Reforma de Kast es cuestionada por la posible pérdida de libertades y su riesgo para la democracia en Chile

La propuesta de reforma constitucional impulsada por el presidente de Chile, José Antonio Kast, para ampliar las herramientas contra el crimen organizado enfrenta un rechazo transversal que excede las diferencias entre Gobierno y oposición. El principal foco de controversia es la creación de un nuevo estado de excepción que permitiría al mandatario restringir derechos fundamentales durante un período de hasta 240 días sin autorización parlamentaria inicial.

El proyecto, ingresado al Senado como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), contempla restricciones a la libertad personal, de desplazamiento y de reunión, además de facultades para interceptar comunicaciones y documentos, requisar bienes y ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.

También establece mecanismos para identificar oficialmente a organizaciones criminales y terroristas.

La amplitud de esas atribuciones provocó reparos incluso dentro del oficialismo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que, aunque su partido comparte el objetivo de enfrentar al crimen organizado, "en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad".

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) también cuestionó la extensión de las facultades presidenciales. A su juicio, un estado de emergencia de hasta 240 días sin intervención del Congreso "linda con algo que a mí me parece tremendamente peligroso".

Desde la oposición, el rechazo es igualmente contundente. El expresidente Gabriel Boric pidió adoptar "una posición clara y firme respecto de esta reforma constitucional" y cuestionó la posibilidad de establecer un estado de sitio de 240 días con atribuciones exclusivas del presidente, calificándolo como una "limitación de libertades que no se había visto, inédita en la democracia chilena".

En la misma línea, el senador Matías Walker (Demócratas) llamó al Gobierno a retirar el proyecto: "Después de la crítica transversal que ha habido respecto de la reforma constitucional, lo más aconsejable es que el Gobierno retire el proyecto, haga un trabajo prelegislativo y podamos generar las reformas que generen consenso y que sean eficaces para el objetivo de perseguir el crimen organizado".

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La advertencia de los constitucionalistas

Las críticas no se limitan al ámbito político. Para Javier Couso, abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, "la reforma no es en ningún caso necesaria para combatir al crimen organizado y el terrorismo en Chile". Además, indicó para EFE que "no hay nada en la Constitución chilena que impida los objetivos de la agenda de seguridad".

Couso consideró la iniciativa como "sustancialmente peligrosa para la democracia", debido a que el nuevo estado de excepción entregaría al presidente "poderes casi omnímodos" sin un acuerdo previo del Congreso.

Para Diego Pardo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, el problema está en la concentración de atribuciones. Se "tensiona el principio democrático" con cualquier reforma que concentre poder en el Ejecutivo sin contrapesos temporales y parlamentarios adecuados, señaló.

Entre los aspectos que más le preocupan está la posibilidad de interceptar comunicaciones sin orden judicial. Pardo recordó que esta herramienta fue utilizada por la Central Nacional de Informaciones (CNI) contra opositores políticos durante la dictadura.

Por su parte, Francisco Zúñiga, abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Chile, calificó la iniciativa como "populismo constitucional". Según el especialista, presentar una reforma constitucional como respuesta al problema de seguridad supone "una solución mágica" que puede terminar siendo "irresponsable".

Seguridad y controles democráticos

El Gobierno sostiene que las nuevas facultades buscan intervenir sectores donde la acción de las organizaciones criminales resulta particularmente difícil. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la propuesta al señalar que se pretende "intervenir ciertas zonas donde operan grupos terroristas o el crimen organizado, que es de difícil penetración".

Sin embargo, los cuestionamientos apuntan a que el problema de la seguridad no se resolvería necesariamente ampliando las atribuciones presidenciales.

El experto en seguridad de la Universidad de Santiago Jorge Araya afirmó que "lo más efectivo no está en la agenda" y cuestionó un supuesto "afán del Gobierno por mostrar que está haciendo algo en materia de seguridad, pero evitando lo realmente necesario: inyectar más recursos para fortalecer nuestras instituciones".

La discusión tendrá ahora un escenario decisivo en el Congreso. Al tratarse de una reforma constitucional, necesita cuatro séptimos del Senado, equivalentes a 29 votos. El escenario actual aparece complejo para el Ejecutivo debido a las divisiones en sus propias filas y al rechazo de sectores opositores.

La propuesta deberá ser revisada por las comisiones de Constitución, Defensa y Seguridad Pública antes de llegar a la Sala. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de contar con herramientas extraordinarias frente a organizaciones criminales cada vez más estructuradas, sus detractores advierten que el remedio puede terminar afectando precisamente aquello que busca proteger.