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Ecuador dispone que las cargas que salgan de su territorio sean escaneadas para combatir el narcotráfico

El decreto estará vigente durante 60 días para tratar de frenar la ola de delincuencia, que se ve alentada por el creciente narcotráfico en el país.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, señaló que se creará una unidad legal para la defensa de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía que combatan a la delincuencia. Foto: composición/ICN Diario
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, señaló que se creará una unidad legal para la defensa de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía que combatan a la delincuencia. Foto: composición/ICN Diario

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dispuso que todas las cargas que salgan del país pasen por un sistema de escaneo, una decisión enmarcada en la lucha contra el narcotráfico, las mafias y la delincuencia.

En un comunicado emitido anoche, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia indicó que, además, se fortalecerán los controles en depósitos temporales, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

La decisión corresponde a una acción complementaria al Plan Nacional de Seguridad que contempla varias medidas, entre ellas, la declaración de un estado de excepción a nivel nacional y la creación de la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública.

Además, la conformación de un comité interinstitucional para prevenir, detener la adicción y reinsertar a la sociedad a consumidores de sustancias, y el próximo envío de una Ley de Defensa del Deber de la Fuerza Pública.

El martes, las Fuerzas Armadas de Ecuador realizaron operativos de control en una docena de provincias del país en el primer día del estado de excepción decretado por Lasso para tratar de frenar la ola de crimen y delincuencia.

El objetivo de los controles es incautar armas, municiones y explosivos, así como sustancias ilícitas, en las diferentes provincias que están bajo régimen de excepción tras el decreto firmado el lunes por el presidente.

El decreto estará vigente durante 60 días para tratar de frenar la ola de delincuencia, que se ve alentada por el creciente narcotráfico en el país.

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