Cacería de ICE deja cerca de 500 inmigrantes arrestados en Barrio Obrero, muchos de ellos sin historial delictivo

Barrio Obrero, cuna de la comunidad dominicana en Puerto Rico, actualmente vive en una situación de miedo. Las deportaciones migratorias de ICE han desbordado calles y comercios, transformando el barrio en un sitio casi fantasmal. Desde enero, cientos de personas fueron arrestadas, principalmente dominicanas.

En el centro de San Juan, los residentes describen su realidad como la de una “ciudad sitiada”, donde actividades cotidianas como hacer compras o llevar a los niños a la escuela pueden derivar en arrestos sin orden judicial ni aviso previo. Esta situación evidencia el fuerte impacto que ha tenido la aplicación de esta política federal en la isla.

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¿Cómo afectan las redadas de ICE a la comunidad de Barrio Obrero en Puerto Rico?

Las redadas migratorias transformaron profundamente la vida en Barrio Obrero. La actividad comercial se redujo notablemente, al igual que la matrícula escolar, y muchas familias ahora viven bajo un clima constante de temor. Varias personas han sido detenidas en plena vía pública, en iglesias o incluso mientras hacían compras. La incertidumbre es tan abrumadora que muchos prefieren no salir de sus casas ni abrir la puerta. “Uno no sabe cuándo van a llegar para arrestarte, a veces sin una orden judicial ni explicación alguna. Es algo aterrador”, expresó la reverenda de la Iglesia Metodista de San Pablo.

Desde de enero, más de 440 inmigrantes han sido detenidos en la isla, siendo el 72% de ellos dominicanos. Pese a que las autoridades sostienen su atención en personas con antecedentes delictivos, únicamente el 16% de los arrestados posee un historial delictivo. La mayoría ha sido detenida por motivos administrativos, lo que ha provocado un intenso sentimiento de persecución en una comunidad que anteriormente consideraba a Puerto Rico como un sitio seguro.

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¿Cómo han reaccionado las organizaciones locales para apoyar a los inmigrantes tras redadas de ICE?

Frente al aumento de la vulnerabilidad de la comunidad migrante, las entidades locales han actuado con medidas específicas. La Iglesia Metodista de San Pablo, bajo la dirección de la pastora Nilka Marrero, ha transformado su templo en un centro de asistencia, proporcionando alimentos, vestimenta y en el futuro asistencia legal y psicológica. Voluntarios acuden a domicilios para brindar ayuda a aquellos que tienen miedo de salir.

La ACLU de Puerto Rico, en colaboración con el Colegio de Médicos, brinda telemedicina, orientación jurídica y promueve leyes que restrinjan la intervención de ICE en espacios delicados como colegios y hospitales. A pesar de que su aprobación es incierta, intentan proteger la dignidad en situación de vulnerabilidad. "En cualquier parte de Estados Unidos es terrible, pero en el caso de Puerto Rico es peor", dijo Annette Martínez Orabona, directora de la ACLU en Puerto Rico.

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