Inseguridad cambia la vida de 8 de cada 10 peruanos: 58% sale menos y el temor golpea al consumo
El miedo a la delincuencia ya modifica horarios, transporte y decisiones de gasto. En Lima, 49% evita salir desde las 10 p. m., mientras los hogares de menores ingresos recurren en mayor medida a estrategias como viajar acompañados.
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Salir a comer, usar transporte público por la noche o simplemente permanecer fuera de casa después de determinada hora se ha convertido en una decisión condicionada por la inseguridad para una parte importante de la población. Una encuesta de Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP revela que 85% de los peruanos ha restringido sus salidas nocturnas por temor a la delincuencia y que 58% sale menos que hace un año.
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El cambio no es menor para la actividad económica. Menos desplazamientos significan menos oportunidades de consumo para restaurantes, comercios y otros negocios que dependen del tránsito de personas. Al mismo tiempo, una parte de la población está asumiendo un costo adicional para reducir su exposición al delito, principalmente al reemplazar el transporte público por taxis o aplicativos.
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85% ya no sale de noche y 58% redujo sus salidas: el miedo no solo empequeñece la ciudad, también encoge el consumo.
A nivel nacional, 43% de los encuestados procura no salir de su casa o barrio desde las 8 p. m. o incluso antes, mientras que otro 42% fija ese límite desde las 10 p. m. En Lima, el comportamiento es todavía más restrictivo: 90% evita salir a partir de alguna hora y 49% deja de hacerlo desde las 10 p. m.
El estudio fue realizado entre el 20 y el 23 de agosto a 1.217 personas a nivel urbano-rural. De acuerdo con sus resultados, las restricciones nocturnas alcanzan a alrededor de 22 millones de peruanos.
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El costo de sentirse seguro
La inseguridad también está modificando la forma en que las personas se movilizan. El 26% de los usuarios del transporte público señala que dejó de llevar objetos de valor o efectivo, mientras que 24% procura viajar acompañado. Otro 16% ha optado por utilizar taxi o aplicativos en algunos desplazamientos, aunque ello implique pagar más.
Ese último grupo equivale a poco más de 4,17 millones de personas. Además, 16% dejó de utilizar el transporte público durante la noche y 4% abandonó completamente este medio.
El efecto tampoco es igual entre los hogares. El porcentaje de personas que sale menos llega a 47% en el NSE B, pero sube a 59% en el C y a 65% en el D. En el transporte ocurre algo similar: los sectores de mayores ingresos tienen mayor posibilidad de sustituir un viaje en bus por un taxi o aplicativo, mientras que en los NSE D y E adquiere mayor importancia viajar acompañado.
Así, el temor al delito no representa el mismo costo para todos. Para algunos hogares supone pagar más por movilizarse; para otros, reducir desplazamientos o modificar horarios.
Los hogares de menores ingresos no pueden pagar un taxi para sentirse seguros: su estrategia es salir menos y viajar acompañados.
El impacto alcanza también a los negocios. Según el mismo estudio, la proporción de empresas que identifica un efecto negativo de la inseguridad pasó de 32% en 2025 a 45% en 2026. En el NSE C, el indicador aumentó de 42% a 56%.
La relación entre inseguridad y actividad económica no se limita, por tanto, a las pérdidas provocadas directamente por robos, extorsiones u otros delitos. También aparece en la reducción de clientes, en los cambios de horario y en el mayor gasto que realizan los consumidores para disminuir el riesgo.
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y coautor del informe, resume el cambio de comportamiento observado en la encuesta:
“La inseguridad dejó de ser una percepción para convertirse en el organizador de la vida cotidiana de los peruanos. Cuando 22 millones de personas dejan de salir de noche, estamos ante una pérdida de calidad de vida que no aparece en las cifras oficiales, pero que es igual de real”.
El resultado se conoce, además, en un momento en que la seguridad continúa ocupando un lugar central en la agenda pública. El INEI publicó el 3 de septiembre su más reciente informe de Estadísticas de Seguridad Ciudadana, correspondiente al semestre móvil febrero-julio de 2026.
La mayoría no espera que el problema mejore
La percepción sobre los próximos meses tampoco apunta a una recuperación rápida. El 66% de los encuestados considera que la delincuencia seguirá igual o empeorará durante los próximos 12 meses. El 35% cree que la situación permanecerá sin cambios y 31% anticipa un deterioro.
Solo 27% espera una mejora. La diferencia territorial también resulta significativa. En Lima, 31% considera que la delincuencia mejorará, mientras que en el interior del país las expectativas son menos favorables. El sur concentra la mayor proporción de personas que prevé un empeoramiento.
Las respuestas sobre las medidas que deberían adoptarse se encuentran divididas. El 35% prioriza unidades policiales especializadas en extorsión con mayor capacidad de inteligencia e investigación; 33% plantea aumentar las penas para extorsionadores y sicarios, mientras que 31% menciona recuperar el control de los penales o incrementar el número de policías en las calles.
El escenario se desarrolla mientras el Ejecutivo mantiene medidas extraordinarias en Lima y el Callao. El 28 de agosto declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 60 días, con acciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas frente al avance de la criminalidad.
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Extorsión: más presencia territorial, pero pocos presos adicionales
Otro de los datos que permite dimensionar el problema aparece en la extorsión. El número de personas privadas de libertad por este delito pasó de 1.186 en diciembre de 2024 a 1.661 en junio de 2026. Son 475 internos adicionales en casi dos años.
Sin embargo, estos representan 1,6% de la población penitenciaria, el mismo porcentaje registrado en 2016. La diferencia está en el alcance del delito: según el estudio, hace una década la extorsión estaba concentrada en la costa norte, mientras que actualmente se registra en todas las regiones.
Carlos Basombrío, exministro del Interior y coautor del informe, cuestionó la diferencia entre la expansión territorial del delito y el número de personas encarceladas por extorsión.
“Ese es el mejor indicador del fracaso frente al crimen organizado: las denuncias se disparan, el delito se expande a todo el país y los presos por extorsión apenas se mueven. Recién en junio volvimos a alcanzar el 1,6% de la población penal que ya teníamos en el 2016, con la diferencia de que entonces la extorsión solo ocurría en la costa norte y hoy ocurre en todo el país”, advirtió.
El reporte contabilizó además 1.866 eventos del Índice del Crimen y la Violencia entre enero y agosto de 2026. La Libertad, Ica y Piura concentraron las mayores cifras absolutas, mientras que Tumbes, Madre de Dios e Ica registraron las tasas más altas al considerar su población.
En Lima Metropolitana se contabilizaron 575 eventos y otros 149 en el Callao. El informe también registra 251 casos de violencia contra transportistas, además de 21 atentados con explosivos y 33 ráfagas de bala contra vehículos.
Más allá de estas cifras, el efecto económico de la inseguridad aparece en decisiones que ocurren todos los días: salir menos, dejar de utilizar determinados servicios, pagar más por un traslado o adelantar el regreso a casa. El resultado es que el delito no solo representa un riesgo para las personas y los negocios, sino que también está modificando la manera en que una parte importante de los peruanos consume y se moviliza.
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