Hombre es condenado a 146 años de cárcel por encargar y grabar abusos sexuales a menores en España

El condenado ofrecía dinero a mujeres para que atentaran contra la integridad de menores durante videollamadas, mientras él registraba las escenas desde su casa en Sevilla, España.

La investigación permitió identificar a 15 víctimas entre uno y ocho años, así como colaboraciones de adultos. Foto: Difusión
La investigación permitió identificar a 15 víctimas entre uno y ocho años, así como colaboraciones de adultos. Foto: Difusión

La Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto una condena ejemplar de 146 años de prisión a un hombre identificado como Javier C., hallado culpable de 35 delitos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales de menores. La gravedad del caso se sostiene en que el acusado no solo almacenaba contenido ilícito, sino que también organizaba y financiaba los actos desde su domicilio en España.

La investigación demostró que entre septiembre de 2022 y enero de 2023, el implicado utilizó plataformas de videollamadas para coordinar con mujeres en el extranjero una serie de transmisiones en vivo donde se exponía a menores a situaciones que atentan contra su dignidad. A cambio, estas personas recibían pagos que se realizaban a través de servicios como Western Union.

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Más de 3.000 archivos comprometidos hallados en su ordenador

El operativo policial se llevó a cabo el 3 de noviembre de 2022, cuando agentes ingresaron a la vivienda del acusado y confiscaron varios dispositivos electrónicos. En su ordenador, se encontraron programas de intercambio de archivos tipo P2P, como eMule y qBitTorrent, desde los cuales compartía y descargaba material sensible.

Durante el análisis, se hallaron 785 archivos con nombres explícitos que evidenciaban su contenido ilícito. Sin embargo, el punto más preocupante fue la localización de 257 videos etiquetados como “Mi grabación”, los cuales fueron capturados por el propio acusado durante sesiones en vivo, en las que observaba y dirigía las acciones cometidas contra menores de edad.

Además, se sumaron 3.422 imágenes y videos adicionales en los que se mostraba a menores en poses indebidas o en situaciones comprometedoras. Todo este contenido fue almacenado y organizado digitalmente por Javier C., quien actuaba desde Sevilla mientras mantenía contacto con personas radicadas en otros continentes.

Al menos 15 víctimas identificadas entre uno y ocho años

Los agentes lograron identificar 15 perfiles de personas adultas que colaboraron con el acusado y facilitaron el contacto con menores bajo su cuidado. En estos registros, se confirmó la participación de madres, e incluso algunas abuelas, que accedieron a las peticiones del procesado a cambio de compensaciones económicas previamente pactadas.

Las víctimas, con edades que iban desde un año hasta los ocho, fueron expuestas en tiempo real mediante aplicaciones como Skype, Facebook y Stripchat. Todas las sesiones eran grabadas por Javier C., quien posteriormente realizaba los pagos acordados. Las identidades reales de las personas adultas involucradas no han podido ser verificadas, ya que usaban perfiles falsos y operaban desde el extranjero.

  • 35 delitos cometidos: Incluyen corrupción de menores y distribución de contenido ilícito.
  • 257 grabaciones propias: Realizadas durante sesiones dirigidas desde Sevilla.
  • 3.422 archivos adicionales: Imágenes sensibles almacenadas en el ordenador.
  • 15 víctimas menores: Identificadas gracias al trabajo forense digital.
  • Plataformas utilizadas: Skype, Stripchat, Facebook, eMule y qBitTorrent.
  • Pagos internacionales: Transferidos mediante servicios como Western Union.

Agravantes económicas y trastorno mental parcial

El tribunal consideró una circunstancia atenuante por alteración psíquica, aunque la misma no impidió que el acusado llevara a cabo un plan meticuloso y sostenido. En cambio, se aplicó la agravante de actuar mediante promesa económica, dado que cada acto fue acordado a cambio de dinero.

La sentencia describe que el implicado actuó con fines personales, plenamente consciente del daño causado. “Los hechos constituyen un ataque directo contra los derechos y la libertad de los menores”, resalta el fallo. El resultado fue una condena de 146 años de prisión, una de las más altas impuestas en España en este tipo de delitos.

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