El silencio de la Sociedad de Minería, por César Azabache Caracciolo

La Sociedad Nacional Minera ha dicho nada o muy poco sobre el despliegue del Reinfo. Parecería que no perciben la capacidad de daño que este registro, que debió ser temporal, tiene sobre los fundamentos de su propia actividad. Y eso es sorprendente.

El gremio minero es uno de los más influyentes en el país. En conjunto, la minería formal concentra entre el 14 % y el 15 % del total de las exportaciones nacionales. Son US$ 12 mil millones en exportaciones estimadas el último año. Pero en el último año la minería ilegal ha logrado exportar tanto mineral como el sector formal. Y, aunque no le guste a los principales candidatos a la presidencia, el Reinfo está situado dentro de la minería ilegal, no fuera de ella.

En respuesta a la enorme tolerancia que los poderes públicos muestran a los Reinfo, la Sociedad de Minería solo ha registrado algunos comunicados que reflejan su mediana preocupación. Nada más.

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En el ciclo que empezó en 2011, la Sociedad de Minería defendió enérgicamente los proyectos Conga y Tía María. Dejó establecida una consigna: “Perú, país minero”, se opuso de manera tenaz al fortalecimiento de la consulta previa y, sin duda, tuvo un papel en la lista de razones por las que García Pérez ideó al “perro del hortelano”, una construcción lanzada para condensar su crítica a los sectores que fueron bautizados como “antimineros”.

Ahora todo esto parece un asunto del pasado. El principal riesgo corporativo de la gran minería es, en este momento, la expansión de la minería no registrada. El problema actual proviene de la conversión del Reinfo en una especie de licencia alternativa. Y la sorpresa es el silencio que rodea el proceso.

Lean con cuidado el decreto legislativo 1695. Se publicó el 20 de enero de este año, como si fuera una norma sobre seguridad interior. Ha sido vendido como una herramienta para endurecer las penas de la minería ilegal. Pero el texto exonera de responsabilidad penal a quienes transporten, beneficien o exporten minerales extraídos por los Reinfo, por el solo hecho de serlo, sin más requisitos.

Hasta antes de esta norma, estar en el Reinfo solo permitía a los registrados mantener la extracción no autorizada de minerales mientras se completaba un procedimiento de formalización que debía ser corto. En 10 años, solo 2 de 84 mil inscritos se han formalizado. Los hechos demuestran que los Reinfo no tienen interés en cerrar sus expedientes. Su interés está en mantenerse registrados y adquirir derechos en base a ese registro, sin hacer más que mantenerlo abierto. El decreto legislativo 1695 no cambia las normas fundamentales del Reinfo. Pero crea un limbo en el que el metal que extraen puede ser comercializado directamente por ellos mismos, sin incorporarlo al mercado formal.

El gobierno actual ha creado para la minería ilegal una licencia administrativa de bajo perfil. Y, al hacerlo, ha puesto en evidencia la fuerza que tiene la minería ilegal en la configuración de este Estado de poderes concentrados negociables que se está asentando entre nosotros.

Con US$ 12 mil millones en exportaciones al año y más de US$ 5 mil la onza de oro refinado, la cuestión del oro no registrado ha dejado hace bastante de ser un problema marginal. Las economías no registradas han cercado las zonas de influencia de la minería formal. Sus fundamentos: la extracción en zonas ocupadas de hecho; la expansión permanente de sus áreas de influencia; la resistencia a toda forma de control ambiental, fiscal y laboral.

Pero, además, el crecimiento acelerado de la minería ilegal ya está generando un ropaje ideológico propio. Ahora resulta que los Reinfo son, en realidad, “mineros ancestrales”. La construcción parece exótica, pero no debe ser subestimada. Se trata de un apoderamiento, porque los Reinfo no forman parte de comunidades originarias: al contrario, la mayoría son colonos que se apoderan de tierras ajenas, no solo de las de concesiones formales, sino también de las comunidades campesinas y nativas. Sin embargo, el apoderamiento tiene una función: construir un halo de legitimidad (aunque sea forzada) que recubra el desarrollo de una economía que, en realidad, está basada en la ocupación de hecho. Se trata, además, de construir una imagen que dispute legitimidad al derecho de concesiones, que por cierto arrastra una serie de discusiones teóricas no resueltas, aunque esa es parte de una discusión distinta.

A la sociedad minera el debate sobre la consulta previa le ha parecido siempre peligroso. En otro espacio podremos discutir si, al contrario, es la mejor ruta para modernizar el régimen de concesiones. Lo que quiero resaltar ahora es que el discurso de los defensores del Reinfo, ese sí, es verdaderamente peligroso para los titulares de concesiones mineras. Ese discurso va por el botín entero, por la subordinación del sistema de concesiones a una economía basada en la ocupación de hecho.

En el Perú hay aproximadamente 38 mil concesiones registradas, aunque la explotación minera emplea menos del 3 %. Más allá de los debates que están por hacerse, las concesiones son un bien inmaterial puesto en el mercado por el Estado. Por ende, las personas que han adquirido concesiones tienen derechos que deben ser respetados y que pueden ser puestos en valor conforme a sus propios intereses.

Pues bien, la minería no registrada y el Reinfo, su licencia alterna, representan una amenaza expresa a la economía de las concesiones. Una que es tendencialmente predatoria y que está definiendo la forma de ser del Estado.

En este marco, el verdadero enemigo de la minería formal no es la consulta previa. El Estado al que están dando forma las economías ilegales, minería ilegal a la cabeza, no tiene ningún interés en ser neutro respecto a los intereses sectoriales de la minería formal. Todo lo contrario. Representa el verdadero riesgo de sus agremiados.