Vivienda social: subsidios del Estado caen desde 2025 y pone en riesgo miles de entregas

El presupuesto para los programas habitacionales se reduce mientras los recursos de Techo Propio ya no alcanzan para atender la demanda de este año. El sector advierte que la falta de financiamiento compromete proyectos inmobiliarios, limita el acceso a una vivienda formal y puede agravar la exposición de las familias ante el Fenómeno de El Niño.

El acceso a la vivienda propia se complica en Perú debido a la reducción del presupuesto público destinado a subsidios habitacionales, que en 2027 caerá a menos de S/600 millones.
El acceso a la vivienda propia se complica en Perú debido a la reducción del presupuesto público destinado a subsidios habitacionales, que en 2027 caerá a menos de S/600 millones.Composición LR/IA

El acceso a una vivienda propia depende cada vez más de un presupuesto público que viene perdiendo capacidad para atender la demanda. En los últimos años, los recursos destinados a los subsidios habitacionales han seguido una trayectoria descendente. En 2025 se asignaron S/1.500 millones, en 2026 el monto bajó a S/1.200 millones y para 2027 se ha previsto menos de la mitad de lo disponible este año, según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

De acuerdo con estimaciones de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip), 7.530 familias necesitan acceder al Bono Familiar Habitacional durante el último trimestre de 2026 para concretar la adquisición y recibir las viviendas que ya habían comprado.

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José Salardi, director ejecutivo de Codip, explicó a La República que al cierre de septiembre solo se habían desembolsado 8.366 bonos antes de que se agotaran los recursos. Para atender la demanda pendiente, el gremio estima que faltan unos S/379 millones. Salardi recordó que cerca del 40% de los desembolsos del año se hace entre octubre y diciembre, y que la demanda viene creciendo alrededor de 15% al año.

El problema no afecta solo a quienes todavía buscan vivienda. Ana Cecilia Gálvez, gerente general de Codip, advirtió que hay compradores que ya hicieron todo lo que les pedían. Cumplieron los requisitos, pagaron la cuota inicial, tienen el crédito hipotecario aprobado y firmaron la minuta de compraventa. Aun así no pueden recibir las llaves, porque el Estado se quedó sin recursos para completar el subsidio.

"Esas familias ya tenían el bono aprobado, pero se acabó. (...) Tienen el crédito hipotecario aprobado por el banco, ya firmaron su minuta y no le van a entregar su casa", señaló.

Presupuesto de Techo Propio y Mivivienda acumula recortes desde 2025

La reducción prevista para 2027 no es un hecho aislado. Según cifras de Capeco, los recursos para subsidios habitacionales bajaron de S/1.500 millones en 2025 a S/1.200 millones en 2026, y el próximo año serían menos de S/600 millones.

A eso se suma cómo se repartiría el recorte. El proyecto de Presupuesto Público 2027 plantea reducir 53% los recursos de Techo Propio y 60% los de Mivivienda frente a 2026. En la práctica, ambos programas tendrán menos capacidad para financiar los beneficios que ayudan a las familias de menores ingresos a comprar una vivienda o acceder a un crédito.

Ocho de cada diez personas que buscan vivienda en el país necesitan algún tipo de subsidio.

Ocho de cada diez personas que buscan vivienda en el país necesitan algún tipo de subsidio.

Gálvez cuestionó que el financiamiento se recorte año tras año cuando el Gobierno debería ampliar la producción de vivienda formal. Recordó que durante la campaña y al inicio de su gestión, la presidenta ofreció construir 1 millón 252.000 viviendas. Para lograrlo en cinco años, el país tendría que producir unas 250.000 al año. Sin embargo, según las cifras recolectadas, la oferta formal actual ronda las 58.000 a 60.000 viviendas anuales.

El golpe también lo sienten las constructoras y los trabajadores de estos proyectos. Codip estima que frenar las entregas pendientes podría costarle S/584 millones a la cadena productiva.

Fenómeno El Niño: menos vivienda formal y más exposición a zonas de riesgo

La preocupación por el financiamiento habitacional cobra otra dimensión ante el riesgo del Fenómeno de El Niño. Sin ese apoyo, muchas familias no solo se quedan sin la posibilidad de comprar una casa, sino que terminan en viviendas sin servicios básicos, sin permisos y sin condiciones de seguridad.

Para Gálvez, el peligro no está en las inmobiliarias formales, que sí llegan preparadas, sino en las casas levantadas sobre terrenos ocupados de manera informal. Muchas de ellas carecen de cimientos adecuados, drenaje e impermeabilización en los techos, y eso las deja muy expuestas a las lluvias intensas.

"No me preocuparía porque la vivienda formal esté preparada o no preparada, porque va a estar. Lo que me preocupa es la informal", afirmó.

La ejecutiva explicó que una vivienda formal debe cumplir con el Código Nacional de Edificaciones, contar con servicios públicos y tener detrás al desarrollador, que responde por fallas estructurales y acabados. En las construcciones informales, en cambio, pueden faltar elementos básicos para resistir lluvias prolongadas, como canaletas o sistemas para evacuar el agua de los techos.

A eso se suma la falta de suelo urbano habilitado. Según Gálvez, el 93% del suelo que se genera en el país proviene de invasiones, terrenos que muchas veces no tienen agua, desagüe, pistas, veredas ni alumbrado y que no están listos para recibir proyectos formales.

El riesgo se concentra en el norte. La confederación estima que cerca del 65% de los bonos pendientes está en Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo y Chimbote, ciudades expuestas a las lluvias e inundaciones que trae El Niño. Por eso el gremio advierte que menos subsidios pueden empujar a más familias hacia terrenos sin servicios o en zonas de riesgo, con un costo que terminarían pagando tanto los hogares como el Estado cuando llegue la emergencia.

Codip plantea financiar los subsidios con una política habitacional de largo plazo

Frente a este escenario, Gálvez considera que el Gobierno debe dejar de tratar los subsidios habitacionales como un gasto anual y pasar a una política de inversión de largo plazo, con un presupuesto plurianual a diez años que evite depender de ampliaciones de último momento.

La representante de Codip sostuvo que el Estado podría recurrir al endeudamiento: la deuda pública peruana ronda el 34% del PBI y habría margen para elevarla y cerrar la brecha habitacional. "Desde el momento en que el Estado vea esto como una inversión, va a poder accionar un esquema de endeudamiento que permita generar un presupuesto a diez años", explicó.

Capeco añade que estos recursos retornan al Estado mediante impuestos y menores gastos en asentamientos informales, y pide aumentar el financiamiento e incluir fondos para reconstruir viviendas afectadas por El Niño.

La discusión presupuestal para 2027 tendrá que considerar la distancia entre las metas anunciadas y la capacidad real de los programas. Según el Ministerio de Vivienda ante la Comisión de Presupuesto, se proyecta que 27.053 familias de los niveles C, D y E accedan a soluciones habitacionales urbanas con el Bono Familiar Habitacional, y que en 2027 se beneficie a 10.820 familias mediante Vivienda Nueva y Construcción en Sitio Propio.

Mientras tanto, las familias que ya comprometieron sus ahorros siguen pendientes de una ampliación presupuestal. Codip señaló que, hasta responder a este diario, no había recibido respuesta concreta del Ministerio de Vivienda ni del MEF.

Esta reducción de los recursos no solo pone en cuestión cuántos bonos podrán entregarse el próximo año. También deja abierta una pregunta sobre la capacidad del Estado para sostener una política de vivienda formal en un país donde la oferta todavía está lejos de cubrir las necesidades de la población.

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