Cruzada penal, no política

Juan de la Puente
2019 M05 3 | 05:36 h

"Esta brecha, que podría denominarse como de alta demanda ética con baja demanda de reforma, debe ser analizada especialmente en referencia a los actores públicos".

El largo proceso crítico que ha liquidado a casi todo el liderazgo del país demanda politizar, en el sentido más conceptual de la palabra, la lucha contra la corrupción, bajo el riesgo de que sus reconocibles logros sean en algún momento frenados, o superados por etapas de megacorrupción.

La lucha contra la corrupción es ciertamente desafiante, y sometida a un juego máximo de presiones e intereses, lo que ha hecho que más de una vez sus avances se encuentren jaqueados por fuerzas que operan a veces en el terreno penal, otras en lo político, y por supuesto en los dos ámbitos.

A pesar de ello, en la sociedad y los poderes públicos que no forman parte de la fiscalía y el Poder Judicial predomina la idea de que esta es una cruzada estrictamente penal. En esta visión es decisivo el proceso de investigación, las evidencias, las pruebas y los plazos procesales. Alrededor de ello se han librado batallas cruciales para defender la independencia de los magistrados y la continuidad de los procesos frente a las dilaciones, una épica muy significativa respecto a los otros procesos de lucha contra la corrupción.

La prensa ha jugado en este proceso un papel precursor y determinante al mismo tiempo. Sus primeros hallazgos fueron seguidos de otros más complejos y profundos. La judicialización de la política conllevó a la judicialización de la prensa, en una dinámica antes nunca vista, elevando el papel político de los medios de comunicación. A pesar de ello, para la mayoría de medios, la demanda de ética de los gobernantes es una opción legítima de la búsqueda de la verdad, con propósitos no necesariamente políticos.

Es por ello explicable que el período más álgido de la lucha contra la corrupción coincida con el momento en que la reforma política pierde centralidad. Esta brecha, que podría denominarse como de alta demanda ética con baja demanda de reforma, debe ser analizada especialmente en referencia a los actores públicos.

La impunidad ha sacado a las calles a importantes sectores ciudadanos, pero ahora mismo sería una ilusión aspirar a que por lo menos la mitad de los manifestantes que se movilizaron contra la impunidad lo hagan para demandar reformas de la política. De hecho, la impunidad en el Perú tiene un rostro básicamente penal, asociado a la justicia.

Esta brecha es potencialmente peligrosa, especialmente si los partidos –léase programas, líderes y organizaciones– antes asociados al concepto “cambio político” se oponen mayoritariamente a los 12 proyectos de la Comisión Tuesta enviados por el Gobierno al Congreso. En ese escenario, la falta de politización de la demanda de ética pública es ahora la principal limitación de esta.

No debería esperarse que sean los fiscales o jueces los que realicen esta asociación; no es su papel, ni lo correcto. Este desafío debería ser asumido por los grupos políticos que se consideran no vinculados a los casos en curso, los militantes de base de los partidos llamados a renovarse o morir, los poderes públicos con mandatos para el cambio –especialmente el Ejecutivo– y los medios de comunicación. Para ellos, para todos, esta politización de la ética pública tiene plazos.


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