Gobierno plantea eliminar tope de tasas de interés: ¿qué pasaría con los créditos si se aprueba la medida?

El Gobierno de Keiko Fujimori busca que el Congreso le otorgue facultades legislativas por 120 días para modificar las reglas que actualmente limitan las tasas de interés de determinados créditos. El pedido plantea modificar el artículo 6 de la Ley 28587 y el artículo 9 de la Ley 26702 para eliminar las disposiciones sobre topes introducidas por la Ley 31143. La propuesta todavía debe ser evaluada por el Parlamento y, de aprobarse, el cambio no significaría que todos los créditos pasen automáticamente a tener tasas más altas.

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Lo que sí cambiaría es el margen de las entidades financieras para decidir cuánto cobrar por prestar dinero. Actualmente existe un techo para determinadas operaciones, mientras que con la reforma los bancos y financieras tendrían mayor libertad para establecer sus tasas según el riesgo de cada cliente.

La discusión, por ello, tiene dos caras. El mismo cambio que podría permitir que una persona hoy excluida consiga un préstamo formal también podría darle a la entidad financiera mayor capacidad para cobrarle por ese riesgo. Y esa diferencia es clave para entender qué está realmente en juego.

El límite actual no significa que todos paguen 114%

La Ley 31143 estableció que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) determine las tasas máximas de interés convencional compensatorio para determinados créditos de consumo y para préstamos destinados a micro y pequeñas empresas.

Para el periodo mayo-octubre de 2026, el límite para las operaciones en moneda nacional es de 114,13% anual. Esta cifra es un techo y no representa la tasa que pagan todos los usuarios ni la tasa promedio del sistema financiero.

El pedido del Ejecutivo no plantea simplemente elevar ese porcentaje. Busca retirar las disposiciones vinculadas con los topes introducidos por la Ley 31143 y, en paralelo, establecer reglas para mejorar el acceso a la información financiera y la transparencia en la contratación de productos activos.

En términos prácticos, la diferencia sería que una entidad podría aceptar operaciones que hoy descarta porque la tasa necesaria para compensar el riesgo supera el máximo permitido.

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El argumento para retirar el tope: prestar a quienes hoy quedan fuera

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es que el límite puede terminar excluyendo a personas con menor historial crediticio, bajos ingresos o que solicitan préstamos de montos reducidos.

La SBS comparte ese diagnóstico. La Superintendencia ha señalado que la aplicación de los topes restringió el acceso al crédito de determinados deudores, principalmente de menores ingresos, y favoreció el crecimiento del financiamiento informal. Según su análisis, 216.166 deudores que en abril de 2021 tenían créditos con tasas superiores al primer tope y que no habían caído en default dejaron de aparecer en la base de datos hacia diciembre de 2023. La SBS señala que estos usuarios podrían haber sido excluidos del sistema financiero como consecuencia del tope.

El BCRP también ha encontrado efectos de racionamiento del crédito asociados con los límites. La lógica económica es relativamente sencilla: si una entidad considera que un cliente tiene una probabilidad elevada de incumplimiento, necesita cobrar un mayor precio para compensar ese riesgo. Si la regulación no se lo permite, puede decidir no prestarle.

Esta explicación, sin embargo, es cuestionada por el exviceministro de Promoción del Empleo Fernando Cuadros. A su juicio, eliminar el límite no necesariamente ampliaría el acceso al crédito, porque el problema para las MYPES no se reduce a la posibilidad de que las entidades puedan cobrar más por asumir riesgo. "Ahí el problema es el costo del crédito", sostuvo.

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Más crédito no significa necesariamente crédito más barato

Si desaparece el tope, el primer efecto podría ser que algunos clientes considerados demasiado riesgosos vuelvan a recibir ofertas de financiamiento formal.

Un consumidor con poco historial crediticio podría pasar de no conseguir un préstamo a conseguirlo con una tasa superior a la que pagan los clientes considerados de menor riesgo. Desde el punto de vista de inclusión financiera, eso puede ser una mejora: el usuario está dentro del sistema formal. Desde el punto de vista del costo del financiamiento, no necesariamente.

La discusión cobra especial importancia en las MYPES. Cuadros sostuvo que Perú enfrenta un problema de costos elevados para este segmento y citó un informe reciente de la OCDE como referencia. El organismo internacional señala que, en 2024, la diferencia entre las tasas de interés aplicadas a las MYPES y las grandes empresas en Perú fue de 18,4 puntos porcentuales. Para las pequeñas empresas, la tasa promedio pasó de 24% en diciembre de 2021 a 26,6% en diciembre de 2024.

La propia OCDE advierte que las MYPES peruanas enfrentan dificultades para acceder a financiamiento a tasas asequibles debido, entre otros factores, al riesgo de incumplimiento, los costos de transacción, las garantías insuficientes y la limitada información disponible para evaluar su solvencia.

Por eso, si el debate se reduce a cuántas personas recibirán crédito después de eliminar el tope, se estaría midiendo solamente una parte del resultado. También será necesario observar cuánto costará ese crédito y qué capacidad tendrá el consumidor para comparar alternativas.

La eliminación del límite tampoco garantiza que todas las entidades vayan a competir ofreciendo menores tasas. Una mayor libertad para fijar precios puede ampliar la oferta, pero sus efectos sobre el costo final dependerán de la competencia y del riesgo que cada entidad esté dispuesta a asumir.

Más libertad para los bancos, pero también más riesgo crediticio

Para las entidades financieras, el cambio supone una ventaja concreta: mayor libertad para fijar el precio de sus préstamos según el riesgo que atribuyan a cada operación.

Eso puede permitirles ingresar a segmentos que hoy resultan poco atractivos bajo el límite vigente. También pueden segmentar mejor a sus clientes: cobrar menos a quienes tienen buen historial y más a quienes representan un riesgo mayor.

Eso, sin embargo, no significa automáticamente mayores utilidades. Una tasa elevada puede compensar un mayor riesgo, pero si la evaluación crediticia es deficiente, también puede terminar acompañada de mayor morosidad.

Carlos Adrianzén, economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señaló a La República que precisamente allí debe estar la responsabilidad de las entidades. A su juicio, "suprimir el tope implica que los bancos pueden tener libertad para apreciar el riesgo". En su lectura, no todos los clientes deberían enfrentar el mismo costo financiero: quien tiene un buen comportamiento de pago puede acceder a una tasa menor, mientras que una operación más riesgosa puede requerir una tasa superior.

Su argumento cuestiona la idea de que una tasa alta sea, por sí misma, evidencia de un abuso. Para Adrianzén, el precio también debe reflejar la probabilidad de incumplimiento y los costos que enfrenta el intermediario.

Pero su posición tiene una condición: la mayor libertad debe ir acompañada de una supervisión fuerte. La SBS, sostiene, debe ser "implacable" en la vigilancia de las entidades.

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El riesgo para el consumidor no desaparece

En el otro extremo, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre los riesgos que una eliminación de los topes podría generar para los consumidores. El organismo ha sostenido que retirar esta protección podría exponer a los usuarios a tasas excesivas, profundizar el sobreendeudamiento y afectar especialmente a quienes tienen menos capacidad económica.

La preocupación adquiere mayor importancia cuando se trata de consumidores que tienen menos alternativas. Una persona que necesita un préstamo pequeño y no tiene historial crediticio puede estar en una posición distinta a la de un cliente con ingresos altos y varias entidades dispuestas a ofrecerle financiamiento.

Por eso, quitar el límite no debería evaluarse únicamente bajo la premisa de que “si la tasa es alta, al menos existe crédito”. También debe preguntarse si ese crédito puede ser pagado y si el usuario cuenta con información suficiente para decidir.

El propio Ejecutivo plantea acompañar la eliminación de los topes con mayores exigencias de información y transparencia en la contratación de productos financieros. El proyecto también incorpora medidas vinculadas con el acceso a información financiera y el desarrollo de nuevos productos.

Ese componente será determinante. Si un consumidor puede conocer con claridad cuánto terminará pagando y comparar fácilmente entre distintas entidades, la competencia puede limitar el poder de fijación de precios. Si no ocurre, la libertad para establecer tasas puede beneficiar principalmente a quien tiene mayor capacidad para imponer las condiciones del crédito.

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La alternativa pasa por reducir el costo del financiamiento

Cuadros plantea que ampliar el acceso al crédito requiere medidas diferentes a la eliminación del tope. Su propuesta pasa por reducir el riesgo de las operaciones y aumentar la competencia en los segmentos donde las MYPES y determinados consumidores enfrentan mayores costos.

Entre las alternativas mencionó la creación de fondos de garantía estatales similares al esquema utilizado durante Reactiva Perú, de modo que una parte del riesgo de incumplimiento sea cubierta por el Estado y las entidades puedan reducir el costo de los préstamos. También propuso otorgar al Banco de la Nación facultades para prestar a micro y pequeñas empresas, con el objetivo de introducir mayor competencia en ese mercado.

Otra de sus propuestas es fortalecer el papel de Agrobanco para ampliar el financiamiento de las MYPES agrarias. También planteó evaluar fondos de capital de riesgo mediante Cofide y un eventual programa similar a Reactiva Perú, pero focalizado en las empresas de menor tamaño.

La propuesta tiene un punto de coincidencia con el diagnóstico de la OCDE. El organismo ha recomendado para Perú ampliar las garantías públicas de crédito, mejorar la información para evaluar riesgos y promover alternativas al financiamiento bancario como mecanismos para reducir los costos de acceso.

Desde esta perspectiva, el debate no sería únicamente entre mantener o eliminar el tope. También involucra la posibilidad de reducir el riesgo que actualmente encarece los préstamos para determinados segmentos, en lugar de trasladar ese mayor riesgo directamente al precio que paga el prestatario.

El 'gota a gota' tampoco desaparecería

Uno de los argumentos utilizados para defender la eliminación del tope es que algunos usuarios excluidos del sistema formal pueden terminar recurriendo a prestamistas informales.

Adrianzén considera que retirar el límite podría permitir que algunos de esos clientes ingresen al sistema regulado si las entidades tienen libertad para establecer una tasa acorde con el riesgo de cada operación. Sin embargo, también reconoce que la medida no eliminaría el 'gota a gota'.

Cuadros tiene una lectura distinta. El exviceministro considera que eliminar el tope no necesariamente resolvería el acceso a los microcréditos, porque una tasa superior al 100% podría seguir siendo impagable para muchas personas. Además, señaló que parte de quienes recurren al financiamiento informal tampoco cumple otros requisitos exigidos por las entidades, como contar con documentación, garantías o avales.

La diferencia entre ambos planteamientos está en el diagnóstico. Para Adrianzén, una mayor libertad de precios puede abrir una puerta al sistema formal para algunos clientes considerados riesgosos. Para Cuadros, el problema es más estructural y está relacionado con la informalidad, las condiciones de acceso y el elevado costo del financiamiento.

Por ello, presentar la eliminación del tope como una solución al crédito informal sería exagerado. Puede abrir una alternativa para determinados usuarios, pero no resuelve por sí sola las causas que mantienen a muchas personas y empresas fuera del sistema financiero formal.

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La decisión del Congreso tendrá un efecto más amplio que una tasa

El debate que enfrentará el Parlamento no consiste simplemente en decidir si se mantiene o se elimina un porcentaje máximo. Lo que está en juego es cuánto poder tendrá cada parte para determinar el precio del crédito.

Con el tope vigente, el consumidor tiene una protección frente a determinados niveles de tasas, pero una entidad puede decidir no prestar si considera que el límite no compensa el riesgo. Sin el tope, el banco gana margen para prestar a perfiles más riesgosos, pero el usuario queda más expuesto a aceptar condiciones costosas.

Por eso, la reforma puede generar simultáneamente más acceso y créditos más caros para determinados segmentos. No son escenarios contradictorios.

La experiencia de los últimos años tampoco permite reducir la discusión a una sola variable. La SBS ha documentado exclusión de determinados deudores después de la entrada en vigor de los topes, mientras que la OCDE identifica otros problemas estructurales —como el costo del financiamiento, las garantías y la informalidad— que también restringen el acceso de las MYPES.

La pregunta decisiva será qué ocurre después: si las entidades utilizan esa libertad para ampliar responsablemente el crédito, si la competencia consigue contener las tasas y si la supervisión evita prácticas perjudiciales para los consumidores.

En ese escenario, eliminar el tope podría corregir parte del problema de exclusión financiera que han advertido el BCRP y la SBS. Pero si la mayor libertad no está acompañada de suficiente competencia, transparencia y evaluación responsable, el riesgo es que el costo de la inclusión financiera termine recayendo principalmente sobre los usuarios que tienen menos alternativas.