Unidad de Flagrancia: seis meses de prisión preventiva para sujetos que asaltaron a censista en Pimentel
El Tercer Juzgado de Flagrancia de Lambayeque ordena prisión preventiva de seis meses para tres investigados por robo agravado a un trabajador del INEI en Pimentel.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a cargo del magistrado Hugo Santacruz Parco, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por seis meses contra J. A. F. L. (17), C. Y. A. G. (21) y E. M. S. V. (32), investigados como coautores del delito de robo agravado en agravio de E. A. R. V., trabajador del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Según los hechos sustentados por el Ministerio Público, el 11 de octubre de 2025, alrededor de las 10:30 de la mañana, el agraviado se encontraba cumpliendo labores censales en el sector Las Pampas Dallorso del distrito de Pimentel, cuando fue interceptado por una camioneta.
De dicho vehículo descendieron dos sujetos que, con palabras agresivas y amenazas, exigieron al censista entregar sus pertenencias. Bajo intimidación, la víctima entregó su tablet, mientras los agresores continuaron registrando sus bolsillos y le sustrajeron un celular, audífonos, un cargador portátil y un cable. Al intentar reconocer a los asaltantes, el censista fue golpeado violentamente en el rostro y la cabeza, tras lo cual los delincuentes huyeron en la misma camioneta.
Posteriormente, el agraviado denunció el hecho en la Comisaría PNP de Pimentel, cuyos agentes realizaron un operativo inmediato que permitió ubicar el vehículo y capturar a los tres implicados, quienes fueron plenamente reconocidos por la víctima.
Tras la audiencia respectiva, el Tercer Juzgado de Flagrancia declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público, disponiendo el internamiento de los tres investigados por seis meses en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (ex Picsi).
Con este resultado, la Unidad de Flagrancia de Lambayeque reafirma su compromiso con una respuesta judicial rápida y efectiva frente a delitos que afectan la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de funciones públicas esenciales, como las desarrolladas por el personal censal.
