Dictan condena a miembro de banda de peruanos que estafó a miles en EE. UU.

La justicia de Estados Unidos condenó a prisión el último jueves 3 de septiembre a uno de los tres peruanos acusados de supervisar centros de llamadas desde donde amenazaban y practicaban tácticas de extorsión a miles de consumidores de habla hispana en dicho país.

Se trata de Johnny Enso Hidalgo Marchan, de 40 años, quien fue condenado por el juez federal Robert Scola a 100 meses en una prisión federal por supervisar uno de los centros de llamadas en Perú.

De acuerdo a un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU., los tres hombres administraron y operaron los centros de llamadas con sedes en Lima y Cajamarca, en asociación con una entidad en Miami, Florida. Estos eran usados para suplantar la identidad del Gobierno estadounidense y así robar dinero.

Scola declaró al sentenciar al peruano, que era “importante imponer una sentencia significativa para disuadir a las personas en otros países que piensan que pueden aprovecharse de personas en Estados Unidos con impunidad”.

En junio pasado, el mismo funcionario sentenció a Francesco Guerra (25 años) a 90 meses en una prisión federal. De igual manera, en marzo, condenó a Rodolfo Hermoza (45 años) a 88 meses de prisión por ser parte del plan.

Los tres implicados fueron extraditados de Perú en diciembre de 2019 y condenados por conspiración de fraude postal y electrónico a inicios de este año.

“Estamos comprometidos a perseguir a los delincuentes transnacionales que defraudan a los consumidores estadounidenses. Estas sentencias de prisión muestran que los criminales responsables de amenazar y defraudar a los consumidores estadounidenses deberán rendir cuentas”, señaló en un comunicado Ethan Davis, secretario de Justicia auxiliar de la División Civil del Departamento de Justicia.

En tanto Hidalgo, Hermoza y Guerra admitieron en sus declaraciones de culpabilidad, haberse hecho pasar por “abogados afiliados a los tribunales y agencias gubernamentales de Estados Unidos al amenazar a las víctimas con multas, detención, confiscación de propiedad, deportación y requisitos de servicio comunitario para obtener pagos de las victimas”.

Junto con los culpables, otros empleados del centro de llamadas también afirmaron que los consumidores podrían pagar las supuestas deudas y evitar las amenazas con una “tarifa de liquidación”. Como resultado de las múltiples estafas los consumidores estadounidenses perdieron en total más de 1,5 millones de dólares.

Con información de EFE.