La ONU denuncia que el régimen de Ortega mantiene a una treintena de personas en desaparición forzada en Nicaragua
Expertos de Naciones Unidas atribuyeron al aparato estatal de Nicaragua detenciones arbitrarias, torturas, persecución política y muertes bajo custodia que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La República en GoogleLa ONU denunció que 29 personas permanecen en paradero desconocido en Nicaragua tras haber sufrido desaparición forzada desde 2018. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos atribuyó al aparato estatal una serie de abusos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, entre ellos detenciones arbitrarias, torturas, persecución política y muertes bajo custodia.
El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, documentó al menos 161 casos de desaparición forzada desde 2018. De ese total, 29 personas continúan desaparecidas. Los expertos reclamaron al Gobierno de Daniel Ortega información sobre su ubicación y una investigación de las muertes registradas en centros de detención.
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Para el grupo, los casos muestran un patrón de abusos contra personas consideradas opositoras y una falta de investigaciones independientes sobre las circunstancias de sus muertes.
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Brooklyn Rivera: el caso que expone la crueldad estatal
Brooklyn Rivera, fundador y presidente del partido indígena YATAMA, fue detenido el 29 de septiembre de 2023 en Bilwi, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Según el informe, agentes policiales ingresaron a su vivienda sin presentar una orden judicial ni de allanamiento.
Durante su reclusión, sus familiares no recibieron información suficiente sobre las razones de su detención ni sobre el lugar donde permanecía. El Grupo de Expertos señaló que Rivera pasó largos periodos en desaparición forzada, con visitas restringidas y condiciones de aislamiento.
Las autoridades anunciaron su muerte el 31 de mayo de 2026, después de casi tres años bajo custodia. Cuatro días antes habían difundido fotografías del dirigente en una cama hospitalaria. Los expertos cuestionaron la versión oficial y señalaron que el Estado no entregó la historia clínica completa ni permitió una autopsia independiente.
Reed Brody, miembro del grupo, afirmó que el Gobierno “quitó a Rivera su libertad, luego su salud y, por último, la vida”.
Expertos denuncian torturas, persecución y falta de atención
El informe señala que ocho personas murieron bajo custodia estatal desde 2018. Entre ellas figuran Eddy Antonio Montes, Santos Sebastián Flores, Jorge Hugo Torres, José Modesto Solís, Humberto Ortega, Mauricio Francisco Alonso y Carlos Alberto Cárdenas, además de Rivera.
Los expertos documentaron problemas de acceso a medicamentos, tratamientos especializados, agua potable y alimentación adecuada. En el caso del dirigente miskito, también señalaron que padecía problemas respiratorios y necesitaba atención médica durante su reclusión.
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos, sostuvo que “un Estado que recurre a las desapariciones forzadas y permite que las personas mueran bajo custodia no cumple las normas mínimas de derechos humanos exigidas para una gobernanza democrática creíble”.
La ONU exige liberar detenidos
Los expertos pidieron al Gobierno de Nicaragua revelar el paradero de las personas desaparecidas, liberar a todos los detenidos por motivos políticos e investigar las muertes bajo custodia.
También exigieron devolver los restos de Rivera a su familia y a la comunidad miskita. El informe sostiene que la falta de investigaciones independientes favorece la continuidad de los abusos.
Tras la muerte del dirigente indígena, al menos seis familiares y dos personas cercanas a él fueron detenidos, según la documentación recopilada por Naciones Unidas. El grupo reclamó una investigación pública, independiente y transparente sobre las circunstancias de su fallecimiento.
