Huaripampa y Antamina: conflicto por tierras ancestral genera tensiones en Áncash

Hace casi un mes, comuneros de la Comunidad Campesina de Huaripampa, en Áncash, reclamaron la titularidad de terrenos y se produjeron enfrentamientos con la policía, que según testigos y líderes comunales incluyó disparos disuasivos y el uso intensivo de bombas lacrimógenas.

Para la Junta Directiva comunal, existiría una supuesta usurpación de terrenos por parte de la compañía, pese a que los acuerdos de compra de tierras se remontan a 1998 y nunca habían sido cuestionados formalmente en más de dos décadas. Desde finales de 2023, la dirigencia comunal elevó sus reclamos, afirmando que la empresa opera en terrenos que, sostienen, les pertenecen.

Antamina rechazó esta posición y ha señalado en diversos comunicados que cuenta con títulos legales de propiedad y respeta los límites territoriales de la comunidad y de los propietarios privados colindantes. La compañía recuerda que durante 25 años la relación fue “pacífica y fructífera” y sostiene que los reclamos actuales carecen de sustento jurídico.

Tensión escaló el 15 de agosto en Huacacocha

La tensión se agudizó el pasado 15 de agosto, cuando miembros de la Junta Directiva y un asesor externo ingresaron y ocuparon parte del sector de Huacacocha —dentro de la zona de propiedad de la empresa— realizando actos que, según Antamina, configuran una invasión no autorizada y ponen en riesgo la integridad de los comuneros. Con apoyo policial, la minera recuperó el terreno y reiteró su disposición al diálogo ante cualquier reclamo fundamentado.

Ahora bien, Antamina era propietaria de los terrenos cuando reinició sus operaciones y, según Claudia Cooper, vicepresidenta de sostenibilidad y asuntos externos de Antamina, incluso estaba en tratativas para adquirir más tierras.

“Ellos tuvieron una situación similar con una mina vecina, y lo que buscaron era decir ‘Oye, me has usurpado’. Para nosotros esa usurpación no existe. Lo que hicimos fue decirles: ‘Bueno, si tú no estás de acuerdo, vamos a las instancias correspondientes. Y mientras tanto, veamos la manera de empezar a llevarnos bien’”, afirmó Cooper a La República.

Sin embargo, según informó en su web CooperAcción, el 23 de agosto en Áncash se vivió un momento de alta tensión social que incluyó quema de maquinaria pesada, bloqueos de carreteras y enfrentamientos violentos entre comuneros y efectivos policiales. Contratistas de Antamina reportaron pérdidas superiores a los 20 millones de soles por equipos destruidos o retenidos durante las protestas. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron columnas de humo y choques entre manifestantes y policía, que utilizó gases lacrimógenos para recuperar el control del campamento minero.

Sobre la intervención policial, Cooper agregó:

“Yo no quiero entrar en eso porque nos va a separar más de lo que nos va a unir. En realidad nosotros tenemos todos los estándares posibles de derechos humanos… Los estándares son absolutamente claros y Antamina asume la… hemos tenido sí también consecuencias, se han dañado muchos activos, no nuestros, sino de las propias empresas locales”.

El conflicto se centra en 184 hectáreas que la comunidad asegura son de propiedad ancestral y que habrían sido afectadas por operaciones de la minera. Los comuneros sostienen que los terrenos formaban parte de acuerdos firmados por ambas partes, pero que han derivado en una afectación territorial que consideran injusta. La comunidad fue creada en 1973 y reconoce su derecho histórico sobre las tierras en disputa.

El domingo 17 de agosto, la comunidad realizó una asamblea general extraordinaria en Huacacocha, junto a la playa de relaves de Antamina, donde denunciaron la presunta usurpación de terrenos. Según los dirigentes, un estudio topográfico previo confirmó la ocupación de terrenos comunales, acuerdo que la empresa habría desconocido posteriormente.

Los comuneros también denunciaron que efectivos policiales incendiaron chozas y pertenencias en la zona en litigio y aseguraron que mantendrán sus protestas hasta lograr una indemnización por los daños sufridos.

Negociación entre Antamina y comunidades

En un desayuno para periodistas a mediados de septiembre, Antamina admitió que la convivencia con comunidades vecinas nunca ha sido sencilla. La compañía interactúa con poblaciones de baja productividad, lo que genera tensiones por la desigualdad. Sin embargo, hoy la relación es distinta: las comunidades se han convertido en actores con gran poder de negociación y la dinámica se da “entre iguales”.

Cooper explicó que los encuentros con dirigentes locales son constantes y parten de la premisa de evitar conflictos, aunque en la práctica se desarrollan con posiciones encontradas. A su juicio, esa tensión es saludable, ya que ambas partes manejan información de manera más equilibrada y la empresa debe transparentar permanentemente sus planes para no perder confianza.

“Cuando estalla el tema, nosotros tendemos a apagarlo rápido porque tenemos una vida con la comunidad que se ve afectada si es que se sigue paralizando la relación… lo que quede con Huaripampa inmediatamente se va a Juprog, y lo que se va a Juprog después se va a Aquia, y es un equilibrio bien complejo. Difundirlo en los medios hace que otras comunidades digan ‘yo también quiero’”, indicó.

El saldo preliminar de los enfrentamientos reporta varios heridos y cinco comuneros detenidos. Además, se registraron incendios forestales en áreas cercanas al campamento minero, lo que aumenta la preocupación por un posible impacto ambiental en la cabecera de cuenca.

Hoy, concluyó, es una relación entre iguales:

“A ellos no les conviene romper con nosotros en la medida en que tienen una agenda, y a nosotros obviamente no nos conviene por un tema no solo reputacional, sino por la propia operación”.

La Defensoría del Pueblo y autoridades locales han instado al Ejecutivo a intervenir para reducir la conflictividad y abrir espacios de negociación. El conflicto, que amenaza con prolongarse, ha puesto en entredicho la estabilidad de una relación que durante más de dos décadas se mantuvo sin cuestionamientos abiertos, y su solución requerirá un proceso de diálogo complejo y con garantías para ambas partes.