"Junto a lo urbano, nueve regiones, la mitad del territorio nacional, se mantienen en un nivel de pobreza de más de un tercio de su población”.,Las reacciones al reciente informe Evolución de la pobreza monetaria 2007-2018, que ha elaborado el INEI en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), reiteran la constante de opiniones muy diferenciadas sobre las políticas sociales, que son de plena complacencia con lo general o de pesimismo irreductible respecto a los detalles. Es cierto que a esto contribuye el INEI, que nuevamente se comporta como una oficina de imagen del Estado, resaltando las buenas cifras y ocultando las malas. En una apreciación ponderada, deben ponerse en el mismo plano dos datos que dialogan seriamente: el 2018 se redujo la pobreza monetaria en 1,2% y por lo tanto 313 mil peruanos dejaron de ser pobres, en tanto que, en el área urbana, si bien la pobreza bajó 0,7% en números –no en porcentajes– se han incrementado los pobres en más de 200 mil en relación a los resultados del año 2016. En este diálogo complejo entre lo general y lo específico habría que reconocer una mayor velocidad en la caída de la pobreza rural, que ha bajado 19 puntos en ocho años (de 61% a 42%) contra la pobreza urbana que apenas ha caído menos de 6 puntos en el mismo período (de 20% a 14.4%). Se puede anotar otro tanto respecto a las regiones naturales: en el período 2010-2018, por cada tres puntos de pobreza que se bajó en la sierra, solo se redujo un punto de pobreza en la costa. Es desafiante la reducción de la pobreza en las zonas donde esta cayó sostenidamente desde el año 2001 pero que desde hace unos años evoluciona muy lentamente, la costa y el país urbano. Esta resistencia se debe a las limitaciones del financiamiento y a las múltiples formas que asume allí la vulnerabilidad social, a diferencia de las zonas rurales, con una pobreza más homogénea. El correlato político de estos datos es más relevante de lo que se piensa, en un sentido distinto a la explicación inmediatista –y extremadamente relativa– que cree que existen más conflictos donde hay más pobreza. Los desagregados deberían incidir en ajustes de la actual política social plana, y en favor del registro de la evidencia y la sistematización de logros y fracasos, para desde ellos construir experiencias propias y exitosas. En cada caso –pobreza, pobreza extrema, anemia, desnutrición, saneamiento, producción, escolaridad– existe un registro de avances y retrocesos. Como punto de partida debería aceptarse el fracaso relativo de la lucha contra la pobreza urbana, y asumir el desafío de reformularla a propósito de una nueva gestión en el MIDIS luego de la desastrosa y turbulenta experiencia inmediatamente anterior. La actual ministra, que fue crítica severa del programa Prospera, tiene ahora la oportunidad de mostrar avances contra la pobreza en las ciudades. A pesar de los discursos triunfalistas, los indicadores resistentes asoman como elementos de una discusión de fondo de cara al 2021. Junto a lo urbano, nueve regiones, la mitad del territorio nacional, se mantienen en un nivel de pobreza de más de un tercio de su población, por lo menos 13 puntos por encima del promedio nacional. No se pueden negar los logros, pero la política está obligada a comprometerse con soluciones. http://juandelapuente.blogspot.com
