El Salvador aumenta penas a líderes de pandillas: sentencia máxima pasará de 45 a 60 años
El Congreso de El Salvador gobernado por Nayib Bukele aprobó reformas a la ley contra el crimen organizado para incrementar las sentencias para los cabecillas de las conocidas maras.
La República en GoogleEl Parlamento de El Salvador aprobó el último miércoles 26 de julio reformas a la ley contra el crimen organizado para aumentar las penas a los líderes de las pandillas o maras, además de la realización de procesos penales por estructura delictiva, lo cual eliminaría los casos individuales.
Una de las primeras reformas aprobadas por los congresistas en la Asamblea Legislativa establece procedimientos penales por grupo o célula de pandilla; es decir, los detenidos en el contexto del régimen de excepción podrían ser agrupados en alguna de las estructuras para ser sometidos a un solo proceso penal. La medida tuvo 67 votos de 84 parlamentarios.
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Nayib Bukele
De acuerdo con el dictamen, esto facilitaría a los jueces emitir una sentencia con mayor celeridad a los criminales y evitar que mienbros de estas pandillas delictivas salgan en libertad.
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Por su parte, el diputado de oposición Jaime Guevara resaltó que la reforma aprobada representaría “un riesgo y una amenaza para los presos inocentes qu están en las cárceles a la espera de un procedimiento penal justo”.
“Esto supondría que cualquier capturado sea incluido a un grupo de pandillas para que enfrente su proceso penal como estructura y no de manera individual, lo que violenta el debido proceso", afirmó.
La congresista Claudia Ortiz acotó que "únicamente servirá para hacerle el trabajo más liviano a la Fiscalía, para que ya no tenga que investigar".
Régimen de excepción
El número de personas detenidas en El Salvador asciende a más de 71.770, según dijo recientemente el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Asimismo, las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias divulgadas recientemente revelan que la cifra de víctimas directas de violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de excepción llegó al menos a 5.490.
Los índices compartidos por las organizaciones sociales indican que, entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio de 2023, se dieron alrededor de 13.581 “hechos violatorios”, de los cuales el más denunciado es la detención arbitraria con el 95,32%.
