Por amplia mayoría, el TC declara que la “Ley Mordaza” es inconstitucional

Seis votos contra uno. Por considerar que afecta a derechos fundamentales como el del acceso a la información o la contratación con fines lícitos, el órgano supremo decidió anular la norma que prohibía al Estado la adquisición de espacios publicitarios en los medios de comunicación privados.

Seis votos contra uno. Por considerar que afecta a derechos fundamentales como el del acceso a la información o la contratación con fines lícitos, el órgano supremo decidió anular la norma que prohibía al Estado la adquisición de espacios publicitarios en los medios de comunicación privados.

Por seis votos contra uno, el Tribunal Constitucional (TC) declaró la inconstitucionalidad de la ley aprobada en junio en el Congreso, la cual prohibía al Estado la contratación de publicidad en los medios de comunicación privados.

También se le conoce como la "Ley Mordaza".

Una vez que esta norma auspiciada por el congresista aprista Muricio Mulder fue votada por insistencia con el generoso respaldo de Fuerza Popular, un grupo de congresistas presentó una acción de inconstitucionalidad, argumentando que violaba derechos fundamentales, como el que tienen los ciudadanos de acceder a información.

El Ejecutivo también presentó una acción similar.

Entonces, lo que hizo el TC fue juntar ambas causas y proceder a su análisis y debate.

La sesión en la que cada una de las partes expuso sus respectivas posiciones se desarrolló en agosto, en Arequipa.

En un contexto en el que algunos rumores periodísticos apuntaban a que el TC, finalmente, optaría por mantener la "ley Mulder" vigente, no dejó de sorprender que la votación final fuera tan contundente.

De los siete magistrados, seis votaron por la inconstitucionalidad: Ernesto Blume (presidente del TC), Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos, Augusto Ferrero, José Luis Sardón y Manuel Miranda.

Mientras que Marianella Ledesma sí defendió la tesis de que la ley no era inconstitucional.

El fallo no ha sido publicado aún, aunque el ponente de la causa, el magistrado Ramos, informó que el texto –que es bastante amplio– será colgado en la web del TC el lunes 22.

Ledesma también entregará su voto singular.

Según fuentes del TC, una vez que el fallo ya esté colgado, el Estado estará de nuevo habilitado para contratar espacios publicitarios en los medios privados. Con la "ley Mulder" solo puede usar los medios estatales, lo que, tal como han insistido diversos voceros del gobierno, limita demasiado las opciones para informar de hechos relevantes a los ciudadanos.

Infracción

La noticia de la decisión adoptada por el TC se conoció hacia el mediodía. A la una y media, Blume, secundado por Ramos y Espinosa-Saldaña, explicó las razones jurídicas del fallo.

Blume fue enfático. Señaló que luego de un "amplio debate", en el que cada una de las partes tuvo la posibilidad de defender sus respectivas posiciones, el Pleno del TC llegó a la conclusión de que la "ley Mulder" sí incurre en infracción constitucional y, por ese motivo, se optó por declararla "nula".

El TC estimó que la "Ley Mordaza" iba en contra de derechos fundamentales consagrados en la Constitución, entre ellos el de la libertad a la información y el de la contratación con fines lícitos.

Blume insistió en que el derecho a la información es fundamental en cualquier democracia que se precie de serlo y que, además, es de "amplia cobertura".

"El pueblo tiene derecho a informarse de la marcha del Estado", explicó Blume.

Debe recordarse algo que es clave en esta historia: la 'ley Mulder' le ha traído serios problemas de comunicación y planificación al Estado peruano.

Por ejemplo, de acuerdo con los Datos Abiertos de la Secretaría de Gobierno Digital, hay 2.212 instituciones públicas fuera de Lima que atienden a casi 21 millones de peruanos y que se han visto afectados por la prohibición de anunciar en medios de comunicación privados.

Así, el Ministerio de Salud necesita difundir campañas de vacunación, despistajes, prevención de epidemia, entre otros. Por su parte, el Ministerio de Educación debe comunicar a la población sobre la convocatoria para el inicio del año escolar, sobre la carrera docente y más.

Asimismo, el Minagri necesita comunicar sobre la prevención de plagas, cuidado animal o asuntos relacionados con la prevención frente a las heladas y el friaje.

Y finalmente, los gobiernos locales tampoco pueden difundir información clave sobre recaudación de impuestos o programas sociales.

Uno de los argumentos esbozados por los promotores de la ley que prohíbe la contratación de publicidad estatal en medios privados es que los medios públicos (TV Perú, Radio Nacional o El Peruano) pueden ofrecer dicho servicio.

Sin embargo, el alcance que tienen estos –fuera de Lima y Callao– está muy lejos de resultar suficiente. Por eso se buscaba revertir la norma.

Todo este problema generado en la política de comunicación del Estado debería solucionarse a partir de que la decisión del TC sea publicada.

Regulación 

Se sabe que el amplio fallo del TC, al tiempo que anula la "ley Mulder", discute la necesidad de que la publicidad estatal cuente con algún mecanismo de regulación, pero sin que este afecte el derecho a la libertad de información.

De hecho, hay un proyecto que apunta hacie ese sentido, que es de la vicepresidenta y congresista de Peruanos Por el Kambio, Mercedes Aráoz.

Ella saludó al TC y aprovechó para decir que rescatará su iniciativa para debatirla.

Quien también se pronunció, como es obvio, fue el legislador Mulder (leer nota aparte). Dijo que ahora apuntará a una ley que plentee una regulación. Eso sí, se dio tiempo para arremeter en contra de los magistrados del TC, de quienes dijo "ya están de salida".

La "ley Mulder" se aprobó el 14 de junio. Casi cuatro meses después, el TC se pronunció por su anulación. Duró poco. 

Gremios de prensa respaldan la sentencia 

Los gremios de prensa respaldaron el fallo que declara inconstitucional a la 'Ley Mordaza', porque garantiza el derecho a la información de la ciudadanía. “Este fallo, que respeta la tradición garantista del Tribunal, habilita al Estado a cumplir con el deber de mantener informado al ciudadano”, señaló el Consejo de la Prensa Peruana (CPP). Mediante comunicado, el CPP reiteró la necesidad de  iniciar un debate amplio que conduzca a la aprobación del reglamento de la Ley 28874, que regula la publicidad estatal. Indicó que el objetivo es que la normativa "garantice el buen uso de los recursos públicos, establezca criterios objetivos para la distribución de la pauta publicitaria del Estado, así como mecanismos para fiscalizar y sancionar a funcionarios que incumplan la norma".

Para la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que preside Roberto Mejía Alarcón, el tema ahora es ¿quién resarce el perjuicio ocasionado a los periodistas autogestionarios del interior?, pues hay una veintena de programas periodísticos forzados a cerrar por ausencia de publicidad estatal. Finalmente, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), felicitó al TC por "haber fallado a favor de la libertad de expresión e información de todos los peruanos".

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