Más de 8 mil magistrados son investigados por corrupción y faltas a la ética

Cadena de sobornos. Además de jueces y fiscales, efectivos de la Policía Nacional y abogados forman parte de una estructura corrupta de negociaciones de justicia. La OCMA viene recibiendo quejas y denuncias en cada distrito judicial.

7 Ago 2018 | 7:15 h

Cadena de sobornos. Además de jueces y fiscales, efectivos de la Policía Nacional y abogados forman parte de una estructura corrupta de negociaciones de justicia. La OCMA viene recibiendo quejas y denuncias en cada distrito judicial.

Solo hace falta recorrer los alrededores del Ministerio Público, el Poder Judicial y otras dependencias públicas para darnos cuenta de que el “negocio de la justicia” dentro de estas instituciones es un cáncer, casi normalizado, en los procesos que se llevan a cabo.

Cadena de corrupción

Jueves 26 de julio,10:30 de la mañana. Poder Judicial Lima-Norte. La Oficina de control de la Magistratura (OCMA) ha colocado una mesa en una de las aulas del primer piso para recibir denuncias de litigantes que quieren revelar el mal comportamiento de los funcionarios que llevan sus casos.

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Algunas personas se alteran al contar sus casos. Otras salen tranquilas con una ficha de denuncia para llenar y hacer efectiva su queja.

“Ellos trabajan a su favor”, cuenta una de las señoras que acaba de hacer su denuncia. Su esposo, aún detenido en el penal, ha debido salir hace un mes, pero como las fechas han vencido en su caso y los funcionarios públicos le vienen ejecutando documentos con data anterior, su proceso está estancado.

“El abogado me ha pedido S/ 700, pero yo no le he dado nada”, dice en otro momento de nuestra conversación. Prefiere no identificarse y sigue llenando la ficha que le han entregado en la oficina de la OCMA.

El mecanismo que han usado con ella usualmente se utiliza en casos penales: el abogado solicita una suma que, aparentemente, le pide el juez para favorecer su caso. Esta práctica es bastante frecuente en los “abogados estafadores”, como los llama el exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) Mario Amoretti.

“El abogado dice ‘voy a conseguir una sentencia a tu favor’. En muchos casos, la libertad procede, pero el dinero nunca llegó al destino o si no sale dicen ‘el juez no da recibos’”, cuenta Amoretti, quien agrega que en el CAL hay quince abogados suspendidos y cerca de veinte amonestados por malas prácticas.

“Hay muchos sinvergüenzas que son lobistas y que dicen haber hablado con el fiscal, con el juez, que han arreglado en tanto, y a veces ni el juez ni el fiscal están enterados de estas prácticas corruptas. Pero tampoco se han tomado medidas para evitarlo, y eso es una autocrítica que deben hacerse las instituciones”, señala el ex fiscal supremo Víctor Cubas.

El primer contacto: Policía Nacional

Uno de los primeros eslabones de una gran cadena de corrupción a la que se enfrenta un ciudadano en su día a día es la Policía Nacional, que es el primer contacto que tenemos con la justicia.

“Algunos malos policías te dicen: ‘¿Cómo quieres el atestado? ¿Blanco?, ¿plomo? ¿o negro?’. Blanco, sale libre de polvo y paja; plomo, tiene responsabilidad compartida; y negro, eres responsable totalmente”, cuenta el abogado Mario Amoretti recordando que alguna vez intentaron pedirle dinero por un caso.

Según cifras de Inspectoría de la Policía Nacional, se han registrado cuarenta y nueve denuncias de soborno a policías en lo que va del año. Estos casos vienen siendo investigados dentro de la institución.

Denuncias a jueces y fiscales

Todos los fiscales y jueces que cometen un delito (hasta el nivel superior) son investigados por el órgano de control interno del Ministerio Público; y los jueces supremos, a nivel jurisdiccional, a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La Fiscalía de Control interno tiene como función investigar la conducta funcional de los fiscales desde el punto de vista administrativo. Sin embargo, cuando a los magistrados se les atribuye la comisión de delito, pasan a una investigación preliminar para que el mismo fiscal de la Nación se pronuncie aprobando o no el procesamiento de un magistrado y pase a ser investigado por la fiscalía encargada de delitos cometidos por funcionarios públicos.

Hasta junio de este año, la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público ha registrado 8.046 denuncias (de tipo penal) sobre fiscales, jueces y trabajadores; de estas denuncias, están bajo proceso 7.904. Mientras que la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios (cualquiera que ocupe un cargo público en el estado) tiene 5, 811 denuncias de las cuales ha atendido 5, 343.

Por su parte la OCMA tiene a 74 jueces investigados por faltas graves a la ética. Diez magistrados con propuesta de destitución y 10 auxiliares con el mismo pedido. Además, 47 magistrados y siete auxiliares suspendidos.

En los 35 distritos judiciales la OCMA registra 2 568 quejas de litigantes (quejas por desacato disciplinario o administrativo y denuncias por corrupción). Cuando estos casos conforman una figura penal pasan a ser investigadas por el Ministerio Público.

Sin embargo, la propia corrupción dentro de los órganos de control, sumado a la carga procesal, hace que muchas de estas denuncias queden sin efecto.

“Esa visión formalista no funciona en los órganos de control. Yo, a usted juez, que se sabe que ha prevaricado en las esferas inferiores porque le han regalado un pasaje a Centroamérica, por ejemplo, lo denuncio. Él puede hacer su descargo, alargar el proceso amparándose en la prescripción y la caducidad; y estos son mata-procesos en los órganos de control en el Poder Judicial”, señala la exjefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Rosa Mavila, quien cree que existe una alianza ideológica y sistémica que llevan a una interpretación restrictiva donde casi nada es infracción.

Por este motivo, magistrados que han cometido faltas graves y que ameritan una destitución, terminan con una simple multa o amonestación.

“Hay un círculo vicioso que ha sido visto, pero no se ha querido solucionar. Es posible que haya algunos funcionarios de niveles más bajos o intermedios que soliciten un pago que vulgarmente se llama coima y que el jefe (juez o fiscal) no se entere; pero esto también es una deficiencia que se debe a la misma organización. El fiscal o juez debería estar atento a lo que sucede en su despacho para evitar estas situaciones”, señala el exfiscal supremo Víctor Cubas.

El eslabón más vulnerable

Los litigantes son quienes terminan siendo la parte más afectada de toda esta cadena de corrupción. Las coimas que pagan pueden incrementarse hasta en un 300%, dado el nivel de justicia en el que hacen la negociación.

Existen dos tipos de litigantes, a quienes se les conoce como “inexpertos” o “profesionales”.

Los litigantes “inexpertos” son aquellos que inician un proceso por primera vez y contratan a un abogado para su defensa. Este personaje es quien generalmente hace de intermediario entre la autoridad y el ciudadano.

Los litigantes “profesionales” son aquellos que reiteradamente enfrentan procesos con la justicia y pagan, mensualmente, por un abogado permanente que apenas se entera de una nueva denuncia acude a defenderlo. Este tipo de litigante, en la mayoría de los casos, trata directamente con la autoridad. En algunas oportunidades ya ni siquiera depende de un abogado y actúan solos.

“El procesado a veces vende hasta lo que no tiene para obtener la libertad del hijo, o accede a una relación sexual por parte del funcionario”, señala Amoretti.

Momentos como este, en el que la herida de la corrupción está abierta, vale que los ciudadanos sean los primeros en fiscalizar el trabajo de los funcionarios de justicia y que no aviven más esta telaraña de corrupción.

La OCMA se pronuncia

- A raíz del escándalo de los CNM audios, la Oficina de Control de la Magistratura ha aclarado, en un comunicado, que en la gestión de la doctora Ana María Aranda, actual jefa de la OCMA, se han impuesto 3.600 medidas disciplinarias y se ha capacitado a magistrados y trabajadores como actividad preventiva.

- Además, los procedimientos para recibir las denuncias de los ciudadanos se han modernizado para proteger la identidad de quienes quieran reportar sus casos.

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