Gobierno de Milei discrimina a personas con discapacidad intelectual: decretó que sean llamadas "débiles mentales"

En Argentina, cualquier persona con algún grado de discapacidad intelectual será considerada “débil mental”, “im***” e “id***”, según decretó el Gobierno de Javier Milei, el cual fue publicado en el Boletín Oficial el 14 de enero de 2025. La medida del gobierno libertario ha sido rechazada ampliamente por organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad, que la consideran “un retroceso significativo en materia de inclusión y respeto”.

La aplicación de la normativa de Milei podría afectar gravemente a las personas con discapacidad intelectual en el país. Analistas advierten que usar términos despectivos no solo refuerza estigmas y prejuicios, sino que también "puede afectar la forma en que la sociedad ve a estas personas y limitar sus oportunidades de inclusión social y laboral". Usar este tipo de lenguaje en documentos oficiales va en contra de los principios de derechos humanos y representa un retroceso en los avances logrados.

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¿Qué dice el polémico decreto de Milei?

El anexo de la resolución detalla las definiciones de estas categorías: "El id*** no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, ... puede subsistir solo. El i*** no lee ni ... puede realizar tareas rudimentarias. El débil mental profundo solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias".

“En algunos casos, el diagnóstico puede no requerir la interconsulta de un especialista, como en el Síndrome de Down, cuadros demenciales en período de estado, debilidades mentales profundas, ya que los parámetros clínicos serán soberanos”, añade el texto. En la resolución publicada por la ANDis, se establece que las personas que deseen recibir asistencia económica estatal por invalidez laboral deben ser "evaluadas" según los criterios médicos establecidos en el Anexo I del Decreto 843/2024.

¿Qué motivó la implementación de este controvertido decreto?

El gobierno de Javier Milei intentó justificarse señalando que "la actualización de la terminología busca establecer criterios más claros y estrictos para la evaluación de la invalidez laboral", con el objetivo de evitar fraudes en la asignación de pensiones no contributivas. Sin embargo, esta justificación ha sido ampliamente cuestionada. La Asociación Civil por la Igualdad presentó un reclamo formal al Ejecutivo, y señalaron que "esta regulación implica un retorno al modelo médico de la discapacidad, y por lo tanto un grave retroceso para los derechos de este colectivo".

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El amplio rechazo de la sociedad civil y la comunidad internacional

La medida ha generado indignación tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones de DDHH y colectivos que representan a personas con discapacidad han condenado enérgicamente el uso de terminología que consideran “discriminatoria” y “estigmatizante”. Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), calificó el uso de estos términos como "un acto de violencia institucional sin precedentes" y añadió que "es un acto discriminatorio que muestra un profundo desconocimiento de las personas con discapacidad y de la normativa vigente en la Argentina sobre cómo referirse a ellas".

Además, expertos internacionales han expresado su preocupación. El catedrático Julen Bollain Urbieta, doctor en Estudios sobre Desarrollo y economista de la Universidad de Mondragón, afirmó: "El gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como 'id***', 'im***. Esto no solo es una violación de los acuerdos internacionales contra la discriminación, sino una barbaridad que nos retrotrae a épocas oscuras de la historia".