OCDE plantea crear un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia para combatir la corrupción en Perú
La propuesta de la OCDE busca articular instituciones y reforzar la lucha contra prácticas indebidas que cuestan al país 2,4% del PBI anual.
La República en GoogleEl último Estudio Económico de la OCDE: Perú 2025 recomienda la creación de un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia como herramienta clave para enfrentar la corrupción, uno de los principales frenos al desarrollo económico del país.
De acuerdo con el organismo, la corrupción genera un costo equivalente al 2,4% del PBI anual, debilita la prestación de servicios públicos, erosiona la confianza ciudadana y limita la eficacia del gasto, en particular a nivel subnacional.
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Pese a que Perú cuenta con marcos legales y políticas anticorrupción, la aplicación sigue siendo fragmentada y débil, lo que reduce la capacidad del Estado para enfrentar el problema.
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Una institucionalidad articulada
El informe propone que el nuevo sistema articule a todas las instituciones responsables de velar por la integridad pública y coordine sus acciones bajo un mismo marco. El objetivo es superar la dispersión actual, reforzar la supervisión y garantizar que las políticas de integridad se apliquen de manera coherente en todos los niveles de gobierno.
La OCDE enfatiza que esta iniciativa debe ir acompañada de reformas complementarias, como el fortalecimiento del servicio civil y la independencia del sistema judicial, para asegurar que las sanciones sean efectivas y se reduzcan los incentivos a prácticas indebidas.
Impacto económico
El organismo sostiene que mejorar la integridad pública no solo es un asunto institucional, sino también económico. Una mayor transparencia permitiría elevar la eficiencia del gasto público, mejorar la calidad de la inversión social y de infraestructura, y liberar recursos para prioridades como educación, salud y transición verde.
En ese sentido, la creación del Sistema Nacional de Integridad y Transparencia se presenta como un paso decisivo para consolidar la reputación de Perú en la gestión macroeconómica y atraer mayor inversión en un contexto de incertidumbre política y social.
