En Chimbote. Congreso de la República la sancionó 120 días por haber propuesto contratación de condenada por terrorismo.,La congresista María Elena Foronda Farro presentó hoy (ayer) en el Distrito Judicial del Santa un recurso de amparo contra la sanción de 120 días de suspensión de sus funciones impuesta por el pleno del Parlamento Nacional, por haber propuesto la contratación de Nancy Madrid Bonilla, condenada por el delito de terrorismo, para que trabaje como su asistente, teniendo en cuenta que es una persona rehabilitada por las leyes vigentes. La tarde del 2 de mayo último, el pleno del Congreso la sancionó, según ella, a pesar de haber demostrado que no incurrió en ninguna falta que se encuentre comprendida en su Código de Ética y que por el contrario, dijo que demostró la serie de inconsistencias del Informe Final n.º 17 de la Comisión de Ética. PUEDES VER Licenciados que combatieron terrorismo marcharon exigiendo ley de beneficios No tipificaron falta “La mencionada comisión del Congreso no logró tipificar ninguna falta en su informe final, y debido a ello no era posible que se genere una sanción cuya gradualidad tampoco fue debidamente motivada, ya que se elevó de 60 a 120 días, lo que se convirtió en una evidente arbitrariedad”, pronunció. La parlamentaria del Frente Amplio mencionó que en el informe se afirma que “no existía ningún dispositivo legal que lo impida” (la contratación). “Y es verdad. Para julio del 2016, fecha en la que se propuso la contratación, no había impedimento legal alguno, ya que la Ley n.º 30794 entró en vigencia en setiembre del 2018 y, como es sabido, ninguna ley tiene efecto retroactivo”, puntualizó. Tras la presentación de su recurso de amparo remarcó también que en el Informe de Ética alude que no se comunicó expresamente el “pasado” de una persona cuya contratación se propone al Congreso. “¿Puede considerarse como una conducta carente de transparencia el haber omitido el pasado de una persona rehabilitada? No. Porque al rehabilitar a una persona el Estado le restituye todos sus derechos”, indicó. El informe determinó que la legisladora infringió el literal f del artículo 4º del Código de Ética al incumplir el deber de “responsabilizarse por todo documento que firma y sella”, infracción que Foronda insistió nunca fue denunciada y, por tanto, jamás se le notificó para efectuar los descargos respectivos. La clave “Dejo en claro que la propuesta de contratación obedeció a un sentido humanista, porque creo en la resocialización de las personas. Es por ello que rechazo la sanción que se me ha impuesto por considerarla arbitraria e injusta, y por vulnerar la Constitución y las leyes vigentes del país”, añadió.