Constitución del 93 es neoliberal y protege convenios de estabilidad

Constitucionalista Francisco Eguiguren señala que artículos 60, 62 y 63 del Capítulo Económico de la Carta Magna no permiten contar con instrumentos para alcanzar objetivos sociales. Afirma que hay excepciones que pueden cambiar los contratos. PRERROGATIVAS • Constitucionalista Francisco Eguiguren señala que artículos 60, 62 y 63 del Capítulo Económico de la Carta Magna no permiten contar con instrumentos para alcanzar objetivos sociales • Afirma que hay excepciones que pueden cambiar los contratos. Cambios en los artículos económicos de la Constitución permitirían lograr metas sociales a favor de los más pobres. Por Lilia Guerra. Foto: Arturo Pérez. Los artículos 60, 62 y 63 son los puntos más críticos del Capítulo Económico de la Carta Magna elaborada por el fujimorismo. "Con ellos la Constitución de 1993 peca de neoliberal y excesiva", afirmó el constitucionalista Francisco Eguiguren. "Si no fuera por el artículo 62, hubiera sido más fácil aplicar las regalías. El Estado tendría mayores instrumentos para adecuar la economía y los contratos a nuevas situaciones del país", manifestó. Los hechos le dan la razón: un total de 18 proyectos mineros que no pagan regalías –contraprestación al Estado– lo harían como lo hace el resto de las mineras si no fuera porque el artículo 62 de la Constitución da carácter de intocable a los convenios de estabilidad tributaria que el Estado firmó con las compañías que los ejecutan. El artículo 62 dice: “Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente”. Eguiguren considera que la voluntad contractual de las partes no puede estar por encima de criterios de justicia o equidad. "Está bien tener contratos de estabilidad en ciertas materias, pero de ahí a que sean establecidos en la Constitución es otra cosa", comentó. Excepciones Eguiguren afirma que si bien se tiene que ofrecer garantías a los inversionistas, hay razones excepcionales y de fuerza mayor que obligan a modificar los contratos. "Por razones de justicia, equidad, de emergencia económica se puede encontrarse excepciones", comentó. Precisamente el actual contexto es una excepción, pues mientras las compañías mineras incrementan sus utilidades en más de 300%, la pobreza alcanza en promedio al 70% de los departamentos mineros (Pasco, Cusco, Huancavelica, Áncash, Cajamarca). El constitucionalista opina que es exagerado afirmar que se requieren los convenios de estabilidad para atraer la inversión y mantenerla. "La inversión busca reglas claras pero no necesariamente ese tipo de reglas", anotó. Pro privatistas Los artículos 60 y 63 no se quedan atrás. El artículo 60 dice: “Solo autorizado por ley expresa, el Estado subsidiariamente puede realizar actividad empresarial directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. Es decir, solo puede haber empresas públicas en aquellas actividades donde no le interese participar al sector privado. Eso explica por qué el mayor gremio empresarial, la Confiep, reclama la privatización de Petroperú, Sedapal y Enapu, actividades que les interesa. Pero aún hay más. El artículo 63 dice: “La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones”. Este artículo no figura en ninguna Constitución de los países vecinos porque no existe ningún código internacional para el tratamiento de la inversión extranjera. Al respecto, Eguiguren afirma que la diferencia entre la Constitución del 79 y la del 93 es que la primera tiene mejor enfoque social, es un modelo más equilibrado pues permite contar con instrumentos cuando sean necesarios o para satisfacer objetivos sociales. Reacciones Mario Huamán. CGTP: “La Carta Magna del 93 deja de lado el rol rector del Estado en la economía y deja todo al mercado". José Morales. Confiep: “La inversión se retraerá con la Constitución del 79 y la renegociación de contratos de estabilidad". El debate constitucional La modificación del capítulo económico fue planteado por Unión por el Perú (UPP) durante la campaña electoral. UPP plantea el regreso a la Constitución de 1979 para declarar nulos los contratos de estabilidad. El Apra propone modificar algunos aspectos de la Carta Magna de 1979 como derechos humanos, economía y estructura del Estado. Sin embargo, Enrique Cornejo, jefe del plan de gobierno del Apra, adelantó en mayo que su partido no tiene ningún plan para cambiar el capítulo económico.

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