Solo el 5% de trabajadores LGTBIQ+ se siente libre en su empleo

En el Perú, la mayoría de personas LGTBIQ+ no encuentra en su trabajo un entorno donde puedan expresarse libremente y sentirse seguras con su identidad. Apenas el 5% considera que su centro laboral ofrece un ambiente inclusivo y respetuoso, según la Encuesta de The Trevor Project sobre Salud Mental de Jóvenes LGBTQ+ en Perú (2024).

El resto convive con climas hostiles, silencios incómodos o directamente agresiones.

“No llegamos ni al 1% de trabajadores formales”, informó Taki Robles, representante de la población trans ante el Gobierno Regional del Callao, a través de la Mesa LGTBI creada por la Ordenanza Regional 004-2022.

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En el caso de las mujeres trans, la exclusión laboral es aún más grave: el 80% se encuentra desempleada y del 20% que sí trabaja, la mayoría lo hace en servicios como peluquerías o como estilistas, con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. 

Además, el 70% de este grupo se encuentra en situación de prostitución, incluso en edades avanzadas, según el estudio Análisis de las barreras y brechas de acceso al mercado laboral de las mujeres trans (2022) elaborado por la Asociación Civil de Mujeres Transgénero Amigas por Siempre (AAXS).

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“¿Te imaginas las pocas posibilidades de sobrevivencia? Exacto”, remarcó Robles.

Y es que el trabajo sexual no es una elección libre. Muchas mujeres trans lo viven con temor, por la exposición constante a agresiones y enfermedades.

Protecciones legales que no se aplican

Pero lo más alarmante es que el Estado tampoco parece querer mirar el problema: según se informó a este diario desde el área de prensa de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), la institución no cuenta con información desagregada sobre denuncias por discriminación por orientación sexual o identidad de género, ni sobre acciones de fiscalización vinculadas: “Muchas de las denuncias son con reserva de la identidad”. 

A inicios de este año ofrecieron asistencia técnica para los procesos de contratación laboral, recordando a empleadores que deben estar libres de prácticas discriminatorias (rangos de edad, raza, sexo… ¿identidad de género?).

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Para Germán Lora, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Trabajo, la falta de datos y acción refleja algo más profundo: la discriminación laboral hacia personas LGTBIQ+ —y especialmente hacia mujeres trans— sigue siendo una forma de violencia estructural.

“No existen procedimientos específicos desde el Ministerio de Trabajo para prevenir ni sancionar estas discriminaciones”, advirtió. “La fiscalización y la política pública miran para otro lado”.

Talento que se apaga 

En teoría, existen protecciones legales contra la discriminación: la Constitución y las leyes laborales garantizan el acceso igualitario al empleo y la nulidad de despidos por motivos discriminatorios. Pero en la práctica, estas normas no se aplican de manera proactiva. 

Tal como explica Lora, la persona afectada debe iniciar un proceso judicial por su cuenta, lo que en muchos casos representa una barrera inalcanzable.

Y mientras el sistema niega el problema, los datos —pocos, pero contundentes— confirman su existencia. En 2017, la Encuesta Nacional del INEI ya alertaba que una de cada cuatro personas LGTBIQ+ había sufrido violencia física, verbal o incluso sexual en el trabajo. 

Una encuesta de la ONG Más Igualdad, realizada en 2021 con el apoyo del congresista Alberto de Belaunde y la Embajada de Canadá, reveló que 3 de cada 4 profesionales LGTBIQ+ que viven en el extranjero no desean regresar al Perú. 

Incluso quienes se quedan optan por invisibilizarse. Un estudio reciente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia afirma que uno de cada cuatro trabajadores LGTBIQ+ dijo que su jefe directo no conoce su orientación sexual o identidad de género. En los altos mandos, donde la exposición es mayor, esta cifra podría ser aún mayor.

“Y no es casualidad ni comisión involuntaria sino una muestra más de que nuestro Estado es el primero en discriminar. Que algunos de nuestros mejores profesionales de la comunidad no se sientan seguros ni interesados en retornar al país, es un fracaso y nos corresponde generar las condiciones laborales y sociales para recuperar su talento”, comentó Susel Paredes, activista por los derechos LGBTQI+ y congresista, a La República.

Natalia Manso, especialista en responsabilidad social corporativa de Pacífico Business School, advierte que el país está perdiendo el desarrollo de un potencial humano que es urgentemente necesario. 

“Las empresas dicen que no encuentran suficientes profesionales, pero están dejando de captar talento por no generar ambientes inclusivos”, señaló.

Grandes compañías como Scotiabank, Falabella y Promart han comenzado a tomar acciones concretas. En 2024, un grupo de grandes empresas renovó por cuarto año consecutivo su participación en Pride Connection Perú, una iniciativa que promueve entornos laborales inclusivos y libres de acoso. 

A través de esta alianza, las empresas se comprometen a implementar políticas internas contra la violencia y la discriminación, y a garantizar que todas las personas puedan desarrollarse con base en el mérito. 

No obstante, como precisa Manso, estos avances siguen siendo “lentos y limitados”.

Sin educación ni identidad

Detrás del desempleo estructural que enfrentan las mujeres trans hay una raíz más profunda: un sistema que las expulsa desde la escuela. La mayoría no termina el colegio y mucho menos accede a estudios superiores. No es que elijan el trabajo sexual; es que el sistema las deja sin opciones.

Maju Carrión, directora de la Asociación Transformar Perú y defensora de derechos humanos, lo resume sin rodeos: la educación que debería protegerlas, las expulsa. Y sin educación, no hay empleo. 

A esto se suma la ausencia de una ley de identidad de género que reconozca legalmente su identidad. Sin un DNI que las represente, muchas mujeres trans quedan excluidas incluso de ferias laborales o programas públicos de empleo. Y en los pocos casos en los que accedieron a educación superior antes de transicionar, sus títulos son invalidados porque ya no coinciden con su identidad actual.

Carrión ha participado en iniciativas del propio Ministerio de Trabajo para acercar los servicios a la población trans, pero reconoce sus límites: mientras no haya una reforma educativa real y una ley que respalde la identidad de las personas trans, cualquier esfuerzo será marginal.

Y lo remata con una imagen que duele: “¿Qué puede poner una mujer trans en su CV si no ha podido estudiar ni trabajar?”

Marcha del Orgullo 2025

El Día del Orgullo LGTBIQ+, que tiene lugar este sábado 28 de junio en Perú, estuvo a punto de ser pospuesto debido a demoras en la aprobación del recorrido oficial. Las voces convocantes remarcan que esta no será solo una celebración, sino una protesta colectiva frente a los recientes retrocesos legislativos en materia de derechos de las personas trans y libertad de expresión.

Tras semanas de incertidumbre y tensión, la Municipalidad Metropolitana de Lima finalmente autorizó el trazado de la marcha, que se desarrollará bajo coordinación con las autoridades de tránsito. Los organizadores exigieron a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y a la Policía Nacional del Perú garantizar un cierre adecuado de calles, así como desvíos planificados del transporte público, con el fin de evitar accidentes y asegurar un desplazamiento seguro de los asistentes.