No ha terminado

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación identificó 53 transferencias por US$ 8.8 millones vinculadas a obras en el Perú entre marzo y diciembre del 2014, lo que representa nuevas líneas de investigación para la justicia peruana.

Hasta el momento, Odebrecht había admitido sobornos en la Interoceánica Sur, la Línea 1 del Metro de Lima, la Vía Costa Verde Callao, la Vía de Evitamiento del Cusco y la Carretera Carhuaz- Chacas-San Luis (Áncash). Sin embargo, las transferencias reveladas recientemente indican pagos relacionados con el Gasoducto del Sur, el proyecto gasífero Kuntur, el proyecto Olmos, y el Corredor Vial Hualapampa - Vado Grande (Piura).

La empresa niega que haya existido una omisión por parte suya respecto a los actos ilícitos realizados en Latinoamérica, señala que no toda la información en el sistema Drousys y My Web Day está vinculada a actos de corrupción, y que parte relevante de información entregada por la empresa en los procesos judiciales en diversos países no es conocida, en razón de la confidencialidad de los casos.

No debe obviarse que estas revelaciones, a pocos días de que la justicia peruana homologara el acuerdo entre el Estado peruano y la empresa brasileña, generan sinsabores, preguntas y desconfianzas, aunque será la fiscalía la que determine la trascendencia procesal de esa información y en qué medida constituyen elementos que afectan la declarada voluntad de la empresa y sus directivos de acogerse al proceso de colaboración eficaz.

Para el efecto, las primeras reacciones no oficiales de la fiscalía indican que se programará una nueva ronda de interrogatorios a los exdirectivos de la empresa en Brasil y se espera una postura oficial de la fiscalía y de la procuraduría sobre las nuevas revelaciones.

Donde no debería existir debilidad es en la defensa del acuerdo, su conveniencia y necesidad, siendo sintomático que, al respecto, los opositores a él, la mayoría de los cuales están relacionados con los investigados en el Lava Jato peruano, se adelantan a señalar que el acuerdo ha terminado.

Por supuesto que no ha terminado. El mismo acuerdo contempla la apertura de investigaciones luego de nuevas evidencias, en tanto que el Estado peruano no tiene restricción alguna para iniciar indagaciones en los casos donde no existen procesos de colaboración eficaz en curso. Finalmente, desde la perspectiva de la lucha contra la corrupción el acuerdo ha sido y es una opción válida para garantizar la búsqueda de la verdad, y en ese sentido se entiende el temor de determinados sectores.