Minería ilegal de cobre seguiría extendiéndose en el Corredor Minero del Sur, alerta el IPE

Este auge ilegal se ve favorecido por los altos precios internacionales del cobre y por la existencia de una red creciente de plantas de procesamiento no fiscalizadas.

Según la UIF, la minería ilegal en Perú movería más de los US$2.248 millones calculados entre 2022 y 2025. Foto: Andina
Según la UIF, la minería ilegal en Perú movería más de los US$2.248 millones calculados entre 2022 y 2025. Foto: Andina

El incremento del precio internacional del cobre viene impulsando de forma acelerada y silenciosa la expansión de la minería ilegal cuprífera, que se asienta sobre el Corredor Minero del Sur, entre las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa. En los últimos diez años, las plantas de procesamiento no fiscalizadas en dicho lugar han elevado su capacidad operativa, advirtió Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE).

“Diversos especialistas del sector ya han alertado que la escala operativa de estas actividades ilícitas supera con creces lo que debería corresponder a la pequeña minería o minería artesanal. Estas plantas han triplicado en número, sino que también han incrementado su capacidad operativa, especialmente en regiones como Arequipa e Ica, debido a su cercanía con los puertos de exportación ”,agregó.

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Pese a que el IPE todavía no dispone de una estimación oficial sobre la cantidad total de cobre extraído de manera ilegal, Maita alertó que, si continúa la falta de un Estado que supervise, podríamos “alcanzar escenarios de violencia y crimen organizado similares a los del norte del país”, donde la explotación aurífera por fuera de la ley ha permitido la entrada de mafias relacionadas con el narcotráfico y la trata de personas.

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De igual forma, destacó que se ha detectado la presencia de mineros ilegales en áreas concesionadas a proyectos estratégicos como Michiquillay, Los Chancas y Haquira, lo cual representa un grave riesgo para el avance de nuevas inversiones mineras, ya que dificulta la liberación de terrenos e incrementa la conflictividad social.

Por su parte, el consultor especializado en minería y políticas públicas, Iván Arenas, anotó que, actualmente circulan, entre 120 a 200 camiones diarios cargados con minería ilegal en el Corredor del Sur, “casi el doble de los que registran operaciones legales como Las Bambas”.

Cierre del Reinfo

Como es de conocimiento público, en nuestro país existen 31 proyectos mineros de cobre que representan una inversión cercana a los US$40.000 millones, según la Comisión Organizadora de Expocobre 2024. Dichos proyectos se distribuyen en las regiones de Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco, Lima, La Libertad, Lambayeque y Piura.

Precisamente, en el sur del Perú, el avance de la explotación cuprífera al margen de la ley es evidente. Hace algunas semanas, el ministro de Energía y Minas Jorge Montero reconoció ante la prensa extranjera la existencia de la mina informal, llamada Apu Chunta y explotada por la comunidad campesina de Pamputa, la cual está ubicada en una área concesionada de Las Bambas, Apurímac.

En aquella oportunidad, el titular del Minem indicó que los operadores informales también habían invadido proyectos de exploración de cobre gestionados por Southern Perú, First Quantum Minerals y Teck Resources, los cuales también estaban siendo perjudicados. Para el IPE, toda esta problemática se agrava con la inminente ampliación del Reinfo.

Tal y como lo anunció Jorge Montero, dicha decisión se hará oficial esta semana a través de un Decreto Supremo. En ese horizonte, afirman que un primer paso para enfrentar la minería ilegal es el cierre de este registro, además de implementar una estrategia integral que incorpore acciones de fiscalización, trazabilidad y cooperación internacional.

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