Indecopi podría multar con más de S/2,4 millones a BBVA y Rímac por llamadas spam
Con inteligencia artificial, el regulador detectó presuntas prácticas sin consentimiento en la oferta de servicios financieros y seguros. La multa podría superar los S/2,4 millones.
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Ni la banca ni las aseguradoras se salvan del radar tecnológico de Indecopi. Esta vez, BBVA Perú y Rímac Seguros enfrentan un procedimiento administrativo sancionador por presuntamente promocionar productos y servicios sin contar con el consentimiento de los consumidores, una infracción grave al Código de Protección y Defensa del Consumidor.
El caso tiene una particularidad: el uso intensivo de inteligencia artificial. La Dirección de Fiscalización del Indecopi procesó más de 600 mil grabaciones telefónicas —provenientes tanto de las propias empresas como de sus centros de atención— y concluyó que no se acreditó el consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco de los usuarios para recibir llamadas con fines comerciales.
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La Comisión de Protección al Consumidor N°3 (CC3) decidió actuar de oficio e iniciar el proceso sancionador. El objetivo: proteger los derechos de los consumidores frente al creciente uso de tecnologías que, en lugar de facilitar la vida, podrían estar vulnerando su privacidad.
Otros procesos similares
No es un hecho aislado. Desde 2024, el Indecopi ha estado revisando cerca de siete millones de audios en investigaciones que abarcan a los sectores financiero, asegurador y de telecomunicaciones.
En este marco, ya se han iniciado procesos similares contra Pacífico Seguros, el call center Impulsa 365 S.A.C. y la operadora Entel Perú, esta última por no atender requerimientos de información vinculados a las llamadas spam.
Este enfoque masivo, basado en ciencia de datos, marca un punto de quiebre en la supervisión del mercado: el regulador ya no espera las denuncias, sino que actúa con datos.
Indecopi: ¿cuál sería el monto de la multa?
De confirmarse la infracción, BBVA y Rímac podrían recibir multas de hasta 450 UIT, lo que equivale a S/2.407.500. Pero el impacto no se limita a lo económico. El procedimiento puede incluir también medidas correctivas obligatorias, como el cese de estas prácticas y la compensación a los usuarios.
El mensaje para las empresas es claro: el marketing agresivo sin consentimiento ya no es solo una molestia para el consumidor. Es un riesgo regulatorio, económico y reputacional.
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