Aborto en Colombia: interponen demanda para eliminar el derecho a decidir como delito del Código Penal
Colectivos y activistas consideran que criminalizar el aborto es “ineficiente, injusto con las mujeres y vulnera derechos fundamentales como la salud, la igualdad y la libertad”.
La República en GoogleDiferentes organizaciones y activistas feministas de Colombia presentaron una demanda conjunta en la que solicitan a la Corte Constitucional que se elimine el aborto como un delito del Código Penal debido a que su criminalización vulnera los derechos fundamentales de las mujeres.
Los colectivos afirman que el artículo 122 del Código Penal, el cual considera al aborto como un delito, es “ineficiente, injusto con las mujeres y vulnera derechos fundamentales como la salud, la igualdad, la libertad y, sobre todo, porque su existencia desconoce la ciudadanía de las mujeres”, según señala un comunicado difundido por el Centro de Derechos Reproductivos.
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El documento señala que si bien la sentencia del 2006, en la que se reconoce el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo, es un avance en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el artículo 22 constituye “la barrera principal para garantizar el acceso a abortos seguros”.
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Es debido a esta norma jurídica que las colombianas todavía se enfrentan al riesgo de que se les abra un proceso penal y que puedan ir a la cárcel por decidir sobre sus cuerpos. El 97% de mujeres denunciadas por interrumpir voluntariamente el embarazo pertenecen a zonas rurales, de acuerdo a datos que recoge el documento señalado del “Informe sobre judicialización del aborto en Colombia de la Fiscalía General de la Nación”.
Se estima que en el país latinoamericano solo el 9% de los abortos registrados se realizan dentro del sistema sanitario, lo que indica que un gran porcentaje de mujeres acuden a abortos clandestinos y ponen en riesgo su salud física, mental e incluso sus vidas.
El comunicado también aborda el derecho a la libertad de profesión que enfrenta el personal de salud, quienes por proceder con la interrupción voluntaria del embarazo, se enfrentan al estigma social y al riesgo de que inicien procesos judiciales en su contra.
Asimismo, las organizaciones y activistas demandaron al Estado colombiano que se brinde acceso a abortos seguros a nivel nacional.
