Jovenel Moïse: jueces haitianos se niegan a investigar magnicidio porque temen por sus vidas
A un mes del asesinato de Moïse, la justicia de Haití aún no descubre quién mandó a matar al presidente de ese país. Los magistrados temen por su vida y la de su familia.
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Hasta este sábado 7 de agosto, la justicia haitiana aún no había iniciado su investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse por un comando armado, un mes después del magnicidio que sumió al país en una nueva crisis.
El decano de la suprema corte lucha por encontrar a un juez dispuesto a asumir este caso explosivo. “Es un asunto delicado y político. El juez, antes de aceptar investigar el asunto, piensa en su seguridad y la de su familia. Por eso los magistrados instructores no están demasiado entusiasmados con la idea de aceptar el caso”, dijo uno de ellos a la AFP.
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“Varios jueces de instrucción ya informaron al decano del tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe que no están interesados en trabajar en el caso”, agregó esta fuente judicial.
Para tranquilizar a sus magistrados, el decano del tribunal, Bernard Saint-Vil, afirma haber exigido al gobierno que garantice la protección del magistrado actuante.
“También solicitamos agentes de seguridad para el juez. Antes incluso de decir a qué juez encomendaríamos el caso, estos medios deberían ponerse a disposición”, declaró a la prensa el juez Bernard Saint-Vil.
El último miércoles 4 de agosto, Saint-Vil había anunciado que el jueves 5 se conocería el nombre del magistrado que asumiría el expediente del asesinato del presidente. Pero, ante la reticencia de los jueces de instrucción, este plazo no pudo cumplirse.
La policía asegura que ya detuvo a 44 personas, entre ellas 12 policías haitianos, 18 ciudadanos colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano, por este crimen cometido el 7 de julio, cuando un comando armado irrumpió en casa del presidente, lo mató e hirió a su esposa.
La vida de Jovenel Moïse. Foto: infografía / AFP
Las autoridades han emitido notificaciones de búsqueda contra varias otras personas, incluidos un juez del Tribunal de Casación, el máximo órgano judicial del país, un exsenador y un empresario.
Antes de transmitir el expediente al gabinete de investigación, la fiscalía de Puerto Príncipe dictó varias órdenes de arresto contra un funcionario de un partido político de oposición, el presidente del partido de Jovenel Moïse y dos pastores haitianos que habían expresado públicamente su oposición al difunto mandatario.
