¿Y Honduras?

La renuncia de Jiménez denuncia la voluntad de encubrimiento de actos de corrupción del gobierno de Hernández, de otros grupos políticos en el Congreso y desnuda la relativa desidia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para respaldar con más firmeza las iniciativas de la MACCIH. 

La renuncia de Jiménez denuncia la voluntad de encubrimiento de actos de corrupción del gobierno de Hernández, de otros grupos políticos en el Congreso y desnuda la relativa desidia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para respaldar con más firmeza las iniciativas de la MACCIH. 

A propósito de la realización de la VIII Cumbre de las Américas el próximo abril en nuestra capital, la atención se ha centrado en la participación del presidente Nicolás Maduro. Pero con razón, algunos comentaristas internacionales señalan que no debemos ignorar la situación de otros países, como Honduras. Este caso pone sobre el tapete importantes cuestionamientos a la acción de la Organización de Estados Americanos (OEA), especialmente después de la renuncia de nuestro compatriota, el ex presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, como jefe de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). 

La MACCIH se formó a inicios de 2016, con el apoyo de la OEA y la Unión Europea, después del descubrimiento de un millonario desfalco de más de 350 millones de dólares al Instituto de Seguridad Social, intentando seguir el antecedente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el apoyo de la ONU. Este dinero habría servido, entre otras cosas, para financiar la campaña electoral del Partido Nacional de Honduras, actualmente en el poder con el presidente Juan Orlando Hernández. La renuncia de Jiménez denuncia la voluntad de encubrimiento de actos de corrupción del gobierno de Hernández, de otros grupos políticos en el Congreso y desnuda la relativa desidia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para respaldar con más firmeza las iniciativas de la MACCIH. 

No son los únicos cuestionamientos que recaen sobre Hernández. Este logró que la Corte Suprema de Justicia aprobara cambios constitucionales que le permitieron postular a la reelección en las elecciones de noviembre pasado. No debe olvidarse que la acusación de pretender implementar cambios constitucionales para reelegirse fue la justificación para el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en 2009. Las elecciones fueron muy reñidas, el conteo de votos muy lento y lleno de irregularidades, y el resultado oficial dio una diferencia de apenas 50,000 votos entre Hernández y el principal candidato opositor. El Tribunal Supremo Electoral, en medio de fuertes cuestionamientos, aceptó realizar un reconteo parcial de votos, que no impidió una fuerte ola de protestas, que han dejado varios fallecidos. 

La polarización y conflictividad en Honduras, país considerado tradicionalmente estable en términos políticos, hay que entenderla en el marco del final del bipartidismo tradicional, imperante hasta el 2009. Después de la caída de Manuel Zelaya, del Partido Liberal, este grupo entró en un proceso de división y fragmentación interna. El Partido Nacional, de derecha, logró volver al poder en 2010 con el presidente Porfirio Lobo, y desde entonces pudo mantenerse, logrando una continuidad inédita en la historia hondureña. La hegemonía conservadora genera tensión y rechazo entre sectores liberales de izquierda y grupos movilizados en contra de la corrupción y de los arreglos clientelistas tradicionales. Pero lo que está en juego en Honduras no es solo un predominio conservador cuestionado por opositores políticos. La renuncia de Jiménez tiene como trasfondo la denuncia de la presencia de una red de sobornos en el Congreso, que afecta a diputados de varios grupos políticos, que habría movilizado más de 60 millones de dólares; y la aprobación de una ley en el Congreso que limita la capacidad de fiscalización de la MACCIH y deja en un poco autónomo Tribunal Superior de Cuenta la potestad de investigar el manejo de los fondos públicos, en lo que parece un pacto del conjunto de la elite política hondureña por la impunidad.
 

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