El mundo avanza hacia la minería submarina y el Perú enfrenta riesgos sin una postura clara

Entre el 9 y el 19 de marzo se realizó en Jamaica el Consejo de la International Seabed Authority, organismo encargado de regular la minería en aguas internacionales más allá de jurisdicciones nacionales. La reunión cerró sin acuerdos del marco normativo que permitirían iniciar la explotación de minerales del fondo marino, en un contexto de presión de empresas y Estados por abrir una nueva frontera extractiva.

En el centro del debate está el acceso a minerales estratégicos ubicados en el lecho marino, como cobre, níquel, cobalto y manganeso, contenidos en nódulos polimetálicos que se encuentran a miles de metros de profundidad. Estos recursos son considerados clave para la transición energética global —por su uso en baterías y tecnologías limpias—, pero su extracción plantea riesgos ambientales aún poco comprendidos.

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La remoción del fondo marino podría generar nubes de sedimentos, afectar la biodiversidad profunda —en muchos casos aún no descrita— y alterar procesos ecosistémicos de escala global, como el almacenamiento de carbono en los océanos.

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Próxima reunión en julio

La discusión continuará en julio, durante la Asamblea prevista entre el 27 y el 31, considerada una fase decisiva para la aprobación del denominado "Mining Code", el conjunto de reglas que definirá bajo qué condiciones se autorizará esta actividad a escala comercial. Se trata de un proceso inédito: la posibilidad de regular una actividad antes de que comience.

Sin embargo, ese marco aún no está cerrado. Persisten desacuerdos en aspectos estructurales como estándares ambientales, régimen de pagos, monitoreo, responsabilidad por daños y distribución de beneficios. En paralelo, el debate global se ha polarizado entre países que buscan acelerar la explotación y otros que plantean una moratoria o pausa precautoria ante la falta de evidencia científica suficiente.

En Estados Unidos, por ejemplo, la minera canadiense The Metals Company (TMC) busca una autorización directa para iniciar operaciones, eludiendo los debates internacionales en curso.

Un impacto económico que el Perú aún no mide

Uno de los principales vacíos identificados en las discusiones es la ausencia de un modelo económico que permita anticipar los efectos de la minería submarina en países productores de minerales en tierra.

“Todavía no existe un modelo económico claro y consensuado para medir cómo la minería submarina afectaría a países mineros terrestres como Perú”, explicó el biólogo marino peruano Daniel Cáceres Bartra, representante para Latinoamérica de la organización Sustainable Ocean Alliance (SOA), quien participó como observador en las sesiones.

Según detalló, el riesgo más concreto es un posible cambio en la oferta global de minerales. “El riesgo más concreto es un posible shock de oferta o incluso de expectativa de oferta en metales como cobre, níquel, cobalto y manganeso”, indicó.

Para el Perú, este escenario tiene implicancias directas. El cobre es el principal producto de exportación del país. De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero, las exportaciones cupríferas alcanzaron los US$14.151 millones entre enero y julio de 2025, concentrando el 30% del valor total exportado en ese periodo.

“Una caída relevante del precio internacional puede traducirse en menos divisas, menos recaudación fiscal, menos canon y regalías, menor inversión y más vulnerabilidad macroeconómica”, advirtió Cáceres Bartra.

El peso de este mercado se vincula además con la demanda internacional. China concentra el 74,1% de las exportaciones peruanas de cobre, lo que refleja su rol central en la dinámica global del mineral. En ese contexto, durante las sesiones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la delegación china fue una de las más numerosas y activas en el debate sobre minería submarina.

Las cifras que se manejan en el ámbito internacional reflejan la magnitud potencial del fenómeno. Solo en la zona Clarion-Clipperton se estima la existencia de cientos de millones de toneladas de cobre en nódulos polimetálicos, una escala que podría alterar el equilibrio del mercado global frente a la producción terrestre.

A ello se suma un problema institucional. La Comisión de Planificación Económica, prevista para evaluar estos impactos, aún no está operativa. “Avanzar sin este órgano implicaría que la ISA podría estar avanzando hacia la explotación sin tener plenamente instalado el órgano que debe evaluar los impactos económicos”, señaló.

El marco jurídico internacional contempla mecanismos de compensación para países afectados por la caída de precios o ingresos. Sin embargo, el Perú no es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, lo que limita su acceso a estos beneficios.

“El riesgo peruano es doble: que el inicio de la minería submarina pueda presionar a la baja el mercado del cobre y que ni siquiera tengamos asegurado acceso al mecanismo internacional pensado para compensar esas pérdidas”, sostuvo.

Señales dispersas y una posición que no se define

En el plano nacional, el Perú ha emitido señales políticas, pero no ha consolidado una posición formal dentro de la ISA. Durante las sesiones recientes del Consejo no se registró una participación activa del Estado peruano. “En estas sesiones del Consejo no ha habido una presencia del Estado peruano”, afirmó Cáceres Bartra.

No obstante, el Perú sí dio una señal política importante al respaldar el llamado por una moratoria en espacios internacionales, convirtiéndose en el primer país no parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) en hacerlo. Esa señal tuvo un valor simbólico y diplomático relevante.

Sin embargo, hasta ahora no se ha traducido en una intervención formal y sostenida ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. En la Asamblea 29 de la ISA, en 2024, el Perú estuvo presente como observador, pero esa postura aún no ha sido anunciada oficialmente dentro del organismo con la claridad y continuidad que un tema de esta magnitud exige.

Desde la Cancillería, el tema se encuentra en evaluación dentro de la Dirección de Asuntos Marítimos, en coordinación con instancias regionales como la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Fuentes diplomáticas consultadas por La República indicaron que el Perú cuenta con una posición en desarrollo, pero no brindaron mayores detalles.

El debate tiene además antecedentes en el ámbito político. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en Lisboa, en 2022, el congresista Edward Málaga anunció la presentación de un proyecto de ley para establecer una moratoria a la minería submarina en aguas nacionales.

“Fue con la intención de impulsar esa propuesta y anunció el proyecto de ley en dos eventos durante la conferencia”, recordó Cáceres Bartra.

La iniciativa, sin embargo, no avanzó. “Después de eso, la iniciativa perdió fuerza. No recuerdo que se haya dado una explicación pública clara de por qué no continuó”, indicó.

Dicho viaje fue financiado con fondos del Congreso, al tratarse de una actividad oficial. Málaga participó junto a su colega Heidy Juárez, como integrantes de la Comisión Especial Multipartidaria sobre el Cambio Climático. En el Portal de Transparencia del Congreso no se encuentran los informes sobre el periplo.

El anuncio no se concretó. La República intentó, hasta en tres oportunidades, obtener su versión. Sin embargo, el congresista —que hoy busca la reelección postulando al Senado con País para Todos— no respondió.

En paralelo, existen indicios de recursos minerales en el mar peruano, como nódulos polimetálicos y cortezas ricas en cobalto en la dorsal de Nazca. Sin embargo, no hay claridad sobre su viabilidad económica ni sobre sus impactos ecológicos. El Perú, en términos marinos, recién es un alevín en estos temas y, al parecer, no planea crecer.

“No sabemos bien cómo la remoción del fondo marino podría afectar la biodiversidad marina y la pesca”, advirtió el especialista.

Con la Asamblea de julio en la orilla, el debate global se acerca a una etapa decisiva. En ese contexto, el Perú enfrenta un escenario de alta exposición económica y ambiental sin haber definido una posición clara en el principal espacio internacional donde se tomarán decisiones sobre la minería submarina. Pareciera que el Perú, en este debate, apenas flota sobre el agua.