Ahora que el Ministerio Público anunció que denunciará penalmente a los responsables, sorprendentemente periodistas y columnistas que jamás han salido de sus oficinas para entrevistar a las shipibas o quechuas afectadas que residen en sus respectivos pueblos a miles de kilómetros de distancia, ni han hablado con ninguna de las más de 4 mil inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, critican la decisión de la autoridad responsable del caso.,Donde hay impunidad, el periodista está obligado a buscar justicia. Más de 40 años después de haber planeado y dirigido el secuestro, tortura y asesinato de tres jóvenes activistas de los derechos civiles en Misisipi, el reportero de investigación Jerry Mitchell ubicó y logró entrevistar al líder local del Ku Klux Klan, Edgar Ray Killen, un anciano de 80 años de aspecto bonachón que parecía que en su vida hubiera matado a una mosca. Gracias al trabajo de Mitchell, del diario The Clarion-Ledger, Killen fue sentenciado a 60 años de cárcel: 20 años por cada homicidio. ¿Se imaginan si Jerry Mitchell hubiera sido uno de esos periodistas a quienes les importa un bledo la impunidad? ¿O negase que ocurrieron los crímenes de odio? Nunca se habría castigado al cabecilla e inspirador de la atroz masacre de Misisipi. Precisamente porque la esterilización masiva de mujeres, especialmente indígenas y analfabetas, todavía es un caso impune. En La República volvimos a investigar el caso porque en un discurso en la Universidad de Harvard, la candidata Keiko Fujimori atribuyó la responsabilidad a los médicos, a los que ubicamos y recogimos sus testimonios. Con documentos en la mano, estos demostraron que el régimen de Alberto Fujimori ordenó las intervenciones quirúrgicas masivas y compulsivas. Ahora que el Ministerio Público anunció que denunciará penalmente a los responsables, sorprendentemente periodistas y columnistas que jamás han salido de sus oficinas para entrevistar a las shipibas o quechuas afectadas que residen en sus respectivos pueblos a miles de kilómetros de distancia, ni han hablado con ninguna de las más de 4 mil inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, critican la decisión de la autoridad responsable del caso. Con espectacular alarde de ignorancia alegan no solo que no existieron las intervenciones quirúrgicas sino que hay una motivación política. Qué cómodo es escribir tonterías negacionistas sin despegar el trasero de sus mullidos sillones. Desde los años 90 seguimos el caso y no dejaremos de publicar hasta que se aplique justicia y termine la impunidad, como logró conseguirlo Jerry Mitchell.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Domingo 24 de Noviembre del 2024