigado por organización criminal.

Este hecho provocó que la Audiencia Nacional de España, país al que fugó César Hinostroza el 7 de octubre, apruebe su extradición al Perú sin incluir el ilícito de organización criminal, lo que impediría que se le investigue por este hecho. Entre los argumentos de la justicia española está el que “no puede haber una organización criminal sin integrantes”, referidos a los exmiembros del CNM.

Blindaje a Héctor Becerril

La Fiscalía considera al congresista Héctor Becerril de Fuerza Popular como un integrante más de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, tras los audios en los que se demostraba el al haberse reunido con los exconsejero Baltazar Morales y Guido Aguila para buscar ejercer influencias en la ahora extinta institución.

Sin embargo, nuevamente Fuerza Popular y la Apra votaron a favor del archivamiento de las denuncias en contra del cuestionado legislador, quien también tiene otras investigaciones en su contra.

Por el caso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió el 10 de octubre del 2018 rechazar iniciar indagación en su contra. De la misma manera se decidió el 15 del mismo mes por la Comisión Permanente.

Las denuncias seguían llegando y el fujimorismo y aprismo las seguían archivando. El último 6 de mayo de 2019 también se logró este cometido, la Comisión de Ética también archivó las denuncias en su contra por el mismo caso. Recientemente, La República reveló nuevos chats en los que Héctor Becerril “agradece” a sus colegas por el blindaje.

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Blindaje a Chávarry y fiscales

El 3 de octubre del año pasado, el procurador anticorrupción Amado Enco interpuso una denuncia constitucional contra los fiscales vinculados a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’: Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez Monteza, y los jueces Martín Alejandro Hurtado Reyes, Gonzalo Romero de la Puente y Aldo Figueroa.

Todos ellos mencionados en los audios de la corrupción. La demanda era por los delitos tráfico de influencias, organización criminal y patrocinio ilegal sostenidas en la investigación de las fiscales a cargo del caso. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el fujimorista César Segura, decidió archivarla con votos de Fuerza Popular y la Apra.

Desde esa vez, Rodríguez Monteza, señalado como el que alertó a los investigados de las interceptaciones telefónicas, no volvió a ser denunciado. Actualmente es el encargado de defender la posición del Ministerio Público en el recurso de casación de Keiko Fujimori, pero que ya informó que está a favor de su liberación. ¿Favor con favor se paga?

“Tenemos que garantizar que Chávarry llegue”

El caso de Pedro Chávarry es uno de los más escandalosos. Fuerza Popular no escatima en continuar protegiéndolo. Desde el primer audio difundido del exfiscal de la Nación, 19 de julio de 2018, la agrupación política lo ha defendido de manera pública.

Contrario a lo esperado, la bancada fujimorista impulsó su designación como titular del Ministerio Público y coordinaban acciones para “garantizar que Chávarry llegue”, esto se demostró en el chat de la agrupación política.

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Además, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, indicó a Luis Galarreta, entonces presidente del Congreso, que asista a la ceremonia de juramentación. Luego de haber obtenido el cargo, la hija del detenido Alberto Fujimori dijo que era una “importante noticia para el país”.

EL 15 de octubre del 2018, Pedro Gonzáles Chávarry fue blindado en la Comisión Permanente del Congreso al acordar archivar el informe que su destitución e inhabilitación por estar vinculado con la organización criminal Los cuellos blancos del Puerto, en función a los audios en los que conversa con el suspendido juez supremo César Hinostroza.

Además la Comisión Permanente, con mayoría fujimorista, archivó otras demandas por el mismo caso. Los recursos constitucionales en su contra seguían llegando por congresistas como también por la fiscal de la Nación, pero también fueron archivadas.

El 28 de mayo de 2019, el fiscal supremo Tomás Gálvez también recibió la protección de la mayoría fujimorista. Se rechazó destituirlo e inhabilitarlo por 10 años, así como también la acusación por el delito de organización criminal, tráfico de influencias y omisión de denuncia.

El último 10 de junio, Fuerza Popular archivó dos de las tres denuncias que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó contra su antecesor Pedro Chávarry por el deslacrado ilegal de las oficinas del Ministerio Público. Solo se admitió la imputación por el presunto ilícito de atentado contra la conservación e identidad de objeto (instigador), cuya pena es menor que las otras dos acusaciones.

“Siguen dispuestos, empoderados. Por eso es que la mafia persiste. Es complicado para nosotras, pero seguimos en la lucha”, replica Sandra Castro.

Pedro Chávarry y Tomás Gálvez siguen ocupando los cargos más altos de la institución a la que pertenecen las encargadas de investigarlos. La mafia persiste porque “sus fiscales” siguen empoderados, lo tienen claro Sandra Castro y Rocío Sánchez, así como todo el Perú. Luego de un año de destaparse el sistema de corrupción enquistado, aún los responsables no pagan por sus actos. Y más audios siguen revelándose.