Trump manda nueva amenaza hacia inmigrantes en EEUU: "Si no se van voluntariamente les embargaremos sus bienes"

El 9 de mayo de 2025, el presidente Donald Trump firmó una nueva normativa que refuerza las sanciones contra los inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos. La medida establece que quienes no elijan salir voluntariamente del país podrían ser detenidos, recibir condenas de prisión, enfrentar multas e incluso perder sus propiedades. Esta acción forma parte de una política de “tolerancia cero” destinada a intensificar el control sobre la inmigración no autorizada.

Durante el programa "Hablemos de Inmigración" de Univisión, el editor Jorge Cancino y los abogados Armando Olmedo y Ale Gálvez analizaron las implicaciones legales de esta proclamación. Destacaron que, aunque la permanencia indocumentada es una infracción civil, la confiscación de bienes podría considerarse una sanción desproporcionada y posiblemente inconstitucional.

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¿Es legal esta medida de embargo de bienes propuesta por Donald Trump contra los inmigrantes?

Expertos en inmigración han planteado interrogantes sobre la legalidad de confiscar propiedades a inmigrantes únicamente por permanecer en el país sin autorización. Sostienen que esta medida podría contravenir la Constitución y representar una sanción desproporcionada para una infracción de carácter civil.

Además, la proclamación no especifica claramente los procedimientos legales que se seguirían para llevar a cabo los embargos, lo que genera incertidumbre sobre su aplicación práctica y su conformidad con el debido proceso legal.

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¿Cuáles son los desafíos legales de esta nueva medida impulsada por Donald Trump?

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación por la proclamación, calificándola de punitiva y discriminatoria. Advierten que podría fomentar el miedo y la desconfianza en las comunidades inmigrantes, dificultando su integración y acceso a servicios esenciales.

Se anticipa que la proclamación enfrentará desafíos legales en los tribunales, donde se evaluará su constitucionalidad y su compatibilidad con las leyes federales de inmigración. Abogados y defensores de los derechos civiles están preparando acciones legales para impugnar las disposiciones más controvertidas de la medida.