Presentan demanda en Ecuador para despenalizar el aborto: “El momento de defender la libertad”

El Movimiento Nacional Justa Libertad, un grupo de ocho organizaciones feministas y de derechos humanos, interpuso una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador para eliminar el delito de aborto señalado hace 152 años en el Código Penal.

En Ecuador, el aborto está permitido, pero únicamente en casos de violación o de riesgo para la vida y salud de la madre. El Movimiento busca, con la demanda, que la Corte declare inconstitucional el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal que castiga de 1 a 3 años a los médicos que practiquen el aborto y de 6 meses a 2 años a las mujeres que decidan abortar.

La vocera del movimiento, María Isabel Cordero, declaró a Primicias que esperan que la "Corte Constitucional reconozca que el aborto no es un delito, que no debe haber mujeres privadas de la libertad por haber abortado".

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Demanda en Ecuador busca despenalizar el aborto

Ana Vera, directora ejecutiva de Surkuna, en declaraciones a EFE, subrayó la importancia de que la Corte Constitucional se muestre a la altura de las circunstancias históricas actuales al abordar la demanda presentada. Vera enfatizó que el momento actual es crucial para la defensa de la libertad y argumentó que el país está preparado para enfrentar esta situación, así como destacar que esta acción representa un requisito básico dentro del marco de los derechos humanos.

Además, Vera argumentó que el aborto no debería estar sujeto a regulación penal, sino que debería ser considerado como un servicio de salud esencial y, así, garantizar su disponibilidad para todas las personas.

“Este es el momento de defender la libertad. Es ahora, el país está listo para esto y, además, este es un mínimo en el marco de los derechos humanos”, dijo Vera. “El aborto no debe ser regulado por el Código Penal, sino que debe ser reconocido como un servicio esencial de salud, en ese sentido, debe ser garantizado a todo el mundo”, aseguró.

Ana Vera sostiene que el respaldo de la opinión pública está a favor de su postura e hizo referencia a un estudio de Cedatos de 2021, el cual revela que un 80% de los ecuatorianos se opone a la criminalización de las mujeres por el acto de abortar.

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Según datos publicados por la Fiscalía en 2023, en la última década, 493 personas han sido enjuiciadas por el delito de aborto consentido en Ecuador y el 61% son mujeres.

Además, cifras del Ministerio de Salud de 2002 indican que diariamente 54 niñas, adolescentes y mujeres son hospitalizadas por emergencias obstétricas. Esta situación se agrava para las mujeres más vulnerables debido a la criminalización y estigmatización, tanto de ellas como del personal de salud, quienes enfrentan numerosos obstáculos y arbitrariedades al buscar acceder a servicios de interrupción voluntaria del embarazo, según señalan diversas organizaciones.

En este contexto, el movimiento Justa Libertad exhorta a la Corte reconocer los avances sociales, con el argumento de que la libertad reproductiva de las mujeres no debería estar restringida por un código penal que data de casi dos siglos atrás.